El Alvia de Angrois ya casi es chatarra pese a recobrar ahora protagonismo judicial
GALICIA
El juez ordenó hace unos días al perito que investigara el supuesto borrado de averías en Talgo
23 ago 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Fue una casualidad inquietante. La gran explanada donde se almacenaron los restos del Alvia accidentado en Angrois, en las instalaciones de Grúas Estación (A Escravitude, Padrón), está muy cerca del lugar donde hace 68 años se produjo el choque de los vagones cisterna que se soltaron de un convoy que transportaba combustible con un tren de viajeros, provocando once víctimas mortales que murieron calcinadas tras la explosión y el posterior incendio.
Hace ya más de un año que el juez instructor del caso Alvia autorizó a Renfe convertir en chatarra buena parte del tren que descarriló a las puertas de Santiago en julio del 2013, causando 80 muertos y 144 heridos. Desde entonces, a pesar de contar con el permiso judicial, no se ha tocado ni un vagón. Solo hace unos días, como publicó El Correo Gallego, comenzó el desguace de las primeras unidades para proceder a su despiece in situ, un proceso en el que solo se recuperarán piezas mecánicas y electrónicas muy concretas del convoy.
El trabajo ha ido rápido, y en la explanada apenas quedan cuatro de los once vagones. En dos semanas podrá terminarse. Pero siguen estando allí las dos cabezas motrices, que podrían aportar pruebas sobre el asunto que centra ahora la investigación judicial y que motivó incluso que se paralizara la hoja de ruta hacia el esperado juicio oral: la denuncia de un exmecánico de Talgo que, en una declaración jurada, aseguró que varios directivos de la empresa ordenaron borrar del registro ciertas averías del tren que él mismo había apreciado, poco después de que se conociera que había descarrilado en la curva de Angrois. En su declaración posterior en sede judicial, el exempleado de la empresa líder en construcción de trenes matizó que no se trató de un borrado en sentido estricto, sino una presunta manipulación del sistema Casandra que sirve para gestionar el calendario de reparaciones de estos defectos. Según declaró, se dieron por reparadas anomalías que estaba previsto solventar más adelante, algo que Talgo niega.
El juez, pese a haber ordenado en un auto reciente que el perito encargado de analizar el material rodante realizara un nuevo informe en relación a estas revelaciones, parece que no ve material suficiente por el momento para imputar a los directivos del fabricante. Tan solo quiere despejar si los defectos que enumeró el testigo «pudieran tener efectos en el accidente». Pero el propio instructor, Andrés Lago Louro, parece quitar hierro a esta nueva línea de investigación, al recordar en ese mismo auto que el propio denunciante declaró que se trata de elementos «relacionados con el confort de los viajeros» y que las averías detectadas en el foso de inspección fueron subsanadas antes de salir de los talleres de Fuencarral el 22 de julio del 2013, dos días antes del accidente.
La portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, consideró hace unos días «un auténtico despropósito» el inicio del despiece del tren, recordando que a día de hoy aún no se ha realizado una investigación técnica independiente sobre las causas del accidente, como reclama la Comisión Europea. Y anunció que denunciará estos hechos en Bruselas.
Pero también las víctimas mostraron su rechazo a esta decisión, especialmente ahora que el juez ha ordenado nuevas diligencias para investigar si directivos de la empresa Talgo, encargada del mantenimiento de estos trenes, propiciaron un lavado del expediente de averías, presumiblemente con el objeto de evitar eventuales responsabilidades en la causa judicial. Jesús Domínguez, presidente de la plataforma de víctimas, cree que ante una novedad que forzó incluso el retraso del juicio -en el que por el momento se sentarían en el banquillo el maquinista y el que era jefe de Seguridad en la Circulación del ADIF-, «lo lógico hubiera sido esperar y comprobar en los restos del tren alguna de las cosas que decía el mecánico».
El abogado de los afectados, Manuel Alonso Ferrezuelo, reconoce que apenas hay margen de maniobra para paralizar este proceso. El del maquinista, Manuel Prieto, recuerda que se opuso en su día a la destrucción de una prueba que sigue considerando crucial. El juez, no obstante, cree que en autos figura toda la información necesaria para el reanálisis del material rodante.
