El juez deja en libertad contra el criterio fiscal a los detenidos por pagos a Villarejo
ESPAÑA
Los cinco investigados pagaron fianzas de entre 200.000 y 750.000 euros
11 may 2019 . Actualizado a las 16:04 h.El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado este sábado, contra el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la puesta en libertad provisional bajo fianzas que oscilan entre los 200.000 y los 750.000 euros de los hermanos Pérez-Maura, los empresarios Adrián de la Joya y Francisco Javier Soucheiron; y el abogado Enrique Maestre.
En el auto, el juez de la Audiencia Nacional acuerda la libertad bajo fianza de 750.000 euros para Pérez-Maura, de 500.000 para su hermano y para el empresario Adrián de la Joya, ya imputado en el caso Lezo, y de 200.000 euros para los otros dos acusaados, el empresario Francisco Javier Soucheiron, CEO de la naviera Grup Maritim TCB, y el abogado Enrique Maestre.
El magistrado les imputa a los cinco delitos de cohecho, falsedad y encubrimiento. Además a Ángel Pérez y Soucheiron les imputa el delito de cohecho internacional. En la resolución, que fija un plazo de 7 días para depositar las fianzas, el juez impone varias medidas como la prohibición de abandonar el territorio nacional, la retira del pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado.
Los cinco habían sido detenidos este miércoles en relación al pago de 10 millones de euros al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo para que frenase la extradición de Ángel Pérez-Maura iniciada en el 2016 por un asunto de corrupción en Guatemala, que le persigue por el presunto pago de sobornos entre otros, al expresidente Otto Pérez Molina, para conseguir la adjudicación de una infraestructura portuaria.
Las pesquisas se enmarcan en Pitt, la cuarta pieza secreta del caso Tándem, que investiga las actividades ilícitas de Villarejo y que tiene aquí una ramificación internacional, pues Anticorrupción ha acumulado a la causa la investigación por la que Guatemala reclamaba a Pérez-Maura en el 2016, el supuesto pago de 30 millones de euros en sobornos, entre otros, al expresidente del país Otto Pérez Molina, para conseguir la adjudicación de una infraestructura portuaria.
