La estrategia del ADIF en el juicio del accidente de desviar responsabilidades hacia la operadora ferroviaria no tiene consecuencias, al carecer esta de cargos encausados
11 nov 2022 . Actualizado a las 22:56 h.Es evidente que el Estado —en su concepción amplia, más allá de lo que es la Administración— está poniendo toda la carne en el asador para que el exdirector de Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte, no salga condenado en la sentencia por el accidente de Angrois. Las líneas maestras de esta estrategia no dependen de los gobiernos de turno. Son prácticamente las mismas que se fueron cocinando con Mariano Rajoy y Ana Pastor cuando sucedió el accidente el 24 de julio del 2013. Que el prestigio de la alta velocidad española quede intacto es claramente una política de Estado, al margen de la técnica jurídica que empleen los abogados de la Administración. Ahora que se cumplen veinte años del accidente del Prestige es bueno recordar que la estrategia jurídica de este caso, para evitar la condena del director de la Marina Mercante, se mantuvo con el Gobierno socialista de Zapatero, pese a lo crítico que había sido el PSOE con la gestión de la marea negra. Ahora, con matices, vuelve a suceder lo mismo, aunque en las decisiones sobre la seguridad en Angrois los ejecutivos de ambos signos tuvieron su parte de responsabilidad.
También es evidente que la capacidad exportadora de España como potencia tecnológica se resentiría de una condena indirecta al ADIF por una supuesta negligencia en su deber de cuidado respecto a la seguridad. En ese contexto de defensa de un sector en el que España es puntera surge la estrategia ya antigua de culpar en exclusiva al maquinista del accidente, de negar que la línea Ourense-Santiago fuera de alta velocidad y de despreciar la relevancia del factor humano en cualquier sistema de gestión de la seguridad.
Alfonso Ochoa inauguró ayer en su declaración la estrategia de desviar responsabilidades hacia Renfe, una pelea en la que hasta ahora solo estaban las aseguradoras de las dos empresas públicas, que son las que deberán afrontar una reparación civil que de momento está fijada en 57,6 millones de euros. El alto cargo del ADIF aseguró que era Renfe la responsable de mitigar el riesgo de un posible error humano en la curva de Angrois, cuando la filosofía de seguridad ferroviaria de la UE pone el factor humano en el centro de los objetivos de todos los intervinientes en el ferrocarril del siglo XXI. «Las personas se hallan en el centro de este sistema tecnológico, social y organizativo [el ferrocarril] y son la clave del éxito o del fracaso», asegura la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea en una de sus guías sobre este asunto. No es una cuestión que competa a un departamento, a una empresa o a una persona. Todos deben estar comprometidos en que los humanos, propensos al error, cometan los menos posibles y de la menor gravedad. Hay medios tecnológicos y herramientas de formación para conseguirlo. Si la estrategia sigue siendo culpar al departamento de al lado no se habrá aprendido nada de los 80 muertos de Angrois. La propia jueza no se resistió a comentar ayer este fuego cruzado para culparse mutuamente del accidente.
La bala que tenían guardada en la recámara los responsables de la estrategia procesal del ADIF no iba dirigida al maquinista esta vez, sino a Renfe, una empresa hermana. Pero no es un tiro en el pie del Estado, sino una buena táctica jurídica para sus intereses. Desviar culpas hacia el entorno de la operadora sale gratis, pues no hay ningún cargo de Renfe en el banquillo. Así que es como disparar salvas al aire mientras se fortalece la defensa de Cortabitarte y por tanto del ADIF. El único cargo de la operadora encausado en su momento fue Antonio Lanchares, director de Seguridad en la Circulación. El juez entendió que no había vulnerado ninguna norma en sus responsabilidades sobre el material rodante y la formación del maquinista. Aquí esta la clave de la pirueta jurídica.
