La Fiscalía duplica hasta los 94,2 millones la responsabilidad civil por el caso Gescartera
ECONOMÍA
Las acusaciones particulares rebajan la solicitud de condena para la ex presidenta Pilar Giménez Reyna.
03 dic 2007 . Actualizado a las 21:13 h.El juicio del 'caso Gescartera', caso paradigmático entre los escándalos financieros sucedidos en España, está a las puertas de su final, tras dos meses y medio de sesiones. La Fiscalía Anticorrupción elevó este lunes a definitivas sus conclusiones, en las que introdujo pocas novedades respecto a su primer escrito de acusación, la más significativa en lo referente a la responsabilidad civil de los imputados, que de manera «alternativa» podría duplicarse hasta acercarse a los 94,2 millones de euros frente a los 50 millones en que los peritos del Banco de España cifraron el 'agujero' de la agencia de valores.
Los otros cambios consisten en la 'exculpación' de Laura García Morey, ex empleada del departamento de inversiones de Gescartera y esposa de Antonio Camacho, quien fuera dueño de la polémica agencia y ahora principal imputado, así como de Angeles Leis, ex contable de la sociedad. No obstante, varias acusaciones particulares aún mantienen sus peticiones de condena para ambas, de entre 15 y 6 años de cárcel por un presunto delito de apropiación indebida.
La otra mujer acusada -los otros once 'inquilinos' del banquillo de los acusados son hombres- es Pilar Giménez Reyna, ex presidenta de Gescartera y hermana del que fuera secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez Reyna, quien tuvo que dimitir por este caso. El fiscal mantiene la pena reclamada para ella (8 años) al no creerse su argumento exculpatorio -habría sido una «mujer objeto» y un «simple florero» al servicio de Camacho- que, por el contrario, sí parece haber convencido a bastantes acusaciones para rebajar sus peticiones.
Los que 'se quedan como estaban' -siempre a la espera del veredicto final que dicte la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que podría conocerse en enero próximo- son los tres principales acusados, para quienes la Fiscalía solicita 11 años de cárcel (alguna acusación particular llega a duplicar esta pena). Se trata del citado Antonio Camacho; José María Ruiz de la Serna, su 'mano derecha' en Gescartera; y Aníbal Sardón, principal comercial de la agencia. Según el representante del Ministerio Público, Vicente González-Mota, este trío actuaba de manera «coordinada» para engañar a los clientes de la empresa a la hora de informales sobre el destino de sus ahorros.
Responsabilidad civil
Los cálculos del fiscal, refrendados por el informe pericial del Banco de España, apuntan que entre los tres -sólo Camacho dispuso para «interés propio» de 7 millones- detrajeron más de una cuarta parte de las inversiones «netas» hechas por sus 4.000 clientes, unos 18 millones de euros sobre un total de 69,71 millones. Sin embargo, los últimos saldos presentados en su día por la propia agencia elevaban dichas aportaciones hasta los 94,17 millones, motivo por el cual González-Mota pidió este lunes al tribunal que valore como «alternativa» elevar la responsabilidad civil inicial hasta esta última cuantía.
No obstante, dada la 'limitada' capacidad que se prevé en los acusados para hacer frente con su patrimonio a dicha suma multimillonaria, tanto el fiscal como las acusaciones refrendaron sus solicitudes de responsabilidad subsidiaria para La Caixa y Cajamadrid Bolsa, al considerarlas «cómplices» del presunto fraude cometido en este caso -de hecho, hay varios ex empleados de la caja catalana entre los imputados-. González-Mota, por el contrario, sí retiró su acusación contra varios partícipes «menores» a título lucrativo, como la sociedad SGC (Servicios de Consultoría y Generales).
La otra novedad de la jornada fue el anuncio por parte de algunas acusaciones de que pedirán que se deduzca testimonio contra uno de los ex responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cuando estalló el 'caso Gescartera'. En concreto, acusan a Antonio Alonso Ureba, ex secretario general del consejo del regulador del mercado de «no decir verdad» cuando, en su declaración como testigo, dijo que en la polémica reunión extraordinaria del 16 de abril de 1999 no se habló de «intervenir» la agencia de valores, pese a que otros comparecientes afirmaron que sí llegaron a tratar este asunto.