El presidente del Gobierno admite que había motivos para haber actuado antes, pero prefirió esperar para ver si se producía una rectificación
22 oct 2017 . Actualizado a las 10:03 h.Destitución del presidente catalán, Carles Puigdemont, del vicepresidente, Oriol Junqueras, y de todos sus consejeros; restricciones a las competencias del Parlamento de Cataluña; convocatoria de nuevas elecciones autonómicas en un plazo de máximo de seis meses; control de los Mossos, de TV3 y de todos los medios de comunicación públicos; intervención total de la economía de Cataluña. En una decisión sin precedentes, y frente a las especulaciones sobre una posible aplicación limitada del artículo 155 de la Constitución, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, optó ayer por una interpretación muy amplia del precepto para asegurar así la restauración del orden constitucional en Cataluña al considerar que «está en grave riesgo el interés general de la nación».
El Gobierno remitió el extenso paquete de medidas adoptado en el Consejo de Ministros al Senado, que será quien tendrá que autorizarlas en un pleno extraordinario el próximo viernes. De ser así, el Gobierno destituirá ese mismo día a todo el Ejecutivo catalán y serán los ministerios correspondientes a cada departamento los que se harán cargo de sus tareas y competencias. En la práctica, Cataluña será gobernada desde Madrid, dado que no se prevé que las autoridades que se hagan cargo de las competencias de la Generalitat ocupen físicamente los despachos en los que ahora trabajan los consejeros. Algo que sin duda habría dado lugar a graves incidentes de orden público. A pesar de que una vez que lo apruebe el Senado habrá autorización para todas ellas, las medidas que se contemplan en el acuerdo serán «graduales en su aplicación», según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Elecciones
Máximo en seis meses. Rajoy explicó que el objetivo último de todas las medidas acordadas es convocar unas elecciones autonómicas «en cuanto se recupere la normalidad». En todo caso, esos comicios se convocarán en un plazo máximo de seis meses. Será el propio Rajoy el que tome esa decisión, ya que la competencia exclusiva de Puigdemont para disolver las Cortes y llamar a las urnas pasará a ejercerla el presidente del Gobierno. Dado que entre la convocatoria y la celebración de los comicios deben transcurrir 54 días, de agotarse los plazos se celebrarían a las puertas del verano. El control del Gobierno sobre la Generalitat se mantendría incluso después de esas elecciones, hasta que fuera investido un nuevo presidente catalán. En teoría, hasta que se aprueben los acuerdos, Puigdemont, todavía presidente legítimo de la Generalitat, podría convocar unas elecciones autonómicas, aunque la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dio a entender que esa convocatoria podría ser nula, dado que el presidente catalán no ha contestado todavía al requerimiento para aclarar si declaró o no la independencia de Cataluña. Respecto a si una convocatoria electoral paralizaría la aplicación del artículo 155, tanto Rajoy como Sáenz de Santamaría señalaron que solo una negativa del Senado a la autorización solicitada podría ya paralizar el proceso.
Destituciones
Puigdemont y todo su Gobierno. El Gobierno solicita al Senado autorización para destituir a todos los miembros del Gobierno catalán. El ejercicio de sus funciones corresponderá a los órganos o autoridades que cree el Ejecutivo para cada departamento. El Ejecutivo no ha anunciado aún si nombrará o no a un coordinador de todos los departamentos, que sería algo así como un «ministro especial» para Cataluña, o si la coordinación dependerá de un órgano colegiado. Una vez que se aprueben las medidas en el Senado, el Gobierno elaborará un organigrama y designará a las personas encargadas de sustituir a los consejeros. Aunque no se dan plazos, el Ejecutivo procederá a esas destituciones con la máxima celeridad, inmediatamente después de que el Senado apruebe los acuerdos adoptados. En los segundos niveles, el cese o la continuidad de los funcionarios de cada departamento dependerá de que acaten o no las instrucciones y cometidos que se les encomienden.
Seguridad y orden público
Trapero será destituido. El Gobierno destituirá al consejero de Interior y también al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, imputado por sedición. Se da por segura también la destitución del director general de la policía autonómica, Pere Soler. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, designará a la nueva autoridad que se hará cargo de los Mossos, labor que probablemente recaiga el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que dará «instrucciones directas y de obligado cumplimiento» a los agentes y podrá desplegar a la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña para que actúen de forma coordinada con los Mossos. El acuerdo prevé incluso que, si es necesario, los miembros de la policía autonómica sean sustituidos por efectivos de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. El Gobierno advierte ya de las responsabilidades disciplinarias en caso de que se incumplan las órdenes, al margen de las «patrimoniales, contables o penales» a las que pudiera dar lugar.
