Convierte en indefinidos los contratos por obra y servicio, reconoce el derecho de indemnización por despido a los jóvenes con carácter retroactivo, pero deja fuera a los investigadores biomédicos
18 feb 2022 . Actualizado a las 18:09 h.El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación, el anteproyecto de ley que modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que «crea más y mejores oportunidades a las personas que hacen ciencia e innovan». Beneficiará en la actualidad a 30.000 investigadores y posteriormente a todos los que se incorporen al sistema.
Así lo aseguró la titular de la cartera de Ciencia, Diana Morant, que afirmó que se trata de «un texto transformador que cumple con dos demandas unánimes de la comunidad científica y de la sociedad: Por un lado, dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores e investigadoras de España y por otro lado, garantizar una financiación pública creciente y estable».
«Esta reforma viene a reparar los fallos de un sistema de ciencia e innovación, agravados durante una década de recortes que provocó la destrucción de miles de plazas públicas, precariedad en las carreras, envejecimiento de las plantillas, la fuga del talento científico de nuestro país y un tapón de toda una generación de investigadores e investigadoras», ha declarado, para después añadir que con esta reforma «España da un paso definitivo para salir de la crisis por la puerta del futuro, apostando por la ciencia y la innovación como pilares de transformación de nuestro país».
El anteproyecto recoge un itinerario postdoctoral de «incorporación estable al sistema». Así, para los postdoctorales que quieran acceder al sistema, la duración del contrato será de entre 3 y 6 años, con prórrogas de, al menos, un año. Además, fija que las situaciones de «incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, violencia de género o terrorista», interrumpirán el cómputo del plazo límite de duración del contrato, así como de su evaluación.
Según este nuevo modelo de contrato, el personal investigador con contrato postdoctoral en universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación (OPI), fundaciones o consorcios públicos, podrá optar a una evaluación de la actividad investigadora a partir de la finalización del segundo año de contrato, con el objeto de conseguir la estabilización en el sistema, esto es, que tras haber superado dicha evaluación, el personal investigador obtendrá una certificación como «investigador establecido», que además conllevará mejoras salariales.
Además, aprobar esta evaluación les eximirá de realizar partes de las pruebas para acceder al sistema público, y se les reservará un mínimo del 15 % de la tasa de reposición para este tipo de contratos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en las universidades y del 25 % en los OPI.
Para esta modalidad de contrato se propone una indemnización por fin de contrato. En este caso, el investigador tendrá derecho a recibir «una indemnización de cuantía equivalente a la prevista para los contratos de duración determinada en el artículo 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores».
Por otro lado, el borrador incorpora un nuevo contrato indefinido para «todo tipo de personal de investigación» que realice actividades científico-técnicas. «Los contratos de actividades científico-técnicas, de duración indefinida, podrán estar vinculados a la existencia de financiación externa o financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva asociada a los mismos durante su vigencia», señala el texto, que precisa que estos «no formarán parte de la Oferta de Empleo Público».
Este tipo de contrato vendría a sustituir a los contratos por obra y servicio, muy extendidos en el sistema científico español y que, sin embargo, desaparecen con la reforma laboral. Sin embargo, con su entrada en vigor al completo, el 30 de marzo de 2022, estos investigadores quedarían en el limbo hasta la aprobación de la nueva Ley de la Ciencia.
Al igual que los postdoctorales, el borrador también reconoce el derecho a indemnización de los investigadores predoctorales. En concreto, el texto propone «una indemnización equivalente a 12 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año», medida que además será retroactiva, a aplicar a aquellos que actualmente tienen contrato como aquellos contratados a partir de la entrada en vigor de la norma.
Otras novedades
Además, la reforma modifica el artículo 25 de la Ley, que permitía a los investigadores al servicio de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) someter a evaluación los méritos adquiridos únicamente en los propios OPI (CSIC, CIEMAT, ISCIII y IAC). Con el texto aprobado hoy en el Consejo, se amplía a todos aquellos centros del sistema público español de ciencia, tecnología e innovación, así como a universidades.
También se define una carrera para el personal técnico y se rediseña el contrato del investigador distinguido, limitándolo a la dirección de equipos humanos o dirección de centros, instalaciones y programas científicos y tecnológicos.
Y, por primera vez, el texto recoge que se garantiza una financiación de la I+D+i estable y creciente para acercarse a los países de la Unión Europea y alcanzar así el 1,25% del PIB en inversión pública para 2030. Por otro lado, la norma prevé la creación de la Agencia Espacial Española, que se concretará en un año.
Sin embargo, la ley deja fuera a los investigadores biomédicos puros. Sí promoverá la investigación dentro del sistema sanitario, con la opción de incluir en esta categoría a aquellos que dediquen un mínimo del 50 % de su tiempo a la investigación, pero no reconoce a muchos científicos que no son médicos y que se dedican por completo a la investigación.
