Otros tres optan a quedarse solo la asturiana, pero dos dejarían de producir aluminio
05 jun 2019 . Actualizado a las 14:10 h.Doce, nueve, seis... Así, a cuentagotas, se ha ido desinflando el listado de inversores interesados en comprar las fábricas de aluminio primario de Alcoa en A Coruña y Avilés, que solo así, pasando a manos de otros, se salvarían del cierre parcial a partir de julio. De momento, la multinacional maneja media docena de ofertas, pero aún no son vinculantes, con lo cual, la criba no ha finalizado. La compañía quiere tener la semana que viene, cuando arranca ya el último mes de la tregua, compromisos en firme. A ver cuántas quedan de las seis.
La multinacional ha resumido en una hoja quiénes son los inversores, qué plantas quieren y qué condiciones ponen. Y resulta que todos quieren la de Avilés, bien sola, bien junto a su gemela de A Coruña. Pero ninguna está interesada en adquirir de forma individual la fábrica gallega, pero tres sí la quieren en el mismo lote con la de Avilés.
Además, según la nota resumen elaborada por la multinacional, a la que ha tenido acceso este periódico, esas tres propuestas para quedarse con el lote completo incluyen algo fundamental: volver a producir aluminio primario, arrancando de nuevo las cubas de electrolisis (paradas por Alcoa de forma temporal desde febrero). Es una condición sine qua non incluida en el acuerdo alcanzado entre la empresa y los sindicatos en enero para aplazar la aplicación del ERE al 1 de julio.
Las tres ofertas, aún no vinculantes, además, condicionan la operación a que el marco retributivo para la industria electrointensiva garantice unos costes eléctricos competitivos a partir del 30 de junio.
Detrás de esas tres ofertas que incluyen A Coruña están las empresas Liberty, Parter y grupo IR. Este último tiene una condición no recogida en el acuerdo interno de Alcoa: trasladar a trabajadores a Holanda entre un año y 20 meses hasta encontrar una solución energética en España.
Las otras tres ofertas para adquirir solo Avilés están firmadas por Aludium (que ya compró hace unos años las fábricas de Alcoa en Alicante y Amorebieta), Quantum y Cunext. Las dos primeras no quieren saber nada de retomar la producción de aluminio, por tanto no ponen la condición de contar con un marco retributivo estable para el coste eléctrico. Y es que es el propio proceso de obtención del metal (por electrolisis) es que el consume el grueso de la energía eléctrica de este tipo de instalaciones.
Las dos ofertas excluyen arrancar de nuevo las cubas de electrolisis y en su lugar apuestan por invertir en la fundición de Avilés, la única parte de la fábrica que Alcoa se ha comprometido a mantener abierta más allá del 1 de julio y que, en teoría, no está en venta. Por tanto, la planta avilesina no se libraría de los despidos.
El fondo de inversión Quantum Capital, además, plantea aplicar un expediente de regulación de empleo, extremo no incluido tampoco en el acuerdo entre sindicatos y Alcoa.
Cunext, un holding andaluz especializado en la transformación de cobre, es la única que sí se propone retomar la fabricación de aluminio en la planta asturiana.
Cinco de las seis que pretenden a Alcoa ponen, además, una condición que seguramente Alcoa no aceptará: invertir más de los 20 millones comprometidos por la multinacional para el rearranque de las cubas si conseguía vender las plantas.
De esta manera, la oferta de Liberty sería la única que aparentemente reuniría los requisitos exigidos por las partes. Se trata de una multinacional especializada en la transformación de acero, aluminio y en el reciclaje de metales, con sede en Londres, y opera la única fundición de este tipo que queda en el Reino Unido.
Las plantas, sin incentivos al menos hasta enero
Este mediodía se reunió en el Ministerio de Industria la mesa técnica estatal en la que participan los Gobiernos de Asturias y Galicia, Alcoa y los representantes de los trabajadores. Estos últimos informaron de que los seis potenciales inversores están realizando una auditoría en profundidad (due diligence) de las plantas, con visitas a las instalaciones incluidas.
Este proceso de venta sigue su curso, aunque condicionado a cómo quede finalmente el marco retributivo para las industrias electrointensivas, no solo para Alcoa, que compense sus elevados gastos en energía eléctrica.
Y es ese apartado el que despierta honda preocupación y pesimismo entre las comunidades autonómicas y los trabajadores sobre el futuro de las plantas en peligro de cierre parcial. Porque el panorama pinta gris para las dos fábricas. Primero porque finalmente quedan excluidas de los incentivos que repartirá la subasta de interrumpibilidad para el segundo semestre de este año. Quedan fuera porque la multinacional renunció en febrero a las bonificaciones que había conseguido en la puja anterior al apagar, de momento, de forma temporal, las cubas de electrolisis en las que elabora el aluminio primario. La norma que regula las subastas establece que si un beneficiario renuncia a los incentivos, queda excluido de la subasta para el período siguiente. Esto quiere decir que sí podría concurrir a la convocatoria para el período enero-mayo del 2020, aunque ya tendría que hacerlo el nuevo inversor, si lo hay.
Fuentes sindicales explicaron que habían mostrado su enfado con el Ministerio de Industria porque este había alimentado las esperanzas de que finalmente las fábricas sí podrían optar a los incentivos para la segunda mitad del año. El Gobierno en funciones les explicó que está exclusión temporal no iba a influir sobre posibles inversores, porque el rearranque de las cubas sería paulatino y porque iban a garantizarles un escenario a medio largo plazo atractivo para continuar con la producción de aluminio en las fábricas.
Fuentes de la Consellería de Industria indicaron, además, que nada se sabe del estatuto para la industria electrointensiva, que el Gobierno prometió aprobar en abril, y que dibujaba un escenario retrtibutivo para la industria más estable que el actual, con más incentivos. Pero ese documento quedó en el cajón, ante la advertencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de que algunas de las medidas podían ser consideradas ayudas de Estado por la Comisión Europea.
El director xeral de Enerxía, Bernardo Tahoces, representante gallego en la reunión en Madrid, pidió que en la próxima reunión de la mesa técnica (seguramente, a mediados de junio) estuviese presente algún representante del Ministerio para la Transición Ecológica para que explicase qué pasa con el estatuto y también por qué las condiciones de la subasta de interrumpibilidad son peores que las anteriores convocatorias.
Con que Transición Ecológica dé esas explicaciones estuvieron de acuerdo los representantes asturianos y los sindicatos.
El departamento que dirige Teresa Ribera es el competente en materia energética, pero está desaparecido, al menos, físicamente, en la resolución de la crisis de Alcoa, vinculada en parte a los elevados precios eléctricos en España. Fuentes de la multinacional manifestaron estos días incluso que «la producción de aluminio en España es inviable» a los costes actuales.
