Tras la reforma del mecanismo, Naturgy, la mayor comercializadora de Galicia, aplica la rebaja en la factura a 60.000 hogares, frente a los 230.000 de hace dos meses
07 dic 2018 . Actualizado a las 13:01 h.La reforma del bono social eléctrico, impulsada por el anterior Gobierno central, perseguía implantar un mecanismo más justo, de modo que se beneficiasen del descuento en la factura de la luz las familias que pasaban más apuros económicos. Para eso se implantaron unos criterios de renta que rigen desde hace ya un año. Durante todo este tiempo, el nuevo modelo ha convivido con el antiguo, pero el período de gracia finalizó el 8 de octubre pasado. A partir de esa fecha, los beneficiarios del bono anterior han perdido el descuento, salvo aquellos que solicitaron el nuevo y demostraron que cumplían las condiciones de renta. El resultado es una auténtica escabechina.
Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, es la comercializadora de energía eléctrica hegemónica en Galicia. Según datos proporcionados por esta compañía, en la actualidad tiene suscritos 60.217 contratos de bono social en la comunidad: en A Coruña 25.876, 19.787 en Pontevedra, 9.705 en Ourense y 4.849 en Lugo. Son nada menos que aproximadamente un 75 % menos que unos meses atrás, cuando todavía regía el anterior mecanismo. Así, en septiembre declaraba 229.225.
Las compañías que, como Naturgy, están autorizadas por el Gobierno para ofrecer contratos de bono social son las intermediarias para canalizar las solicitudes de los clientes, que deben ajustarse a las nuevas condiciones aprobadas por el Ejecutivo central.
Última prórroga, hasta el día 31
Este, a través del Ministerio de Energía, estableció en el último año, durante el que convivieron los dos modelos de bono, hasta tres prórrogas distintas para facilitar el cambio de un mecanismo al otro. En la actualidad está en vigor una de ellas, según la cual los beneficiaros del antiguo bono social tienen hasta el 31 de diciembre para solicitar la renovación. Naturgy recordó que, de acuerdo con los últimos cambios regulatorios publicados por el Gobierno, si el cliente no tramitó la renovación antes del 8 de octubre perderá el descuento en la factura. Pero tiene de plazo hasta el próximo día 31 para pedir el nuevo contrato. En el caso de que cumpla las condiciones de renta se le aplicará la rebaja con efecto retroactivo desde el 8 de octubre.
En todo caso, si alguien se despista, no pasa nada, salvo que durante un tiempo pagará el 100 % de la factura, ya que el bono social se puede solicitar siempre, no hay plazo para ello.
El Gobierno considera que la falta de información y la cantidad de papeleo que se precisa para demostrar la renta de la unidad familiar justifican la drástica reducción del número de beneficiarios.
Prohibidos los cortes en hogares con menores y dependientes
Los límites de renta familiar aparecen bien resumidos en el cuadro que acompaña esta información. En él se puede comprobar que los umbrales crecen en el caso de hogares monoparentales o en los que residan personas dependientes, entre otras. De hecho, el descuento también varía entre el 25 y el 40 % según las circunstancias. Además, el actual Ejecutivo extendió la prohibición de cortarles el suministro a las familias con menores a su cargo, dependientes o discapacitados, siempre que tengan aprobado el bono social. Las compañías ya no podían interrumpir el suministro a los hogares declarados en riesgo de exclusión social, que son los atendidos por los servicios sociales municipales o autonómicos.
Las facturas de esos hogares que no pueden asumirlas son sufragadas vía bono social -que financian las propias empresas, obligadas por el Gobierno- y vía Administraciones autonómicas.
De hecho, la Xunta modificó su tique eléctrico para completar el 50 % del recibo de esas familias en pobreza extrema. La cuantía máxima anual que aportará la Administración autonómica será de 250 euros. Se elevará a 400 en el caso de las familias numerosas. Estas últimas, por cierto, son las únicas que tienen derecho al bono social al margen de lo que cobren. No se les aplican los criterios de renta.
Vecinos de una treintena de concellos, los más gélidos, optarán a la ayuda máxima para calefacción
Los beneficiarios del bono social eléctrico recibirán una ayuda directa del Estado para costear gastos de calefacción. Es el denominado bono térmico, creado por el Ministerio de Transición Ecológica para hacer más llevaderos económicamente los fríos meses de invierno. Esta aportación está condicionada por que salgan adelante los nuevos Presupuestos del Estado, que el presidente Pedro Sánchez tiene previsto presentar en enero.
La ayuda irá entre los 25 y los 130 euros por hogar. Se abonará mediante transferencia bancaria en la cuenta en que está domiciliado el recibo de la luz.
El ministerio explicó que el importe del bono social térmico dependerá de la cantidad que se consigne cada año en los Presupuestos Generales del Estado y del número de beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre. Una vez fijados estos dos parámetros, el importe concreto dependerá de dos variables: el grado de vulnerabilidad del beneficiario (vulnerable o vulnerable severo) y la crudeza del invierno en la localidad donde se ubique la casa del beneficiario.
Para esto último se basará en el código técnico de edificios. En él, Galicia en conjunto no está entre las zonas más frías de España. Sin embargo, municipio a municipio sí hay una treintena de ellos en Lugo y Ourense incluidos en la zona climática donde más bajan los termómetros. Sus habitantes podrán beneficiarse de la máxima cuantía de la ayuda, cuando esta entre en vigor.
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