La fórmula utilizada en seis autovías ha costado 568 millones desde el 2009
23 oct 2021 . Actualizado a las 05:00 h.La fórmula de los peajes en la sombra, elegida por distintos gobiernos de la Xunta para construir autovías cuando no existían suficientes recursos presupuestarios, condiciona la política de inversión de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, y lo seguirá haciendo durante un período que va desde los 13 a los 18 años, pues la última concesión con este régimen -la de la AG-31 o autovía de Celanova- termina en el 2040. Esta fórmula comenzó a ser utilizada en la era Fraga, se generalizó durante el bipartito PSOE-BNG y el actual Gobierno de Feijoo la utilizó -con cambios relativos a la disponibilidad y el mantenimiento- en la autovía de la Costa da Morte, cuya concesión finaliza en el 2038.
Esta fórmula, que aumenta los costes de construcción al diferirlos en el tiempo, condiciona la política de los Gobiernos futuros y lo hará con grandes desembolsos de dinero hasta al menos la mitad del próximo decenio. Así, la autovía de Barbanza (AG-11) terminará su régimen concesional en el 2036; la de O Salnés (AG-41) lo hará un año antes, al igual que la Santiago-Brión-Noia (AG-56). El tramo autonómico de la AP-53, entre Dozón y Ourense, tiene una situación administrativa diferente. «La Xunta no le paga a una empresa concesionaria sino que se paga a sí misma a través de Aceousa, la sociedad constituida en su momento para la gestión de este caso extraordinario», explican fuentes de la consellería.
El gasto en estos compromisos adquiridos a lo largo del tiempo ha motivado, desde el 2009, el desembolso de 567,7 millones de euros, una cifra que probablemente se duplicará cuando se extinga la última de estas concesiones. En pleno debate sobre el pago por utilizar las autovías, la Xunta debe hacer frente a un importante gasto anual que le impide destinar este dinero a nuevos proyectos o a la conservación de las carreteras y la seguridad vial. Así, en los presupuestos para el 2022 ha reservado para estas autovías una partida de 79,8 millones de euros, una cifra que nunca se ha alcanzado en los últimos ejercicios. Tan solo estaría cerca de ella lo que se pagó en el 2019, cuando se pasó de abonar 53,4 millones a 72,6, la cifra más abultada hasta ahora. El gasto es variable porque la mayoría de estas autovías tienen un canon de demanda, y es necesario compensarlas cuando desciende el tráfico. Este hecho provoca una gran incertidumbre en la gestión de los recursos públicos, pero debe atenderse para que la Xunta no incurra en responsabilidad patrimonial. De ahí que la partida presupuestaria tenga una cierta holgura para poder atender estas eventualidades.
A raíz de la pandemia, distintas concesionarias solicitaron compensaciones por el gran descenso de tráfico que sufrieron durante el confinamiento. Por el momento, el departamento que dirige Ethel Vázquez ha denegado por la vía administrativa estas peticiones, pero las empresas han recurrido al Tribunal Administrativo de Contratación Pública. Es probable que si sus reclamaciones no son atendidas en este foro recurran a la vía judicial para conseguir las compensaciones.
Reunidas 3.000 firmas para exigir el fin de la concesión de la AP-9
Unas 3.000 personas se han sumado ya a la iniciativa de la asociación de consumidores En Colectivo que trata de poner fin a la concesión de la autopista AP-9 tras haber conseguido que la UE estimase como ilegal las prórrogas otorgadas hasta el 2048 a Audasa. Al haberse superado un mes desde que se emitió dicho dictamen, En Colectivo ofrece su web para reclamar al Gobierno central que responda a la carta remitida por Bruselas y ponga fin a la concesión. La Comisión Europea dio dos meses de plazo al Ejecutivo, que se cumplen el 23 de noviembre, para que alegue contra el dictamen.
Un estudio buscará aplicar rebajas también en la AP-53
La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, avanzó que su departamento elaborará un estudio para conocer el coste de llevar a cabo una rebaja de los peajes en la autopista Santiago-Dozón (AP-53). Lo confirmó después de reunirse con los alcaldes de las localidades que atraviesa esta autopista, la más cara de Galicia con un coste de 7,77 céntimos por kilómetro. La representante autonómica y los representantes municipales decidieron analizar el impacto de aplicar el modelo de bonificaciones de la AP-9 en la autopista Santiago-Ourense y trasladar la demanda al Ministerio de Transportes, ya que este vial no cuenta actualmente con ningún descuento.
