Notificaron al Concello que no ejecutarán las licencias concedidas
25 sep 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Muchas de las licencias de urbanizaciones concedidas en el año 2006 en el Ayuntamiento de Barreiros, correspondientes a proyectos para construir 5.700 viviendas, no han llegado a iniciarse. Buena parte de ellas fueron paralizadas por el juzgado tras las denuncias presentadas por el bipartito autonómico (PSOE-BNG). La crisis inmobiliaria puso la puntilla y de las 5.700 viviendas, según una estimación que ayer realizaba el alcalde, Alfonso Fuente Parga (PP), se habrán ejecutado poco más de un millar. Con el paso de los años, muchas empresas de construcción con proyectos en Barreiros quebraron y otras, como ha ocurrido recientemente, han renunciado ya formalmente a ejecutar las licencias.
Así lo desveló el propio Alfonso Fuente. Habló en concreto de dos promociones que ya no se iniciarán, una en la recta de San Pedro, cuya finca está todavía cerrada por vallas metálicas -ahora desvencijadas- donde se proyectaban unas 350 viviendas. Otra se iba a hacer en San Miguel de Reinante, al término de la recta en dirección a Ribadeo, en las proximidades del antiguo bar O Tropezón. En total son unos 600 pisos, según estimó Fuente, que no se ejecutarán.
El bum urbanístico que se apuntaba en Barreiros no ha llegado a producirse, ni mucho menos, en la dimensión que se auguraba. No se inician nuevas promociones y la mayoría de la que se paralizaron siguen sin reanudarse.
No obstante, el caso de Barreiros sigue dando de qué hablar periódicamente en el Parlamento de Galicia. Esta semana fue como consecuencia de una iniciativa del PSOE.
en su respuesta, la Xunta de Galicia expuso su opinión de que un nuevo plan general de ordenación municipal (PXOM) es la herramienta que permitirá ordenar y proteger el territorio de Barreiros. La secretaria xeral de Ordenación do Territorio, Encarnación Rivas, manifestó que Barreiros necesita «sen máis dilación» este plan, que ya se está tramitando y que en su documento inicial estipula un giro radical en la planificación, estableciendo como prioridad frenar la actividad inmobiliaria y favorecer la actividad agroganadera.
La estimación de la Xunta es que se apruebe en el 2015. Mientras, desde el PSOE se acusó al Gobierno gallego de favorecer a los que vulneraron la legalidad y de renunciar a exigir responsabilidades.