La crisis de la Justicia estalla en plena precampaña con la amenaza de una huelga indefinida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado vía libre a los ministerios de Justicia y Hacienda para negociar directamente la subida de sueldos de los funcionarios de la Administración de Justicia, incluidos jueces y fiscales, y frenar la conflictividad laboral que vive el sector desde que se inició el año con dos huelgas consumadas y una tercera convocada. El objetivo de la Moncloa pasa por evitar que los paros anunciados este mes salpiquen la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo, que oficialmente comenzará este viernes, día 12.

Sánchez y sus ministras Pilar Llop (Justicia) y María Jesús Montero (Hacienda) ya asumen que para satisfacer las demandas de los profesionales de la justicia será necesario desembolsar unos 240 millones de euros, según el cálculo estimado por el departamento de Llop y los sindicatos que representan a los funcionarios de base. Esta partida millonaria se tramitará como crédito extraordinario al presupuesto aprobado para Justicia en el 2023, cifrado en 2.197 millones, de los cuales 1.785 se dedican de forma íntegra a gasto de personal, un 8 % más (138 millones) respecto al ejercicio pasado del 2022. A estos 240 millones del fondo de contingencia se suman los 22 millones que ya acordaron a finales de marzo Justicia y Hacienda con las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) para incrementar su salarios entre 430 y 450 euros brutos al mes. Este anuncio puso fin a los dos meses de huelga indefinida —la primera en democracia en la Administración judicial— protagonizada por este cuerpo superior jurídico. Un paro que tuvo graves consecuencias para el funcionamiento de los juzgados y tribunales de todo el país, con 356.000 juicios y vistas suspendidos y más de mil millones paralizados en la cuenta de consignaciones. 

Desgaste en el Gobierno

Además, provocó un importante desgaste en el equipo de Llop y en el Gobierno por su estrategia negociadora, diametralmente opuesta a la que se sigue ahora con jueces y fiscales, a quienes ofrecieron una subida de sueldo nada más sentarse en la mesa el pasado miércoles.

Este cambio de paso se evidenció al día siguiente en la rueda de prensa de Sánchez junto a su homólogo colombiano, Gustavo Petro. El presidente se refirió a la situación del personal de la Justicia y aseguró que la voluntad negociadora de su Gobierno «es absoluta».

Se refería así a la reunión de la mesa de retribuciones celebrada la víspera con las asociaciones judiciales y fiscales. En esta cita, que tendrá continuidad este lunes a las 11.30 horas en la sede del Ministerio de Justicia, el Ejecutivo anuncio 44,5 millones para mejorar el salario de los 5.600 jueces y los 2.700 fiscales. En detalle, la propuesta supone de media un aumento salarial de entre 300 y 490 euros brutos al mes, según el cargo y la condición de estos integrante del Cuerpo Superior Jurídico. Sánchez emplazó a la parte demandante a valorar esta cantidad y debatirla en la reunión de este lunes. A cambio, solo hubo una petición por parte de los secretarios de Estado de Justicia y Hacienda presentes en la negociación: que los colectivos de togados suspendan la huelga indefinida señalada a partir del 16 de mayo. Pero la respuesta fue negativa.

Los convocantes se mantienen firmes a la espera de presentar una contraoferta que vaya más allá de una subida general de su retribución. Esto es, que incluya compromisos respecto a las guardias —consideran «sangrante» que se cobre en muchos casos un euro la hora—; recuperar el 4,7 % del salario base perdido en mayo del 2010, tras el recorte del Gobierno del PP que sí recobró el resto de funcionarios; o el refuerzo de las plantillas y las unidades judiciales con el fin de mitigar la sobrecarga laboral, según el documento marco al que ha tenido acceso este periódico.

12 jueces por cada 100.000 habitantes

España contabilizaba en torno a 12 jueces por cada 100.000 habitantes en el 2018 cuando la media europea es de 17,6, pero en el 2022 la ratio española se redujo a 11,2. A esto se suma que la tasa de litigiosidad es una de las más elevadas de la UE: solo el pasado año subió un 6,3%, mientras que el tiempo medio de resolución de los asuntos disminuyó de forma leve, con el consiguiente sobreesfuerzo laboral para los jueces. El tercer actor que está en pie de guerra son los funcionarios de base: gestores procesales, tramitadores, personal de auxilio judicial o médicos forenses. También se han movilizado los abogados del turno de oficio (unos 44.000 están adscritos a la asistencia jurídica gratuita), quienes piden un incremento de las retribuciones a las administraciones central y autonómicas.

