Medio Ambiente abrió expediente a Iberdrola y Naturgy por actuar sin autorización y poner en peligro las especies piscícolas, por lo que podrían tener que afrontar multas de 25.000 euros por embalse
05 sep 2021 . Actualizado a las 11:28 h.La Xunta tiene la intención de imponer la sanción máxima a las empresas concesionarias responsables del vaciado de cuatro embalses de las provincias de Lugo y Ourense: Cenza, As Portas, Salas y Belesar, todos competencia de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS). Se aferra a que las compañías Naturgy —que gestiona Belesar y Salas— e Iberdrola —las de As Portas y Cenza— pudieron afectar a la fauna piscícola al desaguar «sen que o servizo provincial correspondente puidera fixar as medidas preventivas» y, por tanto, «sen agardar polo pronunciamento da Administración autonómica», apunta la Consellería de Medio Ambiente en un comunicado.
Para actuar contra las empresas, la Xunta ha abierto un expediente sancionador en virtud de sus competencias en materia de protección piscícola, aplicando el reglamento autonómico de pesca fluvial y la Lei de Pesca Continental de Galicia. Esta última que considera infracción grave el hecho de que se altere «de modo apreciable el nivel de las aguas o el caudal del río cuando puedan derivar daños para las especies piscícolas, salvo que la actuación resulte conforme y cumpla las exigencias de la normativa en materia de aguas».
La cuantía de las multas a las que tendrían que hacer frente Naturgy e Iberdrola va desde los 3.000 a los 25.000 euros en que está fijada la sanción máxima. Cien mil euros entre los cuatro embalses en caso de que, tras la tramitación del expediente y la resolución de las alegaciones, se aplique la cuantía más elevada con que se castiga ese vaciado.
Comunicación previa
Medio Ambiente recuerda que es el organismo competente en aprovechamientos hidráulicos —es decir, la confederación— el que debe notificar a la consellería que se va a realizar un vaciado de la presa para que la Xunta informe de las medidas preventivas que se deben adoptar para no perjudicar a las poblaciones existentes en la masa de agua. Además, la normativa establece como condición esencial para poder evacuar agua del embalse que la concesionaria lo comunique con una antelación mínima de un mes al órgano competente en materia de aprovechamiento hidráulico, algo que «tampouco cumpriron as entidades».
Solo después de adoptar medidas previas por parte del responsable de la cuenca puede Medio Ambiente autorizar «a anulación ou o baleirado coas condicións que garantan a protección e conservación da fauna acuática».
En definitiva, tanto la confederación como las empresas que explotan las presas incumplieron el procedimiento y alteraron el nivel de agua embalsada en las principales centrales hidroeléctricas del Miño-Sil sin notificarlo ni esperar a que se pronunciara Medio Ambiente.
El expediente se ha abierto tanto a las empresas como al organismo que gestiona la cuenca hidrográfica, de titularidad estatal.
La Xunta recalca que su objetivo es depurar responsabilidades por haber dejado las presas en niveles mínimos —Cenza, por ejemplo, está al 12,5 %— sin autorización e insiste que los hechos no son «imputables de ningún xeito á acción do Goberno galego».
