Constitucionalistas y politólogos advierten de las consecuencias desastrosas de una declaración unilateral de independencia
08 oct 2017 . Actualizado a las 12:57 h.¿Habrá declaración unilateral de independencia, sí o no? Esta es la clave de la situación en Cataluña. Si el Parlamento aprueba la DUI, como recoge la ley de transitoriedad impuesta por la mayoría secesionista en el Parlamento catalán, en una sesión en la que la oposición fue acallada, el desastre está asegurado. Si se imponen las voces que dentro del PDeCAT llaman a aparcarla, se podría abrir una vía de solución dialogada, una vez restaurada la legalidad. Carles Puigdemont y los suyos han situado a Cataluña al borde del precipicio, si dan un paso más, que sería la DUI, caería en el abismo de la división, el enfrentamiento y la incertidumbre. La fraudulenta república catalana no sería reconocida internacionalmente y quedaría, con toda seguridad, fuera de la Unión Europea.
¿Qué consecuencias políticas tendría la DUI?
Para el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago Roberto L. Blanco Valdés, sería «un disparate que destrozaría el orden constitucional y la convivencia democrática y metería a España en una espiral de confrontación e inestabilidad que pondría en riesgo una gran parte de los consensos tan trabajosamente construidos a lo largo de cuatro décadas». «Sería espantoso e imprevisible», señala el politólogo Roger Senserrich. Joan Botella, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, destaca que «con una DUI se sale del terreno del derecho y se entra en el terreno del uso de la fuerza». Pero advierte de que «en el siglo XXI la fuerza, como recurso político, incluye también la capacidad de movilización popular, de difundir con éxito el mensaje, dentro y fuera de España, y la posible reacción de la opinión pública internacional». Para Botella, «en todos estos ámbitos, el movimiento independentista está ganando de calle al Gobierno Rajoy, y los hechos del domingo pasado son el principal apoyo para el proyecto separatista».
¿Cómo afectaría a la sociedad catalana?
«Socialmente sería una locura que rompería en dos a la sociedad catalana y provocaría una gravísima fractura en la española», asegura Blanco Valdés. Además, tendría consecuencias para los ciudadanos, ya que «económicamente sería un desastre para Cataluña y el conjunto de España pues daría paso, al menos a corto plazo, a una situación de inestabilidad política, que se saldaría con una inmediata fuga de capitales y la contracción de las inversiones, además de las salidas de bancos y empresas ya anunciadas y las que les seguirían». Para Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, aumentaría «la tensión entre los sectores más polarizados a favor o en contra de la independencia, porque la DUI no puede imponerse, abriría una gran incertidumbre y la consiguiente inseguridad en la población catalana».
¿Qué supondría jurídicamente?
Botella señala que «entraríamos en un mundo de hechos consumados, no de aplicación de normas». Arbós explica que la entrada en vigor de la ley de transitoriedad, que es el equivalente de una constitución provisional, «supondría la transformación del orden jurídico que se vive en Cataluña, seguirían estando en vigor los derechos reconocidos en la Constitución española de 1978, pero sin posibilidad de control de la constitucionalidad de las leyes, ni siquiera de las dictadas por el Parlamento catalán tras la declaración de independencia». Además, «se transformaría el actual Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el Tribunal Supremo, en el que la mayoría absoluta del Parlamento podría nombrar a los presidentes de sala». Se abriría, en fin, «un proceso en el que la asamblea constituyente estaría condicionada por las conclusiones de los debates participativos tal y como fueran presentados por el llamado Foro Social Constituyente». Blanco Valdés apunta a las responsabilidades penales que contraerían las autoridades catalanas, ya que «supondría la consumación de gravísimos delitos, de sedición o directamente de rebelión». De hecho, considera «inconcebible» que Puigdemont y Oriol Junqueras no estén ya imputados por sedición.
Según Senserrich, «lo más probable es que significara la aplicación inmediata del artículo 155, ya que ningún Gobierno aceptaría la secesión sin más». Y añade: «Qué sucede después de eso es difícil de decir, porque nadie sabe realmente cómo reaccionarían los políticos y la administración pública catalana».
¿Los independentistas pueden imponer la DUI?
Para Blanco Valdés, «el Gobierno catalán puede, sin duda, cometer la inmensa irresponsabilidad de proclamar una república catalana, pero esa enloquecida proclamación no tendría ni la más mínima posibilidad de consumarse». Y añade: «Para decirlo con toda claridad: ni un solo Estado democrático del mundo permitiría a estas alturas del siglo XXI la secesión por la fuerza de una parte de su territorio. Y España no sería diferente».
Arbós sostiene que en la práctica «el Gobierno catalán no tiene manera de imponer la independencia, porque en la condición de policía judicial las fuerzas y cuerpos de seguridad actuarían a las órdenes del poder judicial en Cataluña, que en su inmensa mayoría rechaza la secesión unilateral». Y añade que «no podría imponerse materialmente la independencia mediante la coerción si se considera la desproporción de medios para ejercerla entre aquellos de los que dispone el Estado y los que están en manos de la Generalitat».
Para Botella, los secesionistas podrían imponerla de facto, pero no cree que lo hagan, porque «dilapidarían lo que les queda de buena imagen, no tienen los instrumentos necesarios para imponerla de modo efectivo y pondrían en una situación imposible al Gobierno central, que no tendría más remedio que responder por la fuerza, aplicando el articulo 155 de la Constitución o el estado de excepción, lo que significaría tener que dar muchas explicaciones a la UE, que no quiere un precedente de segregación en su territorio, pero tampoco un escándalo». Una Cataluña independiente «tendría que acreditar control sobre el territorio, que es lo propio de los Estados», como señala Arbós, en especial sobre las aduanas y las infraestructuras, lo que el Estado impediría a toda costa.
¿Qué respuesta política cabe por parte del Estado?
«El Estado dispone de instrumentos de muy diversa naturaleza para frustrar esa declaración, aunque el grado de dureza que podría ser necesario para conseguirlo dependerá de la actitud de la Generalitat rebelde y la población insurrecta que la apoye», afirma Blanco Valdés. Concluye que «todos los males que en tal situación pudieran producirse serían, por supuesto, de la exclusiva responsabilidad de una y otro». Para Arbós, la única vía de solución es el diálogo. «La respuesta política debe buscar la efectividad», señala. «Por ello, cuando se hiciera evidente que la independencia no prosperaría, debería empezarse a buscar un diálogo productivo», añade. En su opinión, es «inevitable que para salir del conflicto en algún momento se encuentren cara a cara los adversarios».