España y Francia pierden la batalla de Londres por el seguro del «Prestige»
GALICIA
La Corte de Apelaciones da la razón a la aseguradora y obliga a ambos países a reclamar los 924 millones de la póliza en un tribunal de arbitraje británico
09 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Estrasburgo, Brest, Corcubión, Nueva York, Burdeos, A Coruña, Madrid y Londres. Esta es la toponimia judicial del caso Prestige, el más global de la historia judicial española. La última batalla perdida después de la sentencia sin culpables de la Audiencia de A Coruña y del fracaso de la acción civil contra ABS en Estados Unidos ha tenido lugar en la Corte de Apelaciones de Londres, donde España y Francia, haciendo equipo contra la aseguradora del petrolero, habían recurrido la sentencia de la Justicia británica que servía para blindar los mil millones de dólares (924 millones de euros) de la póliza que el London Steam-Ship Owners? Mutual Insurance (en adelante London P&I Club) suscribió con el armador para cubrir un posible vertido como el del Prestige. Esta sentencia obligaba a España y Francia a someterse a las condiciones de la póliza en caso de que dirigieran su reclamación sobre el seguro, algo que es inevitable dada la presunta insolvencia del armador y la operadora. Y las condiciones de la póliza consistían en que esa reclamación debe dirimirse mediante un arbitraje en territorio británico y no en las jurisdicciones española o francesa. La sentencia se hacía pública el 22 de octubre del 2013, semanas antes de que se conociera la sentencia de la Audiencia Provincial de Coruña, que solo condenaba al capitán de un delito de desobediencia que no llevaba aparejado el cobro de indemnizaciones. La aseguradora del Prestige quería protegerse frente a posibles reclamaciones de responsabilidad civil jugando en casa. Y parece que lo ha conseguido.
Los abogados que representan a ambos países recurrieron hace unos meses esta decisión ante la Corte de Apelaciones. Hace unos días, el 1 de abril, los tres magistrados del tribunal -Moore-Bick, Patten y Tominson- confirmaron la sentencia anterior y comunicaron a los representantes de ambos países que cualquier aspiración sobre el seguro del petrolero accidentado en noviembre del 2002 estaría sujeta a las leyes británicas y los tribunales de arbitraje de ese país.
Ambos países habían argumentado que, como Estados soberanos, no estaban sujetos a las decisiones de la jurisdicción británica. Pero sin quererlo han sido conducidos a un laberinto jurídico del que va a ser muy difícil salir airosos. En medios marítimos londinenses se especulaba con la posibilidad de que los abogados intenten llevar ahora el caso al Tribunal Supremo británico, pero es una posibilidad procesal que aún no está clara.
El armador paga antes
Por tanto, cualquier reclamación que exceda el límite de responsabilidad del convenio de 1992 -los 22,7 millones que el seguro depositó en una cuenta judicial- debería resolverse mediante un arbitraje en Londres. Y solo se desembolsará más dinero si antes lo hace el armador. Es decir, según la norma a la que deben atenerse España y Francia, la aseguradora solo pagaría al propietario y no a un tercero, pero siempre que el armador responda antes por los daños.
Pendientes de la decisión del Supremo español, que estudia si se celebra una vista
La batalla judicial contra la aseguradora del Prestige en Londres solo tiene sentido si el Tribunal Supremo, que sigue estudiando la causa, revierte la decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña y condena a algunas de las partes -que no sea el propio Estado español- con una pena que lleve aparejada la responsabilidad civil. El delito de desobediencia con el que se condenó al capitán Mangouras no lleva aparejado el pago de indemnizaciones y algunas partes -diecinueve presentaron recursos ante el Alto Tribunal- argumentaron que, en este caso, debe reconsiderarse esta decisión. La desobediencia, aducen otros, llevaría aparejada en esta causa un delito contra el medio ambiente.
Aunque el magistrado del Supremo y ex fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció el año pasado que el fallo sobre el recurso de casación podría estar listo en el primer trimestre de este año, la sala a la que pertenece este magistrado parece que está estudiando si se celebra una vista previa para que las partes expongan sus puntos de vista sobre los recursos propios y ajenos. La vista fue solicitada por numerosas partes en el procedimiento, pero es poco común que los magistrados del Supremo accedan a celebrarla.
De esas 19 partes que apelaron al Supremo solo 12 buscan una reparación económica, entre ellas el Estado español y francés, la Xunta y la Fiscalía. Francia reclama que se consideren responsables civiles, de forma solidaria, el capitán, el jefe de máquinas, el propietario del buque, la operadora y la aseguradora. El Supremo decidió hace unos meses notificar la sentencia de la Audiencia y el procedimiento a la aseguradora, el London P&I Club.