La familia de la víctima pide a la Fiscalía que recurra la concesión del tercer grado a Ortega Cano

La familia de Carlos Parra, el hombre que falleció en el accidente de tráfico provocado por José Ortega Cano, ha mostrado este lunes su desacuerdo con la resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por la que se concedió el tercer grado al extorero «cuando ha cumplido sólo un año y pocos días de la condena de dos años y seis meses de prisión» que le fue impuesta, y ha solicitado al fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza que recurra dicha resolución a fin de que sea revocada.

En un comunicado de prensa remitido a Europa Press, la familia y la viuda de Carlos Parra, Manuela Gurruchaga, han expresado de este modo su desacuerdo con la resolución de Instituciones Penitenciarias, que a su vez confirmó la propuesta de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Zuera, y han pedido al Ministerio Público que presente un recurso contra dicha resolución ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria a fin de que la misma «sea revocada, si no lo ha hecho ya y si está en plazo, dado que a la familia de la víctima no le notifican las resoluciones de la administración penitenciaria».

En este sentido, la familia de Carlos Parra pone de manifiesto que, «aunque el tercer grado puede concederse si se ha cumplido la cuarta parte de la condena, exigencia que se cumple, la Ley General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario también exigen otros requisitos que no se dan en el caso de Ortega Cano», de manera que, en primer lugar, «se tendrá en cuenta la gravedad de los hechos delictivos y las consecuencias del delito», punto en el que recuerda que Carlos Parra «falleció a causa del accidente y la imprudencia fue muy grave».

Ortega Cano «no ha pagado ni un euro»

De igual modo, y según indica la familia en la nota, «se tendrá en cuenta el abono de las indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil», pero en este caso «sólo han pagado la cantidad indemnizatoria establecida en sentencia las compañías de seguro», mientras que el condenado «no ha pagado ni un euro, cuando la ley le permite hacerlo en concepto de reparación parcial del daño».

Además, «se tendrá en cuenta el arrepentimiento y la asunción de los hechos por parte del penado», frente a lo cual Ortega Cano, «a día de hoy, no ha reconocido los hechos por los que fue condenado: que iba conduciendo bajo los efectos del alcohol, que superaba la velocidad máxima permitida y que iba conduciendo temerariamente».

Igualmente, la familia de Carlos Parra pone de manifiesto que «se tendrá en cuenta la extensión de la pena», que en este caso es de dos años y medio de cárcel, condena de la que el extorero, que abandonó la cárcel Zuera el pasado viernes tras serle concedido el tercer grado, «ha cumplido poco más de un año».

Aparte de dichas consideraciones, «debe tenerse en cuenta» que de la pena que corresponde al delito de homicidio imprudente en concurso con dos delitos contra la seguridad vial --de 2 años y medio a 4 años--, «sólo se le impuso la pena de 2 años y medio, es decir, la pena mínima». «Y si de ésta no va a cumplir ni la mitad, se estaría incumpliendo lo dispuesto por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla en sentencia firme», asevera la familia.

«Agravio comparativo»

Por último, la familia considera que «existe un agravio comparativo con la situación de los demás internos en los centros penitenciarios de España, ya que si se analizaran las peticiones de tercer grado y las concesiones del mismo que otorga Instituciones Penitenciarias, en muy pocos casos y en las circunstancias de Ortega Cano o similares se ha concedido el mismo».

«Es más, hay muchos casos conocidos, como el de Jaume Matas, expresidente del Gobierno balear, con condena de nueve meses de prisión, en los que se ha revocado el tercer grado a instancia del Ministerio Fiscal», concluye el comunicado remitido por la familia y la viuda de Carlos Parra.

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