La subasta por el poder ha comenzado. Una mitad de los independentistas catalanes, la de Esquerra, le ha puesto un precio que el PSOE de Pedro Sánchez parece dispuesto a pagar, incluso contra el PSOE de Adrián Barbón, el de Emiliano García-Page y el de los líderes autonómicos que tendrán que defender en sus territorios que una minoría de españoles, los catalanes, pueden gastar a manos llenas, que el resto pagaremos sin rechistar sus desmanes y caprichos en referendos, embajadas independentistas y estudios para ver si Cervantes y Colón eran realmente catalanes.
Porque eso es lo que se discute en estos momentos. Quién paga la fiesta de la investidura. Sánchez, que perdió las elecciones y tiene 16 diputados menos que Feijoo, sabe que los separatistas tienen un precio, caro, pero un precio al fin y al cabo. Esquerra ha iniciado la subasta. Y al PNV y a Bildu les da igual porque el País Vasco, y Navarra, tienen su propio paraíso fiscal en forma de cupo, consagrado en la Constitución.
Esquerra necesita ofrecer algo tangible para no quedarse atrás en la huida hacia delante de Carles Puigdemont. Amnistía y referendo son imposibles en el actual escenario electoral, con el PP controlando el Senado y sin mayoría suficiente para reformar la Constitución.
Por eso, Sánchez, como antes hicieron Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero o el mismo Mariano Rajoy, pretende aplacar con muchos miles de millones de euros el disparate soberanista del último decenio.
Los más de 71.000 millones que el líder socialista pretende perdonar a Cataluña equivalen a siete años y medio de pensiones de todos los gallegos, por ejemplo, una comunidad que sigue semiaislada porque el Ministerio de Transportes no encuentra 26 millones, sí, 26 millones, de euros para acelerar la reconstrucción del viaducto de la A6 que lleva más de un año caído. O para mejorar el servicio de trenes del que solo llegan promesas de que en unos meses estarán listos. O para denegar las inversiones que proyectos transformadores como el de Stellantis en Vigo o Altri en Palas de Reis necesitan para intentar evitar la sangría demográfica.
Sánchez está dispuesto a ignorar las necesidades de 30 millones de españoles para que Puigdemont y Junqueras, un huido y un condenado por sedición y malversación, le presten sus votos hasta la siguiente votación. Y todo ello con el silencio de un BNG que ya fue engañado en el 2019 con falsas promesas y que ahora antepone el criterio ideológico y su afinidad con los separatistas catalanes y vascos a la oportunidad de hacer valer realmente su único voto.