En la provincia de Pontevedra ha bajado un 87,5 % desde el 2011 debido por una parte al farragoso y costoso procedimeinto administrativo que conlleva y, por otra, al mayor control de las fronteras
20 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La expulsión de inmigrantes ha caído en picado en toda España en los últimos siete años. La provincia de Pontevedra no ha sido una excepción, según demuestran los datos facilitados por el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía a raíz de una pregunta del grupo socialista en el Congreso. En concreto, se ha pasado de 407 personas en el año 2011 a apenas 18 en los siete primeros meses del 2017, último período del que se dispone de cifras.
La bajada empezó a hacerse evidente en el 2013, con 116 expulsados en la provincia frente a los 396 del año anterior. 170, 156 y 51 fueron los extranjeros expulsados en 2014, 2015 y 2016, respectivamente.
Miguel Fernández, portavoz del Foro Galego de Inmigración, que aglutina a cerca de 80 asociaciones de inmigrantes y entidades de carácter social, sindical y político, afirma que son varias las cuestiones que explican semejante desplome. Empieza por advertir que el hecho de que se esté produciendo un número exiguo de expulsiones en comparación con las que había, no significa que los procedimientos de incoación de expedientes haya bajado en la misma medida. «Si no hay más expulsiones es porque no se cuenta con los medios adecuados para realizarlas», asegura.
Recuerda que la normativa exige que las personas afectadas tienen que ser trasladadas previamente a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), que en Galicia no hay o, en el caso de ser detenidos por la Policía, hallar la forma de deportarlos en el plazo de 72 horas, solución harto difícil la mayoría de las veces, dice Fernández.
No menos importante es la cuestión económica, ya que no solo hay que pagar los vuelos a sus respectivos países, sino que el plan de viaje incluye muchas veces la compañía de funcionarios y policías. Un tercer motivo, según el portavoz del Foro Galego de Inmigración es que el mayor control de fronteras propicia que se esté reduciendo el número de personas en situación irregular. Finalmente, los programas de reagrupamiento familiar están facilitando que muchas personas puedan entrar sin problemas de forma regular.
Largos trámites que truncan proyectos de vida
Miguel Fernández, portavoz del Roro Galego de Inmigración, explica que el caso del senegalés fallecido la semana pasada en Madrid es un buen ejemplo de cómo los larguísimos procedimientos de expulsión que se incoan y, finalmente, no se ejecutan terminan truncando proyectos de vida «porque dejan a las personas en unas condicones muy difíciles», una especie de limbo que no parece tener fin. Recuerda que el fallecido en Madrid llevaba 14 años en España (se exigen 3 para el procedimiento de arraigo), que hasta en 3 ocasiones intentó regularizar su situación pero nunca lo logró.