La disolución de las Cortes echa por tierra la transferencia de la AP-9, que Galicia deberá pedir por quinta vez

Hace tres años que el País Vasco gestiona el último tramo de autopista estatal que restaba por transferir a sus diputaciones forales. Un año antes de hacerse con la parte alavesa de la AP-1, asumían también los tramos de la AP-68 que recorren territorio vasco, como desde 1995 Cataluña se hizo cargo de dos viales de pago que hasta entonces estaban en manos de la Administración central.

Galicia, en cambio, lleva siete años demandando formalmente ante las Cortes y el Ejecutivo central la transferencia a la Xunta de la autopista AP-9, que incluso había sido solicitada ya en el 2003 por Emilio Pérez Touriño y en el 2009 por Alberto Núñez Feijoo, ambos desde el puesto de presidentes de Galicia. Y pese a que el Congreso de los Diputados dio vía libre en febrero del 2021 a avanzar con una propuesta normativa sobre la transferencia del vial, resultará ya imposible que las Cortes puedan llegar a debatir tal posibilidad sin que el Parlamento gallego tenga que volver a presentar por quinta vez una reclamación que la Cámara autonómica siempre ha respaldado por unanimidad. El adelanto electoral decidido por Pedro Sánchez no ha hecho más que zanjar, por la vía de la caducidad administrativa de todas las proposiciones en trámite, la trayectoria de una exigencia que ya sufrió el mismo revés con el adelanto electoral decidido también por Sánchez en abril del 2019.

Todo deberá empezar de cero de nuevo: salvar cualquier veto del Gobierno al debate en el Congreso sobre dicha transferencia, como los que mantuvieron los Ejecutivos de Mariano Rajoy, ganar en el hemiciclo la votación con la que se admitiría debatir en profundidad el traspaso, y después que un grupo de diputados de la comisión de Transportes de la Cámara Baja consensúe el texto que se someta a votación del Pleno marcando las condiciones de la transferencia de la autopista. Este es el paso que por dos veces no se ha llegado a alcanzar, en ambas a causa de la lentitud con la que los diputados que asumieron presentar la ponencia se tomaron dicho trabajo. Hasta 520 días pasaron desde que el Congreso mandató dicho encargo hasta que por fin se reunieron en este mandato, y eso que de los trece relatores encargados cinco son gallegos y de las cuatro formaciones con representación en las Cortes (PSOE, PP, BNG y Galicia en Común).

Dicha demora hacía prever que, aunque no llegase a haber adelanto electoral, la aprobación de la transferencia no se iba a llevar a cabo en este mandato, dada la poca disposición para ello del Gobierno, como antes también ocurrió con el del PP.

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