Junts internacionaliza el conflicto, reclama un referendo de autodeterminación y la cesión del 100 % de los impuestos a Cataluña
09 nov 2023 . Actualizado a las 18:06 h.El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts per Catalunya (JxCat), el partido de Carles Puigdemont, han llegado a un acuerdo para que Pedro Sánchez obtenga los siete votos que necesita para su investidura como presidente del Gobierno. El pacto pone sobre la mesa todas las reivindicaciones sostenidas por los independentistas catalanes a lo largo de los últimos años. En el acuerdo destaca la concesión de una amnistía a todos los implicados de alguna forma en el procès y la incorporación de un mediador internacional para supervisar las negociaciones para un referendo de autodeterminación y para la cesión del 100 % de los impuestos a Cataluña.
El documento explica que, ante la desconfianza de ambas partes, «PSOE y Junts han acordado dotarse de un mecanismo internacional» para vigilar toda la negociación, que se concentra en los siguientes puntos:
- Metodología de la negociación. El acuerdo recoge que «para dotar al proceso de certidumbre» habrá un «mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento» sobre el que no se ofrecen más detalles, salvo que este será el foro para abordar los «disensos» que surjan en el desarrollo de los acuerdos.
- Contenido de los acuerdos. Dos asuntos concentran las reinvidicaciones de Junts: un referendo de autodeterminación para superar lo que consideran «límitaciones del autogobierno» y la cesión a Cataluña del 100 % de los impuestos que se recaudan en su territorio.
- Referendo de autodeterminación. Junts señala que «propondrá la celebración de un referendo de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución». (El artículo 92 recoge que el referendo tendría que ser convocado por el rey, a propuesta del presidente del Gobierno, con autorización previa del Congreso de los Diputados y para que voten «todos los ciudadanos»). Por su parte, en el documento el PSOE plantea «el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña» en base al Estatut del 2006.
- Cesión del 100 % de los impuestos. Junts apuesta por una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que establezca «una cláusula de excepción de Cataluña» que reconozca su singularidad respecto a otras comunidades y que «facilite la cesión del 100 % de todos los tributos que se pagan en Cataluña». El PSOE por su parte, ofrece «un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña», apostar por «medidas financiaras que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña» y «un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años».
- Ley de amnistía. Al contrario que en los puntos anteriores, aquí el texto se presenta como algo cerrado. Refleja que esta amnistía «debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta del 2014 y del referendo del 2017, han sido objeto de decisiones o procesos vinculados a estos eventos». En la práctica, el beneficio se extiende hasta este mismo año. Se citan incluso «situaciones comprendidas en el concepto de lawfare o judicialización de la política», poniendo en cuestión la legitimidad de los procedimientos emprendidos por los jueces españoles.
- Ampliación de la presencia internacional. Se consigna una mayor participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales.
- La investidura de Pedro Sánchez, «con el voto a favor de todos los diputados de Junts».
- La estabilidad de la legislatura, «sujeta a los avances y cumplimientos de los acuerdos que resulten de las negociaciones».
Estos seis puntos quedan recogidos en un documento que empieza con una larga disertación histórica que se retrotrae hasta los Decretos de Nueva Planta (principios del siglo XVIII) y refuerza toda la retórica nacionalista sobre la abolición «de las constituciones e instituciones seculares de Cataluña», lo que habría dado lugar a períodos de «persecución activa» de los derechos de los catalanes. Situaciones con las que se justifica que «una parte relevante de la sociedad catalana no se haya sentido identificada con el sistema político vigente en España».
A partir de ahí, este relato se va acercando a la actualidad con «la consulta popular del 9 de noviembre del 2014», el «referendo de independencia del 1 de octubre del 2017» y el intento del Gobierno por impedirlo con «unas imágenes que nos impactaron a todos». Luego vino la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, con la que se disolvieron el Gobierno y el Parlamento de Cataluña y se iniciaron las causas judiciales aún por resolver y a las que ahora dicen que le van a poner remedio con este acuerdo. Citan incluso que estos procesos, al margen de su «incidencia política relevante», están bajo la lupa de organismos internacionales como el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
En base a esta interpretación de los hechos, Junts y el PSOE presentan el acuerdo para la investidura de Sánchez como una «oportunidad histórica» para alcanzar «una solución política y negociada al conflicto» que debe responder «a las demandas mayoritarias del Parlamento de Cataluña». Y se centran en lo que llaman «acuerdos» que en realidad están concebidos como una exhibición de diferencias. De hecho, ya empiezan a formularlos desde el reconocimiento de unas «profundas discrepancias» y «desconfianzas mutuas». Una situación que les da pie para encajar la petición de Junts y «dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso».
Una de las cuestiones que se abordan en esta parte en apariencia dispositiva del acuerdo es que Junts «considera legítimo el resultado y el mandato de referendo del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre del 2017» y el PSOE le «niega toda legalidad y validez».