Medios de comunicación
Control de TV3. El Gobierno asumirá el control de todos los medios de comunicación públicos de Cataluña, incluyendo TV3, que ahora ejerce la Generalitat, además de todas las funciones relativas a las telecomunicaciones, los servicios digitales, las tecnologías de la información y el Centro de Seguridad de la Información en Cataluña. Esa decisión comportará el cese del director de TV3, Vicenç Sanchis o que este se ponga a las órdenes de la Secretaría de Estado de Comunicación. Pero, según explicó Rajoy, el control de los medios de comunicación públicos solo tiene por objetivo garantizar la transmisión de información «veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político social y cultural», así como el respeto a los valores de la Constitución y el Estatuto.
Límites al Parlamento
Derecho a vetar iniciativas. El Parlamento catalán seguirá en funcionamiento. Los diputados autonómicos mantienen el ejercicio de sus funciones y tampoco será destituida la presidenta de la Cámara autonómica, Carme Forcadell, a pesar de estar imputada por desobediencia. Sin embargo, se establecen fuertes restricciones a las competencias del Parlamento, que no podrá proponer a un candidato a la presidencia de la Generalitat ni celebrar un debate y votación de investidura. Los diputados podrán seguir aprobado todo tipo de leyes, pero no tramitar propuestas que vayan en contra de las medidas que apruebe el Senado al amparo del artículo 155. «Podrán, por ejemplo, legislar sobre montes o sobre las carreteras catalanas», precisó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Pero el Gobierno, a través de la autoridad que designe, dispondrá de un plazo de 30 días para autorizar o vetar las iniciativas o enmiendas presentadas si considera que van en contra e lo que apruebe la Cámara Alta.
Control al Gobierno
Responderán ante el Senado. La aplicación de las medidas que se contemplan en el acuerdo para la aplicación del artículo 155 no implica que desaparezca el control parlamentario a las autoridades que asuman las competencias del Gobierno catalán. Será también en el Senado en donde recaiga esa función de control, de manera que los representantes del Gobierno tendrán que comparecer cada dos meses ante una comisión de la Cámara Alta para dar cuenta de sus actuaciones. En el Senado, según recordó Sáenz de Santamaría, están representadas las fuerzas políticas y además hay también senadores de designación autonómica.
Los objetivos de la ley
- VOLVER A LA LEGALIDAD «Restaurar la legalidad constitucional» frente a quienes han tratado de «suplantar el marco constitucional y estatutario».
- RECUPERAR LA NORMALIDAD «Que el interés general de los catalanes sea el principio rector de sus responsables públicos por encima de sus intereses políticos».
- SERVICIOS PÚBLICOS Garantizar su mantenimiento y la recuperación económica.
- DERECHOS DE LOS CATALANES «Garantizar íntegramente los derechos de todos los catalanes y proteger la libertad, la seguridad y la pluralidad».
«No se suspende la autonomía», precisa el jefe del Gobierno
Admite que había motivos para haber actuado antes, pero prefirió esperar para ver si se producía una rectificación
G. B.
«No se suspende la autonomía de Cataluña, se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la Constitución y del Estatut». Mariano Rajoy puso ayer especial énfasis en explicar que la aplicación del artículo 155 no supone en ningún caso la suspensión de la autonomía de Cataluña, al estilo de lo que sucedió en Reino Unido con la del Ulster, sino que, al contario, su objetivo es recuperar el autogobierno «para la legalidad y para la convivencia de todos los catalanes, no solo los independentistas».
Con gesto grave, Rajoy admitió que el Gobierno tuvo «muchas oportunidades» de actuar antes, como muchos le demandaban. Citó en especial las sesiones del Parlamento catalán de los días 6 y 7 de septiembre, en las que se aprobaron la ley de referendo y la de transitoriedad, que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional, pero añadió que prefirió «actuar con prudencia, responsabilidad y sentido común» a la espera de que se produjera «una rectificación» que finalmente no tuvo lugar, por lo que no le quedó otra opción. «No era nuestro deseo ni nuestra intención aplicar el artículo 155. Lo hacemos porque ningún Gobierno, de ningún país democrático, puede aceptar que se ignore la ley, que se viole la ley, que se cambie la ley y que todo ello se haga pretendiendo imponer sus criterios a los demás», afirmó durante su intervención en la Moncloa en la que, acompañado de todo su Gobierno, presentó el acuerdo remitido al Senado. Destacó que todas las medidas han sido consensuadas con el PSOE y con Ciudadanos, a los que agradeció un apoyo que interpretó no solo como dado al Gobierno, «que también», sino «como un apoyo al Estado de derecho». Recuperar la normalidad y celebrar unas nuevas elecciones es, según dijo, «lo que quiere la mayoría» y «lo que dice el sentido común», y por eso hay que «abrir una nueva etapa en la que la ley se respete y se recupere la convivencia».
