El Consello Consultivo ve anómalo que el Gobierno gestione la costa gallega
GALICIA
Considera que el Estado ejerce «funcións que non lle corresponden»
31 jul 2022 . Actualizado a las 05:00 h.«Esperamos non ter que ir aos tribunais», dijo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, después de que Pedro Sánchez rechazase transferir a Galicia las competencias de gestión del litoral.
El jefe del Ejecutivo esgrimió razones jurídicas para explicar su negativa, e insistió en que es preciso reformar el Estatuto para que Galicia administre su costa.
Pero también Rueda tiene argumentos legales para defender la cesión de competencias. Cuenta con los del servicio jurídico de la Xunta, que considera que no es preciso reformar el Estatuto. Y con un informe unánime del Consello Consultivo, que apela a la «lealdade constitucional» para subrayar que no puede mantenerse «a situación anómala de que o Estado siga exercitando transitoriamente funcións que non lle corresponden».
El Consello es el principal órgano consultivo de las Administraciones gallegas, y es independiente respecto a otras instituciones y a las formaciones políticas.
Su informe concluye que «non resulta necesario» modificar el Estatuto para que Galicia asuma esas competencias. El motivo es que de dos de sus artículos, el 27.3 y el 37.2, y de las sentencias del Tribunal Constitucional se deduce que la competencia ya asumida por Galicia sobre la «ordenación do territorio e do litoral» comprende «todas as facultades ou funcións que naturalmente son desenvolvibles en relación con tal materia», incluidas las facultades sobre la «xestión dos títulos de uso e ocupación do dominio público marítimo terrestre». Esas funciones, añade el texto, corresponden a Galicia «como competencia propia, non formando parte das facultades do Estado derivadas da titularidade do dominio público marítimo terrestre nin da competencia estatal sobre protección do medio ambiente».
Es más, el informe dice que, al tratarse de funciones que forman parte «do acervo competencial autonómico, pendentes só de traspaso de medios e servizos para o seu exercicio efectivo», la Xunta podrá dictar «normas de rango legal e/ou regulamentario» relacionadas con el ejercicio de esas funciones y «condicionadas, na súa aplicación, ao traspaso efectivo».
Ese traspaso efectivo cuenta además con el respaldo unánime del Parlamento gallego, incluso del PSdeG, que tras la negativa del Gobierno central reiteró su apoyo a que las competencias sean transferidas a Galicia.
La discusión tiene implicaciones más allá de lo administrativo. La gestión de las concesiones en la costa afecta a más de 200 empresas de la cadena mar-industria, y la Xunta ha reprochado al Gobierno que las dudas legales que han acompañado a la nueva ley de cambio climático están llevando a esas compañías a retrasar o renunciar a inversiones.
Las quejas han aumentado después de que se conoció el plan estratégico nacional para la protección de la costa española que prevé, en palabras de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, el «desaloxo paulatino» del litoral de aquí al 2045. Ese proyecto deja en el aire el futuro de más de 4.000 edificaciones en la costa gallega, de ahí que la Xunta reclame cada vez con más insistencia la cesión de las competencias.
La Xunta presenta siete alegaciones al plan que prevé el desalojo de la costa hasta el 2045
Además de reclamar las competencias sobre el litoral, que pese a la negativa en Galicia el Gobierno transfirió esta misma semana a Canarias, la Xunta ha presentado siete alegaciones al llamado «plan estratégico nacional para la protección de la costa española considerando los efectos del cambio climático». Las reclamaciones son el resultado de una consulta de la Xunta, los concellos costeros y a las empresas de la cadena mar-industria.
Las alegaciones cuestionan la legitimidad del documento, ya que las leyes vigentes, incluyendo la de costas, no prevén la elaboración de un plan nacional. Además se habría elaborado recurriendo a una fuente de financiación incorrecta. También consideran que el texto va contra el espíritu del sistema autonómico, ya que parte de una visión «armonizadora y tutorial» que excede la competencia estatal. Otro tanto ocurre con las competencias municipales, que a juicio del Gobierno gallego también se verían perjudicadas. Es más, la Xunta considera que «no es justificable» que no se haya dado traslado del plan a las entidades locales.
Otra de las demandas de la Xunta es que el documento sea sometido al proceso de evaluación ambiental estratégica. Finalmente el Ejecutivo gallego pone en duda las conclusiones. Considera que el análisis incurre en «graves carencias» y parte de cuestiones «infundadas y arbitrarias», ya que ha ignorado a parte de los actores y se ha empleado información incompleta.
