Montero avanza que modificará el tributo que se tramita en el Congreso, lo que implicará gravar los beneficios, no la facturación, y excluir a las eléctricas
16 sep 2022 . Actualizado a las 11:48 h.La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó que el Gobierno modificará su modelo de gravamen a las compañías energéticas, que se está tramitando en el Congreso, para adaptarlo a la propuesta de impuesto solidario lanzada el miércoles por la Comisión Europea, pero que aún tendrán que revalidar los ministros de Energía de la Unión el próximo día 30.
De este modo, solo se aplicará un gravamen temporal al sector (el europeo), y no dos, para recaudar parte de las ganancias obtenidas por el fuerte incremento de los precios de los productos energéticos durante el último año. Pero, ¿qué tendrá que modificar el Gobierno en su propuesta de gravamen? Bastantes cosas, si se ajusta literalmente a las instrucciones de la Comisión.
Para empezar, será un impuesto sobre los beneficios de las compañías que gravará como mínimo el 33 % de las ganancias del 2022 que superen en un 20 % la media de las obtenidas en los últimos tres ejercicios fiscales. La proposición de ley que se tramita en el Congreso incluye la creación de una prestación patrimonial de carácter público no tributario para gravar con un 1,2 % la cifra neta de negocio (la facturación) anotada en el 2019.
Además, para adaptarse a las instrucciones comunitarias, el Gobierno tendrá que excluir de su propuesta fiscal a las empresas eléctricas, pues el gravamen comunitario solo afectará a los sectores del petróleo, gas, carbón y refino. Y ¿por qué un impuesto solo para estos y no también para las eléctricas? Porque entre estas últimas también se recaudarán buena parte de sus ingresos, pero por otra vía distinta. Así, la Comisión Europea limitará a 180 euros por megavatio hora el dinero que cobran todas las plantas generadoras de electricidad (salvo las que producen con gas) por la venta de su producción en los mercados mayoristas de cada país. Es un descuento importante, teniendo en cuenta que en Francia o en Alemania están percibiendo estos días entre 300 y 400 euros por megavatio hora.
En España, no se aplicará ese límite de 180 euros porque ya funciona el mecanismo ibérico de tope al gas, que hace que las tecnologías que no usan hidrocarburo estén percibiendo entre 150 y 170 euros por megavatio hora, por debajo de los 180 propuestos por Bruselas. Ese mecanismo, autorizado en mayo por la propia Comisión Europea como lo que denominó una excepción ibérica, prevalecerá en España y Portugal sobre la nueva medida propuesta por Bruselas, según confirmó el miércoles la comisaria de Energía, Kadri Simons.
De dos a un año de aplicación
También cambiarán los plazos de aplicación del gravamen nacional si este se ajusta a los requerimientos europeos. De dos años se pasará a uno.
El Gobierno no está obligado a adaptar su propuesta normativa a la del Ejecutivo comunitario. De hecho, este, en la comunicación divulgada el miércoles, deja claro que los Estados que ya tienen una tasa o impuesto nacional en vigor, o que lo estén tramitando, «podrán seguir aplicando la tasa más alta existente para atender las especificidades nacionales». De este modo, las expectativas de recaudación del Gobierno con el gravamen comunitario son superiores a las del nacional. Aunque el Gobierno no ha facilitado las cifras previstas.
«Primero hay que ver cómo van las cosas en Bruselas, donde entienden que se necesita adecuar [el nuevo gravamen] a la realidad fiscal de cada uno de los Estados miembros», manifestó la ministra para la Transición Ecológica. Teresa Ribera avanzó que tanto el Ministerio de Hacienda como los grupos parlamentarios están viendo la mejor manera de encajar las dos propuestas.
Repsol pagará más con el gravamen comunitario que con el nacional
Un informe del Banco Sabadell estima que Repsol tendrá que pagar 1.082 millones con el nuevo impuesto solidario diseñado por Bruselas, frente a los 809 millones de impacto del gravamen nacional que se tramita en el Congreso. Unas cifras que la principal petrolera del país no confirma. La compañía tampoco ha realizado una valoración oficial sobre la propuesta comunitaria. Sí lo ha hecho la patronal del sector, la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP). Aunque no tienen estimaciones del impacto económico de uno y otro tributo, desde la patronal rechazan cualquier tipo de gravamen sobre unos beneficios extraordinarios que, aseguran, no existen. Menos cuando, añaden, el sector ha tenido «miles de millones de pérdidas» en los años anteriores. Desde AOP resaltan que los recursos de los que disponen las compañías, además, son necesarios para acometer las inversiones para avanzar en medidas de descarbonización del sector para cumplir con los objetivos de transición energética, y que «no es el momento de detraer esos recursos».
Por su parte, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, celebró la creación de impuestos a petroleras y gasistas. A su juicio, «estamos en una tormenta casi perfecta y quien se está beneficiando de este tema, aparte de los grandes productores como Rusia, son también «las grandes compañías de gas y petróleo». «Sus beneficios se están duplicando y triplicando, en este momento están absolutamente boyantes». Sin embargo, «los resultados de las empresas eléctricas se están deteriorando», aseguró. Iberdrola cuenta con plantas renovables y también de gas.
