Profand supedita la ampliación de su sede a la legalización de las torres Ífer
VIGO CIUDAD
La pesquera, pendiente de ejecutar la compra de una planta del Círculo de Empresarios de Galicia
17 ago 2022 . Actualizado a las 16:29 h.El bloqueo urbanístico en el que se encuentran las torres Ífer desde hace más de dos décadas puede complicar la compra de la segunda planta del Círculo de Empresarios de Galicia por parte de Profand. La firma pesquera se mostró dispuesta a hacerse con las instalaciones para ampliar su sede —operación a la que dio el visto bueno la junta extraordinaria de accionistas de la asociación empresarial el pasado 10 de julio— por 1,15 millones de euros, pero la falta de permisos municipales ha complicado las cosas. La venta de este espacio es vital para sanear las cuentas y garantizar la viabilidad del Círculo.
Profand aspira a ampliar las oficinas que ya tiene en un lateral del número 62 de la avenida de García Barbón, en pleno centro de Vigo. La compañía de Enrique García Chillón se ha comprometido a adquirir la planta dedicada al área deportiva (gimnasio) y de estética del antiguo Club Financiero. El problema radica en la situación de ilegalidad en la que está todo el inmueble. La última sentencia judicial sobre las torres Ífer es del 2015 y en ella el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia volvió a anular la urbanización y las licencias concedidas por el Ayuntamiento al abrigo del anterior Plan Xeral de Ordenación Municipal (anulado por el Supremo). El fallo, unido a que el nuevo planeamiento aún no ha entrado en vigor, supone un contratiempo en la operación acordada entre Profand y la organización empresarial que preside Manuel Rodríguez.
Según fuentes conocedoras de la operación, responsables administrativos y jurídicos de ambas partes (empresa pesquera y Círculo) tratan de desbloquear esta situación en la Gerencia de Urbanismo del Concello de Vigo para poder dar garantías y ejecutarse la compraventa.
La sentencia del 2015 declaró otra vez ilegales las torres, dos años después de que se concedieran las nuevas licencias. El recurso lo había presentado Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), que denunció la apropiación de una parcela suya de más de medio millar de metros cuadrados en el proyecto de la promotora ourensana Ífer.
El Concello de Vigo, que históricamente se había mostrado partidario de legalizar estos dos edificios con 178 pisos en 16 alturas, anunció que presentaría recurso de casación ante el Supremo defendiendo que la calificación del suelo del Plan Xeral para el ámbito de la antigua Unión Cervecera era la correcta. Pero todas estas fricciones se saldaron tras anularse el Plan Xeral ese mismo año.
Convenio con Adif
En pleno proceso de compra por parte de Profand, la legalización de las torres Ífer parece depender ahora de lo que dictamine el nuevo Plan Xeral, aprobado inicialmente. Este considera la parcela afectada de García Barbón como suelo urbano consolidado. Es el resultado de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento vigués y Adif para salvar esta actuación e impulsar otras que afectan al ente ferroviario en la ciudad. El nuevo Plan Xeral incluye dicho plan de favor mutuo como un anexo. La parcela de 540 metros cuadrados que hizo estallar las disputas entre la sociedad ferroviaria y la administración local viguesa en la calle Serafín Avendaño —justo detrás de las torres— pasaría a ser propiedad del Ayuntamiento a cambio de una parcela en la calle Aragón de 530 metros cuadrados. A día de hoy, esta colaboración también contribuye a la mejora del acceso del ascensor Halo, un entorno clave en este proyecto de peso dentro del programa Vigo Vertical.
La justificación para legalizar proyectos urbanísticos como el de Ífer ha radicado durante años en el coste económico, y a veces también social, que tendría el derribo que habían dictaminado los tribunales.
Inquilinos que llevan 25 años pagando el IBI y el IAE pese a carecer de licencia
Pese a llevar más de dos décadas en situación de ilegalidad, los responsables del Círculo de Empresarios de Galicia—que recogieron el testigo de las instalaciones de Club Financiero, la sociedad capitaneada por la familia Fernández Alvariño— han pagado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) desde que inauguraron el proyecto a finales de los años 90. Tanto los responsables de la organización empresarial como los vecinos que aquí viven, hacen frente a facturas e impuestos y disponen de los servicios municipales (agua, recogida de basuras...) pese a encontrarse este activo urbanístico en una situación jurídica delicada. Al menos hasta ahora.
El conflicto se originó en 1994, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló el estudio de detalle, los proyectos de compensación y urbanización y la licencia de la edificación por exceso de altura de las torres y deficiencia en su tramitación. En el 2002, una sentención del Supremo desestimó el recurso presentado por la promotora Ífer que obligaba a demoler lo ilegalmente construido. El enredo jurídico de las torres de García Barbón continuó creciendo después de que, en el 2010, recibiese una nueva licencia en el marco del Plan Xeral. Un año más tarde, el tribunal declaró inejecutable el derribo.
En el 2013, tras los recursos presentados por Adif, el TSXG concluyó que el terreno presentaba un grado de urbanización efectiva, pero no contentos con este dictamen, la administradora ferroviaria volvió a recurrir y, en el 2015, el Tribunal Superior las declaró de nuevo ilegales.