La Xunta descarta liberar sus autopistas porque «xa son das máis baratas»
02 sep 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Las rebajas puestas en marcha este verano en la AP-9 no han evitado que la liberación de las autopistas de peaje del Estado en Cataluña genere en Galicia un sentimiento de agravio, al convertirse en la comunidad con más kilómetros de carreteras de pago de toda España. Hasta el año 2045 no desaparecerá el cobro en las primeras autopistas gallegas, las dos de la Xunta, y aún en el 2074 se eliminarán los de la última, la de Santiago al alto de Santo Domingo, mientras que la gratuidad de la AP-9 no llegará hasta el 2048. Andalucía, Madrid Cataluña, Castilla y León y Navarra, en cambio, soportan ya menos de la mitad de kilómetros de pago que Galicia. Y Valencia y Aragón, por debajo de la sexta parte.
«Es un agravio territorial comparativo que perjudica la competitividad de Galicia», mantiene Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia. Reclama el líder de la patronal «un sistema de compensación, porque en un mercado global si se perjudica la logística de un territorio se perjudica a sus empresas y a su economía». Y ante el debate abierto por el Gobierno sobre la implantación de peajes en las autovías, Vieites advierte que para Galicia «sería sumar otro agravio», dado su carácter periférico. «Ya estamos pagando un impuesto doble, los peajes de aquí y ahora mantener con nuestros impuestos las autopistas gratuitas de Cataluña», señala.
Los empresarios del Clúster de la Función Logística de Galicia emplean también el término «agravio» para advertir que la nueva liberación de autopistas en el Mediterráneo «no hace más que generar cada vez mayores desequilibrios en España», mantiene su gerente, Iago Domínguez. Ve con preocupación la posible instauración de peajes en las autovías, «porque en costes nos alejarán más aún de España y del resto de Europa», augura, criticando al mismo tiempo que Galicia se haya convertido en la comunidad con más kilómetros de peaje, el 18,5 % del total.
«Es un nuevo agravio comparativo para Galicia», apunta también la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, Patricia García. Argumenta que ese agravio se sufre desde hace tiempo porque las autovías llegaron mucho más tarde a Galicia que a buena parte del resto de España. «Estamos en una esquina del mapa, todo tarda más y es más caro», dice al tiempo que coloca las tarifas de la AP-9 entre las más caras de España, sin que haya una alternativa viaria efectiva ni apuestas por el transporte marítimo o el ferrocarril.
La Xunta no eliminará peajes
La liberación de dos autopistas autonómicas catalanas llevada a cabo este miércoles por la Generalitat al mismo tiempo que el Gobierno central convertía en gratuitas las suyas no incentiva a la Xunta a seguir el mismo camino para dejar sin peaje los viales entre A Coruña y Carballo y entre Vigo y Baiona. Su concesión culminará en el 2045 tras 50 años de explotación privada, cuatro menos que las dos autonómicas catalanas ahora gratuitas.
La Xunta aduce que sus autopistas «son das máis baratas de España», con un coste por kilómetro más bajo que la AP-9, incluso con las recientes rebajas aprobadas por el Gobierno.
La Consellería de Infraestruturas considera que ya lleva más de una década ofreciendo en los dos viales bonificaciones a los usuarios frecuentes de sus autopistas, aumentadas en los últimos ejercicios con rebajas en horario nocturno y, ahora, a familias numerosas.
Frente a unas bonificaciones que, según la Xunta, priorizan el interés público, el Gobierno gallego considera que las medidas tomadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez respecto a la AP-9 «benefician a una empresa privada», en alusión a Audasa, al concederle intereses de demora muy por encima de la media del mercado o permitirle subidas de precios cuya legalidad cuestiona.
La ministra de Transportes destaca que cumple con Cataluña
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aseguró el miércoles que el Gobierno central «cumple con Cataluña» tras haber eliminado con la llegada de septiembre el peaje entre la frontera de la Junquera y Tarragona y desde Barcelona a Zaragoza, además de haber construido un enlace entre ambas autopistas en Barcelona para mejorar la movilidad en la zona. «Este Gobierno cumple con las infraestructuras, la movilidad, con Cataluña y, sobre todo, con los catalanes y las catalanas», reiteró la ministra.
Las actuaciones llevadas en las últimas horas en Cataluña las enmarcó la responsable de obras públicas del Ejecutivo central como parte de un compromiso «por poner en práctica una política racional de transportes y de infraestructuras donde la seguridad, la movilidad sostenible y también la mejora de la cohesión territorial y social son una prioridad para este Gobierno».
Raquel Sánchez enmarcó esta semana en esa misma estrategia las bonificaciones activadas en los peajes de la AP-9 gallega, «históricas» y destinadas a «corregir agravios inyectando recursos en rebajar los peajes vertebradores de una comunidad».
Alcaldes catalanes piden ayudas por perder el IBI de las autopistas
Alcaldes de 132 ayuntamientos de Cataluña se han unido para exigir que se compense a las arcas de sus instituciones al dejar de percibir el impuesto de bienes inmuebles (IBI) que hasta ahora les venía pagando la concesionaria de la autopista AP-7, al pasar a ser gratuito ahora el uso del vial y no obtener ninguna empresa beneficio alguno por ello. Los regidores calculan que dejarán de ingresar en total 14,5 millones de euros al año, dinero que, aducen, representaba entre un 10 y un 20 % de los ingresos de cada ayuntamiento.
Por ello, los alcaldes instan a recibir una compensación de las arcas públicas para mantener unos ingresos que eran ya estructurales, indicando que, de lo contrario, tendrán que reducir servicios o subir impuestos.
La lista de perjudicados por la gratuidad en las cuatro autopistas catalanas se agranda con los 334 despidos que Abertis ha llevado a cabo tras perder el control de las autopistas AP-2, la AP-7 en sus tramos catalanes, y las autonómicas C-32 y C-33. Los despidos se han llevado a cabo de manera pactada mayoritariamente y la indemnización media rebasará los 100.000 euros por empleado.