El coste de ligar las pensiones al IPC: 50.000 millones a mediados de siglo
ECONOMÍA
Bruselas anticipa que los cambios empeorarán la equidad generacional
29 jun 2021 . Actualizado a las 05:00 h.¿Cómo se van a pagar las prestaciones de los jubilados españoles en el futuro? El Gobierno ha decidido cargar el déficit de las pensiones al conjunto del Estado y, aunque ha esquivado la pregunta, asume que tendrá que hacer transferencias anuales para cubrir la brecha, que ya alcanza los 22.000 millones de euros anuales. La primera factura vendrá incluida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2022. Eso significa que recurrirá al endeudamiento o intentará recaudar más -vía subida de impuestos- para poder sufragar las cuantías que son, en comparación con el resto de la Unión Europea, de las más generosas con respecto a las nóminas (se percibe el 70 % del último salario percibido antes de retirarse). Solo luxemburgueses, griegos e italianos tienen tasas de sustitución más altas. Las sorpresas llegarán en el 2022, cuando el Gobierno deberá detallar los cambios en la fiscalidad del país.
En cualquier caso, serán las generaciones de trabajadores más jóvenes las que cargarán a sus espaldas con el ajuste, a pesar de ser las peor tratadas por el mercado laboral. Tienen salarios más bajos que los de sus predecesores a la misma edad, más riesgos de caer en la pobreza -un 31,4 % de los jóvenes entre 16 y 29 años frente al 14,5 % de los españoles de más de 65 años- y cada vez son menos manos en activo para sostener una pirámide de jubilados que será más abultada y cuantiosa cuando se incorporen los jubilados baby boomers (nacidos entre 1955 y 1975).
El coste para las arcas públicas será igual de gravoso. Los servicios de la Comisión Europea anticipan que la vinculación de las pensiones a la evolución de los precios (IPC) y no a la esperanza de vida de los españoles supondrá una derrama adicional del 4 % del PIB. Casi 50.000 millones de euros más a mediados de siglo.
De igual modo, la eliminación del factor de sostenibilidad -introducido en la reforma del PP del 2013 para ajustar el nivel inicial de las pensiones a los cambios en la esperanza de vida-, añadiría otro 0,7 % de gasto más en pensiones a largo plazo (8.700 millones de euros). «Si las desviaciones con respecto a la reforma de las pensiones del 2013 pasan a ser permanentes y no van acompañadas de otras medidas compensatorias, aumentará significativamente el gasto en pensiones y empeorará la equidad intergeneracional», alertó la Comisión Europea al conocer los planes del Gobierno español.
No es la primera vez que Bruselas llama la atención a España por la instrumentalización de las pensiones y por el empeño de los sucesivos Ejecutivos en concentrar el gasto en protección social en el colectivo de jubilados, en detrimento de las familias y los jóvenes. «Esto ocurre en un contexto en el que se espera que la futura adecuación de las pensiones sea, por término medio, superior a la de la UE, y en el que la pobreza afecta principalmente a los grupos de menor edad, incluidos los niños», recuerda en uno de sus informes en el que constata que desde el 2014 «ha habido algunos retrocesos en las reformas de las pensiones».
Ni la vinculación al IPC ni la eliminación del factor de sostenibilidad convencen a las autoridades europeas, que sí han sugerido en varias ocasiones alargar la edad de jubilación -el Gobierno cree que se extenderán las carreras de cotización dos años más para el 2050-, eliminar los incentivos para la jubilación temprana, a la que recurren el 40 % de los trabajadores, y endurecer los coeficientes de reducción de la pensión para quienes quieran retirarse antes de tiempo.
Más tiempo trabajando
El Gobierno cree que los cálculos de la Comisión son errados y estima un gasto adicional del 2,5 % del PIB (31.100 millones de euros). Espera poder amortiguar un 1,3 % del impacto en el PIB con la extensión de la carrera laboral de los españoles. El otro 1,2 % es un misterio, aunque fuentes del Ejecutivo aseguran que «dependerá del propio funcionamiento del mercado de trabajo». ¿Qué hay del factor de sostenibilidad? ¿Se reducirán las pensiones iniciales si sigue aumentando la esperanza de vida? Se trata de una cuestión central para poder hacer un cálculo completo del impacto. El Gobierno erradicará el factor de sostenibilidad, pero nada ha avanzado sobre el «factor de equidad intergeneracional», que debería entrar en vigor en el 2027. Para noviembre se sabrá si esa nomenclatura esconde un recorte inicial de las pensiones.
Los sénior, los únicos que encontraron trabajo en Galicia
En Galicia ya hay más adultos mayores de 65 años que menores de 16 años. Y la brecha sigue aumentando.. Y la brecha sigue aumentando. No solo hay menos población joven activa sino que también tienen más problemas para encontrar trabajo. Eso dificulta su entrada en el mercado laboral y reduce sus posibilidades de alcanzar las largas carreras de cotización que exigirá la nueva reforma para poder cobrar íntegramente la prestación al retirarse. También deja en el aire los cálculos sobre el futuro de las pensiones.
Según un informe reciente de la Fundación Adecco, solo los trabajadores sénior (de más de 45 años) consiguieron generar empleo neto en el último año en Galicia (se crearon 16.400 puestos de trabajo para ellos), frente a la destrucción de 39.500 empleos entre los menores de 45. El sector sociosanitario, la limpieza y la logística ha incorporado a los desempleados de larga duración con más años, mientras la hostelería y el turismo, con empleados más jóvenes y temporales, han adelgazado plantillas.
Asignatura pendiente
Esto no siempre ha sido así. Por eso el Gobierno ha incluido planes de reciclaje profesional con los fondos europeos del Next Generation EU para dar salida a los trabajadores de más edad expulsados del mercado laboral antes de tiempo. Muchos optan por adelantar su jubilación, a pesar de las penalizaciones, ante la ausencia de alternativas. Y es que tienen más probabilidades de cronificar su situación de paro. Más de la mitad de las empresas encuestadas por Adecco admiten que existen frenos para contratar a mayores de 45 años. Alegan, entre otras cosas, que sus competencias y su grado de experiencia (que exige pagar salarios más altos) no se ajustan a las vacantes disponibles.
