El representante legal del banco Adolfo Fraguas exhibe ante el juez el informe interno sobre los 13 años de contratos con el excomisario preso
20 nov 2019 . Actualizado a las 21:25 h.El representante legal de BBVA en el caso Villarejo, Adolfo Fraguas, responsable de los servicios jurídicos de la entidad en España, respondió ayer por espacio de tres horas ante el juez de la Audiencia Nacional y los fiscales anticorrupción que investigan los servicios parapoliciales llevados a cabo durante años por José Manuel Villarejo, el comisario jubilado en prisión preventiva desde noviembre del 2017.
En nombre del BBVA, investigado como persona jurídica en esta pieza de la operación Tándem, Fraguas se escudó en la auditoría interna que llevó a cabo la entidad cuando estalló el caso, y que tuvo especial trascendencia tras su difusión en los medios de comunicación, en mayo del 2018.
Sobre todo, tras conocerse las presuntas facturas pagadas a Cenyt, la firma mercantil de Villarejo y de su socio Rafael Redondo, por el banco y que alcanzaban la cantidad de 242.000 euros (un año y medio después los investigadores han elevado los contratos a diez millones de euros en 13 años: del 2004 al 2017).
El abogado aportó documentación desde los primeros años de estos vínculos contractuales y trasladó de manera «proactiva» la información obtenida en la investigación interna forensic. Un trámite que se encargó de realizar la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC )y los despachos Garrigues -la firma de cabecera del BBVA- y Uría Menéndez, según afirmó la entidad en un comunicado y confirmaron a este periódico fuentes jurídicas.
Con esta puesta en escena de Fraguas para defender la actuación del banco, el representante legal concluyó que de los hechos investigados «no se deriva responsabilidad para el BBVA», según la nota de la entidad presidida por Carlos Torres.
Prioridades
En la misma línea con otras declaraciones, Fraguas destacó que su prioridad «es el esclarecimiento de los hechos colaborando con la justicia, como hemos hecho hasta ahora».
El representante de la entidad financiera insistió en la sala en que «somos un banco con fuertes valores y principios que guían nuestro comportamiento cada día», dijo para tratar de fortalecer la marca. El BBVA está siendo investigado en la causa por el juez Manuel García Castellón por delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.
Los contratos objeto de las pesquisas van desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la presunta extorsión de una asociación de consumidores, pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa, acuerdos en que se presume Villarejo tenía como interlocutor en el banco al que fuese su jefe de seguridad, Julio Corrochano, en libertad bajo fianza de 300.000 euros por esta investigación.
El instructor sospecha que «la cúpula» consintió la contratación de Villarejo en vista del «beneficio» que le podía reportar. Por este motivo, es necesario determinar si el banco puso en marcha medidas para evitar el delito o si «la ausencia de mecanismos de control» fueron «medios de los que pudo haberse valido para facilitar la contratación» del excomisario. La declaración de Adolfo Fraguas seguirá la semana que viene.
Más de una decena de directivos y exdirectivos del banco están investigados por delitos de cohecho y revelación de secretos en esta parte de la causa Tándem, incluido el expresidente del BBVA Francisco González, que a diferencia del resto de imputados, quienes han optado por acogerse a su derecho a no declarar, este lunes respondió al interrogatorio de la Fiscalía y el juez pese a seguir secretas las actuaciones.
Mientras tanto, el caso sigue bajo el secreto de sumario. Un escenario que podría cambiar antes de que termine el año. Fuente judiciales relacionadas con el caso consideran que ya se dan las circunstancias para que imputados y acusaciones conozcan los detalles de la investigación.