Los dueños de la agencia de viajes de A Coruña investigados por estafa están libres
A CORUÑA
El juez los puso en libertad sin fianza la víspera de Nochevieja pero les retiró el pasaporte y bloqueó sus cuentas
07 ene 2025 . Actualizado a las 17:19 h.Los responsables de la agencia de viajes coruñesa A&M Tours, Ariel Aristides Canario Jiménez y su esposa, María Montserrat Faraldo Sánchez, durmieron nueve días en prisión y al décimo fueron puestos en libertad para pasar la Nochevieja en casa junto a los suyos. Eso sí, este matrimonio de origen dominicano no podrá salir del país porque el juez les retiró el pasaporte y tendrán que comparecer cada 15 días en el juzgado como investigados por un delito de estafa y por una posible falsedad documental. La policía calcula que pudieron haber engañado a cerca de 300 clientes. La inmensa mayoría son de nacionalidad latinoamericana que residen en el barrio del Agra do Orzán. Confiaron en este negocio para comprar los pasajes para pasar las Navidad en sus países de origen y al llegar al aeropuerto se encontraron con que los billetes no habían sido abonados por la agencia.
Tanto la Unidad de Delincuencia Financiera y Fiscal de la Policía Nacional como una parte de los afectados que han formado una asociación y contratado a un abogado para ejercer la acusación particular han solicitado el embargo de los bienes y de las cuentas de los investigados para afrontar las devoluciones del dinero a las víctimas y las posibles indemnizaciones.
Las empleadas, investigadas
El juez instructor también decidió volver a llamar a declarar a las dos empleadas de la agencia, pero en esta ocasión en calidad de investigadas por un delito de estafa y falsedad documental.
Cuando fueron requeridas en su momento, una de ellas se acogió a su derecho a no declarar y la otra se limitó a decir que solo cumplía órdenes y que llevaba dos semanas «soportando» todo tipo de quejas por parte de los afectados.
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña, en el auto de ingreso en prisión del matrimonio, argumentó que las denuncias «ponen de manifiesto el cobro de cantidades elevadas de dinero por la emisión de distintos billetes de avión, tanto para pasajeros como para la facturación de equipaje que, una vez en el aeropuerto o incluso tras ponerse en contacto los perjudicados con las aerolíneas, se comprueba que no existen, se encuentran cancelados o no han sido siquiera emitidos».
Añadía el juez que «las explicaciones de los investigados no aclaran suficientemente estos hechos, amparándose en una supuesta práctica del mayorista con el que operaban, pero que, sin embargo, lo que se venía produciendo en la práctica no es otra cosa que una estructura piramidal, de forma que iban abonando a ese mayorista las reservas de unos vuelos con el dinero de nuevos clientes».
«Es injusto que ellos tomasen las uvas con la familia y nosotros no por su culpa»
Ariel Aristides Canario Jiménez y María Montserrat Faraldo Sánchez tuvieron que pasar la Nochebuena y el día de Navidad en el centro penitenciario de Teixeiro, pero las uvas de fin de año las pudieron tomar en casa junto a su familia. El juez los puso en libertad con cargos el día 30 y ayer trascendió la noticia entre los afectados. No se la tomaron nada bien. Vilma Castro es una peruana que en agosto pagó a la agencia de viajes 2.450 euros para viajar a su país junto a su esposo. Tenía previsto volar el 14 de diciembre, pero al llegar al aeropuerto de Alvedro con las maletas les comunicaron que sus billetes no habían sido emitidos ni pagados por la agencia. De inmediato se presentaron en el negocio, ubicado en la confluencia de la calle Barcelona con la avenida de Fisterra. Allí se encontraron con seis clientes a los que tampoco se les dejó subir al avión en días previos. «Las empleadas nos decían que la culpa la había tenido la empresa intermediaria con la que trabajaban y luego nos enteramos que eso era mentira», dice esta afectada. «Nos quedamos sin pasar las fiestas con nuestra familia y es injusto que ellos pudiesen tomar las uvas con los suyos. Nosotros no, y encima nos quedamos sin dinero», dijo.
En apenas tres días, la policía contabilizó un total de 90 afectados. Entre todos abonaron al negocio 98.127 euros, si bien se tiene la certeza de que la supuesta trama podría afectar a cerca de 300 personas. Se trata de «una considerable cuantía de dinero que no se utilizó para pagar los servicios contratados por los clientes», reza el atestado, que concluye así: «A la vista de todo lo expuesto, queda patente el ánimo de lucro de los investigados».