El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en la paralización de obras del AVE entre el 2014 y el 2017
GALICIA
Relata un sinfín de retrasos, descoordinación, falta de previsión y decisiones que no se ajustaron a la ley en parte de los dieciocho contratos suspendidos
23 ene 2020 . Actualizado a las 14:06 h.El Tribunal de Cuentas acaba de publicar el informe de fiscalización sobre la suspensión de obras que afectaron a distintas líneas de alta velocidad, entre ellas la gallega, en la que llegó a haber 18 contratos que fueron objeto de alguna paralización entre el 2014 y el 2017, período en el que Ana Pastor (PP) era ministra de Fomento (diciembre del 2011 a junio del 2016) y Gonzalo Ferre, presidente del ADIF (enero del 2013 a noviembre del 2016). Estos tajos comenzaron a ser desbloqueados cuando llegó al ministerio Íñigo de la Serna, que debido a esas incidencias retrasó a diciembre de este año una línea que estaba prevista para finales del 2018, un plazo que pactó con el Gobierno gallego.
Estas suspensiones, que obedecían a distintas causas, motivaron que el nivel de ejecución presupuestaria no llegara ni a la mitad (49,2 %) de lo que estaba previsto invertir, y provocaron una serie de demoras que aún arrastran las obras. Pero lo más relevante es que el Tribunal de Cuentas encuentra distintas irregularidades en algunos de los once expedientes que ha fiscalizado. Así, en la vía izquierda de Vilariño-Campobecerros se aprobaron obras complementarias para los problemas detectados en los túneles de Bolaños que se deberían haber tramitado como proyecto modificado. Pero el tribunal constata que se evitó esta fórmula «ya que dicho contrato fue objeto de dos modificaciones del proyecto» y otro más excedería el 10 % del precio de adjudicación, algo que la ley no permite.
En diciembre del 2016 se acordó la suspensión total de las obras, cuando se había ejecutado el 100 % del importe de adjudicación. Esto se debió a una nueva modificación del proyecto, «si bien no resulta coherente que se acuerde la suspensión de las obras para tramitar una modificación del contrato si se había ejecutado ya la totalidad del mismo», se asegura en el informe.
En otros casos, como el proyecto de la variante de Ourense entre Seixalvo y la estación, Cuentas detecta «una falta de coordinación entre las administraciones intervinientes». El montaje de la vía entre Olmedo y Pedralba de la Pradería «fue objeto de trece ampliaciones del plazo de ejecución que lo incrementaron en sesenta meses» como consecuencia de la tramitación de un modificado.
Tres años de retraso
El tramo Cerdedelo-Prado sufrió tres suspensiones por una serie de incidencias geológicas, concretamente la presencia de una falla en la excavación de un túnel. En este punto Cuentas ve decisiones contrarias a la legislación vigente, pues se modificó el proyecto constructivo, cuando la normativa solo prevé «variaciones estrictamente indispensables». El plazo para este tramo estaba fijado en tres años y tardó tres años más.
En Vilariño-Campobecerros se aprobó el gasto de la certificación final nueve meses después de la recepción de la obra, algo que va en contra de la normativa, «que establece un plazo de tres meses». Este hecho ocurrió fuera del período fiscalizado por el tribunal, en septiembre del 2018. En el tramo Prado-Porto, el modificado aprobado fue debido, según los fiscalizadores, a una «falta de previsión, al tratarse de trabajos que debían haberse conocido con anterioridad y haberse recogido en el proyecto constructivo originario».
Todo este rosario de suspensiones llevaron a seis adjudicatarios a presentar reclamaciones al ADIF por un importe de casi 80 millones de euros, de los que por el momento solo se abonaron cinco.
La exministra de Fomento, Ana Pastor, en su escrito de alegaciones, asegura que un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria suscrito por su predecesor, José Blanco, «conllevó la rescisión de contratos y obligó a reprogramar obras que entonces se estaban ejecutando». Y se remite a las explicaciones que den a este respecto tanto el ADIF como Fomento.
