El Senado varía la ley que podía alterar la duración de las concesiones de Costas
SOMOS MAR
El Congreso decidirá ahora si acepta respetar las prórrogas extraordinarias
30 abr 2021 . Actualizado a las 10:14 h.Poco más que un tiempo verbal basta para reformar el controvertido apartado de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que trae en jaque a las empresas asentadas en la costa gallega. Con 143 votos a favor, 104 en contra y 11 abstenciones, el Senado ha aprobado la modificación del artículo dedicado a «la consideración del cambio climático en la planificación y gestión del dominio público marítimo-terrestre». El proyecto legislativo volverá ahora al Congreso, donde decidirán si aceptan la reforma que daba pie al Gobierno a alterar la duración de las concesiones sin necesidad de acudir a los tribunales. De momento zanja el posible carácter retroactivo del apartado que limitaba a 75 años las ya concedidas, contando las prórrogas extraordinarias, y ese tiempo máximo solo regiría para las que se otorguen cuando entre en vigor la nueva ley.
Varía el punto 4 del anterior artículo 18, que ahora es el 20. El Congreso aprobó el texto original del Ministerio de Transición Ecológica, según el cual los plazos computan desde el inicio de la concesión, incluyendo prórrogas, «siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados en incumplimiento» de la Ley de Costas de 1988. Esa norma ponía el contador a cero y, a partir de ese año, establecía un máximo de 30 años, prorrogables por otros 30, para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Cambió en el 2013, cuando el Estado abrió la posibilidad de prolongar las concesiones existentes otros 75 años, que es el tope para las nuevas.
Con la primera redacción de la ley ahora en proceso de aprobación, cabría la posibilidad de actuar legalmente contra esas prórrogas extraordinarias. Ya no, si el Congreso refrenda el acuerdo del Senado, porque la enmienda promovida por Ciudadanos en la Cámara Alta establece que serán «nulos de pleno derecho los actos administrativos que se dicten tras la entrada en vigor» de la Ley de Cambio Climático, no antes.
Tanto la Asesoría Xurídica de la Xunta como el Consello Consultivo de Galicia concluyeron que la redacción original era inconstitucional porque podría aplicarse con carácter retroactivo sobre la duración de las autorizaciones y las ampliaciones. Con esos informes, el Gobierno gallego anunció que recurriría ante el Tribunal Constitucional esos dos artículos si el Ejecutivo nacional persistía en su propósito. La Confederación Mar-Industria tampoco lo aceptaba porque, entre otras razones, compartía con la Xunta que suponía una amenaza para más de un centenar de empresas asentadas cerca de la costa, creando inseguridad jurídica y retrayendo inversiones. El Gobierno central y sus representantes en Galicia negaron en todo momento el carácter retroactivo de la Ley.
El caso de Ence en la ría de Pontevedra
Ahora en la Audiencia Nacional, la concesión de la celulosa de Ence en la ría de Pontevedra ha sido uno de los detonantes de la controversia sobre la retroactividad de la norma y, también, de sus posibles consecuencias sobre la deslocalización de empresas y el empleo. Al amparo de las prórrogas extraordinarias auspiciadas por la Ley de Costas del 2013, en el 2016 se le prorrogó la concesión hasta el 2073, sumando años a los que ya tenía. La ampliación la recurrieron la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra, el Concello de Pontevedra y Greenpeace, que pide que se anule. El caso está judicializado porque se cuestiona la prórroga concesional.
«Despexar sombra de dúbida»
Fernández Leiceaga, coordinador de los senadores gallegos del PSOE en la Cámara Alta, confirma que apoyaron la enmienda de Ciudadanos para «despexar calquera sombra de dúbida» sobre la retroactividad de la Ley de Cambio Climático. Reprochando al PP por no respaldarla, asegura que los socialistas «sempre dixemos que somos aliados dos sectores industriais vencellados á pesca e ao mar». Ahora que «só poden ser nulos de pleno dereito os actos posteriores á lei cando se superen os prazos fixados polas normativas de Patrimonio e Costas», cree que el sector mar-industria «pode ter total tranquilidade».
«A ilegalidade máis flagrante»
La modificación del Senado «elimina a ilegalidade máis flagrante que introducía a redacción orixinal», sostiene la Consellería do Mar, que con la Consellería de Medio Ambiente ha intentado en todo momento frenar lo que consideraron una modificación de la Ley de Costas por la puerta de atrás. «Congratulámonos de que as análises xurídicas realizadas por Galicia foran quen de facerlles ver ese factor de inconstitucionalidade e de que rectificasen», añaden desde la consellería que preside Rosa Quintana.
Aun así, como el Gobierno central «segue ignorando unha parte dos argumentos expostos pola Asesoría Xurídica da Xunta e polo Consello Consultivo», anuncia que seguirá «analizando» la Ley de Cambio Climático porque «modifica a Lei de Costas».
«Non imos parar ata frear a pretensión do Goberno central de reducir os prazos das concesións en dominio público marítimo-terrestre pola porta de atrás, sen diálogo co sector», subrayan desde Mar. Todo porque, de no hacerlo, la Xunta dice que «suporía poñer en risco a máis dun cento de industrias asentadas no litoral, así como a outras 5.000 edificacións situadas en primeira liña de costa», además de dar pie al cierre o a la deslocalización de empresas «pola inseguridade xurídica e a incerteza que xera para realizar investimentos».
