El diputado y ex secretario de organización de UP queda inhabilitado al ejecutarse la sentencia del Tribunal Supremo por agredir a un policía
22 oct 2021 . Actualizado a las 21:30 h.La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha calificado de «prevaricación» la retirada del escaño al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, ordenada este viernes por la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al ex secretario de organización de Podemos por agredir a un policía durante una manifestación en el 2014.
La acusación de Belarra no se quedó en un simple juego de palabras. Tras lanzar la secretaria general del partido su acusación en Twitter, Podemos anunció a través de un comunicado que va a presentar una querella contra Batet por prevaricación al entender que ha cometido un acto ilegal al ceder ante el Supremo.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que no hay «un solo argumento legal» que permita la pérdida de su condición de diputado, como explicaron los letrados de la Cámara. Y por tanto cree que detrás de la decisión del Supremo y de Batet «está la reacción judicial y política más profunda», lo que constituye «un asalto a la democracia», según recoge Europa Press.
Las críticas desde el flanco de Unidas Podemos del Gobierno se han producido tras conocer que Batet ha comunicado esta tarde a Rodríguez la pérdida de su acta en ejecución de la sentencia del Supremo que le condena a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio.
Comunicación a Alberto Rodríguez
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha decidido ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que condena al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y ha comunicado al condenado la pérdida de su escaño.
Según han informado fuentes de la presidencia de la Cámara y recoge Europa Press, Batet ha comunicado este viernes a Rodríguez el oficio del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por el que se da traslado de la sentencia de la Sala Segunda, que comporta la pérdida de su condición de diputado, y del auto por el que se dispone su ejecución.
Atentado contra un agente de la autoridad
El Supremo condenó a Rodríguez por un delito de atentado a un agente de la autoridad a una pena de un mes y medio de prisión, sustituida en el fallo por una multa de 540 euros, y otra accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo.
Precisamente esa sustitución de la pena de cárcel por una sanción -que además el diputado condenado ya ha pagado- es lo que esgrimieron los letrados del Congreso en el informe que redactaron sobre este caso, donde concluían que la sentencia del Supremo no debía tener efectos extrapenales.
Informe de los servicios jurídicos del Congreso
De hecho, los servicios jurídicos argumentaban que la pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado que el diputado morado perdiera el escaño, no llegó «a nacer en ningún momento», al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica.
La Mesa del Congreso analizó ese informe en su reunión del pasado martes, un documento en el que PSOE y Unidas Podemos, con mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara, se apoyaron para mantener en su escaño a Rodríguez. El PP y Vox protestaron al entender que la condena del Supremo era clara y que lo único que debía hacer la presidenta es ejecutarla y no «interpretarla».
Un día después de que la Mesa se posicionara, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, dirigió un oficio a Batet pidiéndole que remitiera al Alto Tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a Rodríguez.
Solicitud de aclaraciones
Este oficio llevó a la presidenta de la Cámara a reunir de nuevo el jueves por la tarde al órgano de gobierno del Congreso. En esa cita, Batet trasladó a sus compañeros que interpretaba que el alto tribunal estaba pidiendo que el Congreso inhabilitara a Rodríguez, pero les consultó la conveniencia de pedir aclaraciones al Supremo sobre los efectos de la sentencia.
Mientras que el PP y Vox insistían en que no hacían falta más aclaraciones, los representantes del PSOE y Unidas Podemos se posicionaron a favor de solicitar detalles al alto tribunal, decisión que finalmente acabó adoptado Batet al término de la reunión de la Mesa, dado que es ella era la competente para dar respuesta al oficio.
La contestación a esa solicitud tardó apenas unas horas. Este mismo viernes, Marchena respondía a Batet que descartaba cualquier error en la sentencia, que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria «obligada» y que el Supremo no está para asesorar a otros órganos del Estado.