Rajoy dijo no temer la posibilidad de que estas medidas provoquen nuevos episodios de violencia o revueltas en Cataluña. «El único temor que se puede tener en una situación como esta es no cumplir con lo que es tu obligación», respondió. «Lo que me he encontrado enfrente no lo había visto en los muchos años de mi vida política, pero yo no elegí a mi interlocutor. A mi interlocutor lo eligieron otros y ellos tendrán que explicar por qué lo hicieron», concluyó el líder popular.
Desobediencia contumaz
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría recalcó también que ha habido un incumplimiento reiterado de la Generalitat a las sentencias del Tribunal Constitucional. «Por eso se habla de desobediencia contumaz», señaló en referencia a los argumentos que esgrime el Gobierno en su solicitud al Senado. La número dos del Ejecutivo insistió también en que no se trata de una «devolución de competencias al Estado», sino de la sustitución «en un tiempo muy acotado» de un Gobierno catalán que «se ha puesto al servicio de la construcción nacional y el proceso de secesión».
Apoyo total de PSOE y C's a la respuesta del Gobierno, que Podemos descalifica
Los socialistas y el partido de Iglesias se enzarzan en un cruce de ataques mutuos
Fran Balado
El PSOE y Ciudadanos participaron de manera activa en la elaboración del paquete de medidas que el Gobierno elevó ayer al Senado para la intervención en Cataluña. Sobre todo los socialistas, que con su visto bueno para la aplicación del 155 concedieron la llave a Rajoy para que utilizase esta prerrogativa recogida en la Carta Magna. Por tanto, y como no podía ser de otra manera, Pedro Sánchez y Albert Rivera reiteraron ayer en público su apoyo total al Gobierno en su objetivo de devolver a Cataluña a la legalidad.
El presidente de Ciudadanos llevaba semanas presionando a Rajoy para no perder tiempo y aplicar el 155 sin contemplaciones. Ayer celebró desde Barcelona la decisión del Ejecutivo, y confió en que el próximo 28 de enero se puedan celebrar unas elecciones autonómicas con garantías, en las que se disfrute de «una campaña limpia».
Pedro Sánchez se encontraba ayer en Cartagena, en donde participó en un acto de partido. El secretario general socialista señaló al secesionismo como «el brexit de Cataluña», acusando a sus impulsores de pretender la quiebra de «40 años de autogobierno sin parangón». Sánchez volvió a justificar su respaldo al Gobierno en defensa de la legalidad y para poner freno a la «quiebra de la convivencia» que se ha registrado en la sociedad catalana, así como por el gran varapalo económico que está registrando la comunidad, con la numerosa fuga de empresas de la comunidad autónoma o con el desplome de las reservas en el sector turístico, algo que «está poniendo en riesgo empleos». Sin mencionar a Podemos directamente, Sánchez afeó a los formación de Pablo Iglesias que acuse a los socialistas de ser «lo mismo que el PP». «Lo dicen los que votaron en contra de mi investidura como presidente del Gobierno y dejaron que el PP siguiera en Moncloa», dijo.
«Hasta Aznar negoció»
En donde el Gobierno no encuentra ningún tipo de comprensión ni apoyo, y lo cierto es que tampoco lo espera, es en las filas de Podemos y sus confluencias. La mayoría de sus dirigentes destinaron sus ataques más furibundos no al PP o a Rajoy, si no que, como vienen haciendo desde el estallido de la crisis secesionista, prefirieron cargar contra el PSOE y Pedro Sánchez, sus grandes rivales electorales.
«Es un día terrible para la democracia en España. Hasta Aznar negoció con ETA», señaló el secretario de organización, Pablo Echenique, lamentando la aplicación del 155. Echenique acusó a Sánchez de traición, advirtiendo de que «todo eso no lo va a olvidar la ciudadanía». La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau ve en el 155 «un ataque grave a los derechos y las libertades». El secretario general, Pablo Iglesias, prefirió mantenerse en un segundo plano y se limitó a tuitear: «El bloque monárquico cree mostrar autoridad, pero solo revela su incapacidad para ofrecer soluciones y aleja aún más a Catalunya de España».
