La resolución de los recursos se retrasa por el cambio de ponente. Se da por hecho que la sentencia será examinada en una vista en el alto tribunal
23 jun 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Los retrasos y los largos compases temporales han sido consustanciales al caso Prestige. Diez años de instrucción, más de nueve meses de juicio y una sentencia que llegó en noviembre del 2013 y que fue cuestionada en casación por diecinueve partes presentes en el proceso. El Supremo estudia desde hace más de un año el proceloso sumario del caso más complejo relacionado con supuestos delitos medioambientales, después de que la sentencia dejara sin culpables los principales delitos de las acusaciones y solo condenara al capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, por un delito de desobediencia que no llevaba aparejada la responsabilidad civil. Los más de mil millones de euros en daños y los 4.000 en los que la Fiscalía valora el efecto global de la marea negra se han quedado por tanto sin pagador y es precisamente esta circunstancia lo que intentan revertir los recursos, pues doce de ellos -algunos con múltiples afectados- reclaman una reparación económica por los daños. Distintas fuentes jurídicas consideran que el desenlace se conocerá después del verano, tras la más que probable celebración de una vista en las que las partes expondrán sus puntos de vista sobre el recurso de casación.
El fallo del Supremo, que según el magistrado Cándido Conde-Pumpido debería haberse producido en el primer trimestre de este año, se retrasa por múltiples factores. Primero por la traducción al griego de la sentencia para notificársela al capitán y al jefe de máquinas. Después por el intento para emplazar a la aseguradora del buque, el London Steam-Ship Owner?s Mutual Insurance (London P&I Club), contra la que la mayoría de las partes dirigen sus pretensiones de reparación económica al ser la única fuente solvente del entramado empresarial del petrolero. Y ahora por un nuevo cambio en el ponente del caso. En un principio fue el presidente de la sala segunda del Supremo, Juan Saavedra Ruiz, que se jubiló en septiembre del año pasado. Después le sucedió Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, que por razones de salud fue relevado hace unas semanas por Ana María Ferrer, conocida por ser la jueza que instruyó el caso Roldán. Distintas fuentes jurídicas coinciden en que cambiar a la persona que tiene que estudiar en profundidad la causa supondrá un retraso inevitable, pues el nuevo ponente tiene que ponerse al día. Así que la vista que solicitaron la mayoría de los recurrentes y que los magistrados del Supremo parece que ya han aceptado se podría celebrar después del verano. Será entonces cuando los magistrados elaboren el fallo que pondría punto final al recorrido penal del Prestige.
La Fiscalía recurrió la sentencia porque considera que del delito de desobediencia puede derivarse una responsabilidad civil y cree que es imposible» desligar dicha desobediencia de un delito medioambiental, al generar un riesgo.