Valentín Pich: «El aumento de concursos al concluir la moratoria no será tan dramático a corto plazo»

Santiago acoge mañana y el viernes el encuentro de profesionales del derecho concursal, que inaugurará la subsecretaria del Ministerio de Asuntos Económicos, Amparo López Senovilla. Asistirá también Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas (CGE) de España.

-El CGE apunta 4.630 empresas concursadas en España en el 2020, un 3,3 % menos que el ejercicio anterior, ¿la moratoria concursal está detrás?

-La moratoria ha venido a meter en el congelador una realidad, sobre la que hay toda una visión tremendista relativa al momento en el que se descongele, pero creo que a corto plazo no será tan tremendo. La crisis motivada por la pandemia ha congelado también las relaciones laborales de la empresa; en otro momento puede que se hubieran producido más despidos, pero hemos tenido los ERTE.

-¿Qué escenario ve desde el fin de la moratoria en diciembre?

-Mi sensación personal es que cuando termine la moratoria se producirá un incremento de concursos, pero creo que va a ser menos dramático a corto plazo de lo que podíamos esperar, por cuestiones como los créditos ICO que han alargado el tema. Las estadísticas a partir del primer trimestre del 2022 recogerán un incremento de concursos, pero no va a ser lo dramático que podría parecer.

-La legislación concursal está inmersa en un período de cambios, con un nuevo escenario que obligará a los profesionales a analizar la insolvencia de manera preventiva.

-Hay una directiva comunitaria de insolvencia que hay que trasponer y que nos interesa trasponer, que pivota sobre una cuestión delicada: cuando una empresa tiene problemas de liquidez es difícil determinar con exactitud si tienen solución o son una insolvencia sin solución. Si es una dificultad de liquidez transitoria, a todos nos interesa que las empresas puedan encontrar un mecanismo para su reestructuración, para volver a reflotarlas. Cuando el problema es de insolvencia por una mala gestión o porque se ha perdido la clientela, aunque sea doloroso, cuanto más rápido desaparezca esa empresa, mejor, para evitar crear más problemas de morosidad. Pero reitero: no es una cuestión fácil; es fácil de decir, pero no de hacer. La normativa en la directiva comunitaria intenta crear unos estándares en la UE sobre esta situación, y el anteproyecto de la ley concursal en tramitación responde a estas cuestiones.

-Usted ha demandado más agilidad en estos procesos.

-Nosotros somos un país de microempresas y pymes. Se trata de buscar mecanismos de agilización para dilucidar rápido si es insolvencia o problemas de liquidez, con mejoras en juzgados, ordenamiento y profesionales. Es lo que demanda un país moderno, porque cuando una empresa o persona tiene problemas de tensión de tesorería, cuanto más rápido se actúe menos impuestos adeudará y menores problemas de liquidez generará a sus acreedores, cuyos derechos tienes que asegurar siempre. Está también la cuestión de la segunda oportunidad, es el momento para darle una vuelta [el Consejo General de Economistas indica que los concursos de personas físicas se dispararon a 4.032 en el 2020].

-¿Por qué existe tanta reticencia en España a presentar concurso?

-Se ha avanzado mucho, pero la estructura empresarial, con tantas micropymes, lo condiciona todo. Hace 30 años nadie iba a concurso, pero tenemos unos buenos juzgados de lo Mercantil que han creado una cultura diferente. Hemos dejado poco a poco de relacionar concurso de acreedores con desaparición de la empresa. Cuanto más rápido ayudemos, concursal o paraconcursalmente, a compañías en problemas de insolvencia, mucho mejor. Ese es el reto. Y dentro de los Next Generation hay importantes fondos para la digitalización de sistemas judiciales, donde, a diferencia de una administración de Hacienda muy digitalizada, queda mucho campo por recorrer.

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