El organismo estatal se limita a afirmar que se atendrá a la legalidad en el nuevo proceso de contratación del servicio
14 abr 2023 . Actualizado a las 23:12 h.Marzo arrancó con pocas novedades acerca de la situación que arrastran la docena de vigilantes de seguridad que prestaban sus servicios en el centro nacional de formación que el Instituto Social de la Marina posee en Bamio (Vilagarcía). Poco más que nóminas impagada e incertidumbre sobre el porvenir de sus empleos, un año después de que el ISM rompiese su relación con Mersant Vigilancia, la última compañía bajo la que estaban contratados.
A falta de movimientos institucionales, sí se dio, al menos, una iniciativa de tipo informativo. El portavoz de Podemos-Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, se interesaba en el Congreso por el futuro de los trabajadores que cubrían el servicio. La respuesta que el organismo estatal acaba de ofrecer a su batería de preguntas difícilmente podría resultar más lacónica: «En todos los casos se observa el cumplimiento riguroso de la ley de contratos del sector público».
Nada apunta el ISM acerca de la insistencia de Gómez-Reino en las medidas que se hayan previsto para que los contratos de los vigilantes sean subrogados por la empresa que se haga cargo del servicio. Cabe recordar que el concurso quedó desierto en noviembre, sin que ninguna compañía presentase una oferta. Lo único que el instituto explica es lo que cualquiera puede dar por sentado: que en los procesos de licitación se refleja la información relativa a la subrogación de los contratos de trabajo, con datos sobre los costes salariales, los pluses, antigüedades y bonificaciones en cuotas sociales que caractericen a la plantilla. Más allá de esta evidencia, el ISM evita profundizar en el mantenimiento de los doce empleos, por mucho que algunos de los trabajadores los hayan desempeñado durante cerca de veinte años.
Tampoco hay nada esclarecedor sobre el destino que se le ha dado a los pagos retenidos a Mersant por sus incumplimientos. La respuesta oficial se limita a asegurar que son los autos judiciales los que lo determinan.
