Los ediles Margarita Lamela y Serxio Domínguez fueron críticos desde el inicio
01 sep 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El conflicto de la piscina municipal de Cee ha entrado en un nuevo compás de espera, después de que el Consello Consultivo de Galicia, cuyo dictamen es preceptivo para seguir adelante en la rescisión de contrato a Aquacenit, haya pedido un mes más para emitir su valoración (de ello se dio cuenta en el pleno del lunes). El alcalde, Ramón Vigo, considera que en todo momento se ha actuado con la celeridad que era posible y que los retrasos se deben únicamente a la lentitud propia de los proceso administrativos. Sin embargo, los concejales del PSOE, Margarita Lamela, y del BNG, Serxio Domínguez, que se han mostrado críticos desde un principio, no lo ven así y reclaman que se vayan dando los pasos necesarios para tener todo listo y bien atado en cuanto se pueda adoptar una decisión, como la de contratar una empresa para que preste el servicio de manera temporal mientras no se vuelve a adjudicar la piscina, algo que no todos creen que sea factible de manera fácil.
Lamela, que ha puesto sobre aviso a sus compañeros de corporación en varias ocasiones respecto a cuestiones procedimentales, en la comisión del pasado 13 de julio puso de manifiesto que falta en el expediente un informe jurídico de la secretaria previo a la resolución del contrato, por lo que solicitó que se incluyese ya que «nos podríamos encontrar con la situación de anulabilidad del procedimiento con retroacción de las actuaciones» y, «en caso de duda, siempre es preferible tener un informe de más que de menos. No podemos correr ningún riesgo», señaló la socialista que, en sus intervenciones siempre alerta de la posibilidad de que pueda caducar el procedimiento o que, por defectos formales, la empresa pueda tumbarlo todo en un juzgado.
También reclamó que se elabore e incluya el informe de la interventora sobre la gestión del servicio a adoptar cuando se acuerde la resolución del contrato, porque esto le permitirá al pleno estar preparado para el momento en el que pueda contar con una nueva empresa. Por su parte, Domínguez pide «celeridade» y recuerda que «esta situación vén derivada da pasividade dos dous gobernos, o de Ramón Vigo agora e o de Zaira Rodríguez antes, que tiveron a oportunidade de resolver este asunto fai xa moito tempo, máis o único que fixeron foi liberar á empresa das sancións que o pleno decidira levar adiante».
El edil considera que «agora xa non hai volta atrás» por lo que exige que se «acurten os prazos o máximo posible» por el bien de todos. «Indígnanos que un servizo público destas características se lle teña privado aos veciños, moitos deles usuarios por razón de saúde, e resulta necesarios restablecer a normalidade canto antes», concluye.