El primer grupo, a cuyos miembros la ley sí les permite estar sindicados, tiene convocadas seis fechas de huelga este mes si el Gobierno no mueve ficha. Denuncian que han asumido gran parte de la carga de trabajo de los letrados judiciales «sin ver ni un euro» con la nueva oficina judicial y avisan de que también tienen fuerza para paralizar la actividad judicial, porque por sus manos «pasa el cien por cien de los asuntos». En dos reuniones celebradas el 20 y el 24 de abril, los sindicatos presentaron una oferta al secretario general de Justicia, Manuel Olmedo, para el aumento de sus retribuciones entre 350 y 430 euros al mes. Esta cifra supondría un desembolso del Gobierno de entre 190 y 200 millones, según estima CSIF. De momento no hay respuesta, aunque el ministerio dejó abierta la puerta a negociar también el desempeño de estos empleados en los tres proyectos que tramita el Parlamento: los de eficacia organizativa, procesal y digital del servicio de justicia, en los que tendrán un papel central.

¿Tienen derecho los jueces a parar su actividad? El CGPJ dijo que no en el 2009 y el 2012

«¿Cómo me va a parecer razonable que un poder del Estado ejerza la huelga frente a otro poder del Estado?». Quien devuelve la pregunta, como un dardo, es una exmagistrada del Constitucional que por respeto al tribunal prefiere responder desde el anonimato a un dilema con aristas que ha desempolvado la amenaza de parálisis en la justicia a partir del 16 de mayo: ¿pueden ejercer los jueces el derecho a la huelga que asiste a «los trabajadores» consagrado en el artículo 28.2 de la Carta Magna? Los convocantes se consideran «también titulares» del mismo y en ello apoyan el registro de su iniciativa; la jueza interpelada cree que no, a pie de Constitución y al tratarse, insiste, de un poder del Estado; en esta última reserva coincide la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes, quien, sin embargo, objeta que la norma suprema de 1978 «no prohíbe» expresamente ese derecho para la Magistratura; pero el Consejo General del Poder Judicial negó en los precedentes del 2009 y del 2012 que exista «cobertura legal» que ampare la huelga. Una decisión que derivó en otra nada baladí: al considerar ambas convocatorias fuera de la ley, el CGPG rehusó fijar unos servicios mínimos.

La disyuntiva, si cabe, resulta esta vez más aguda porque este es el primer paro «indefinido» con el que amagan jueces y fiscales en democracia. El paso que dieron la asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente el 18 de febrero del 2009, bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, no tenía ese carácter. Con Mariano Rajoy ya al frente del Ejecutivo el PP, Jueces para la Democracia llamó a secundar la huelga general de CC. OO. y UGT del 14 de noviembre del 2012.

El CGPJ zanjó que la Magistratura no puede acogerse al derecho del artículo 28 de la Constitución. Y como el derecho no existía según su interpretación unánime, tampoco decretó servicios mínimos en su calidad de máximo órgano de gobierno de los jueces. El Consejo del 2023, atenazado por el insólito bloqueo en su renovación, se ha limitado por ahora a avalar las reivindicaciones de los convocantes de la nueva huelga aguardando acontecimientos y sin entrar a evaluar si pueden ejercer esa prerrogativa constitucional o no. Pero algunas voces del CGPJ ya anticipan que si las negociaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez naufragan y la sangre llega al río, pedirán que se garantice la asistencia básica a la ciudadanía con independencia de que los vocales se reafirmen o no en que la Judicatura está excluida del derecho constitucional del artículo 28.

Sin posible sindicación

Si los jueces pueden ir a la huelga continúa siendo una cuestión tan poco pacífica como aún irresuelta a tenor de la disparidad de criterios que afloran. Aunque el marco es problemático en origen y no se acota a las reivindicaciones de los togados: España tiene garantizado, en efecto, el derecho a la huelga en la Constitución, pero en más de 40 años de democracia no ha sido desarrollado por la ley específica que prevé el artículo 28.2. Así que continúa operativo, con algunos reajustes, el real decreto-ley del 4 de marzo de 1977; es decir, el rubricado en el período transitorio entre la dictadura y el refrendo constitucional. A partir de ahí, jueces y magistrados se rigen por lo que dicta la Carta Magna y la Ley Orgánica del Poder Judicial, un marco que veta al colectivo la militancia partidaria y la sindicación, pero que sí le permite canalizar sus demandas a través de las asociaciones profesionales.

¿Se halla el derecho a la huelga de los jueces, entonces, en un limbo? ¿Existe un vacío legal? «Para nada», sostiene la exmagistrada del TC, persuadida de que esta es una prerrogativa individual pero que se ejerce, necesariamente, como una «acción colectiva» a la que, de manera extensiva, los togados no podrían acogerse dado que tampoco pueden encuadrarse en sindicatos. Freixes, por el contrario, sí aprecia una laguna que vincula con que el poder político no ha cogido este toro por los cuernos y a que hay, también, un «sector de juristas que creen que la mejor ley de huelga es la que no existe». Las asociaciones que amenazan con el paro infieren que sí están legitimadas para ello en virtud del artículo 401.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre sus funciones.

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