230 días de espera para pedir la nacionalidad, 165 para tramitar una boda y 42 en el DNI
GALICIA
La cita previa obligatoria se ha convertido en un cuello de botella para acceder a la Administración
28 nov 2023 . Actualizado a las 21:38 h.La cita previa obligatoria ha pasado de ser un muro a convertirse en un dique de contención entre la Administración y el administrado. La pandemia justificó la extensión de su implantación bajo la excusa de evitar concentraciones propicias para el contagio. Pero pasada la crisis sanitaria, el requisito para ser atendido sigue y se afianza, pese a los anuncios de su paulatina retirada o las exigencias que desde instituciones de defensa ciudadana se vienen realizando.
Intentar conseguir cita previa para llevar a cabo distintos trámites administrativos en Galicia evidencia que la asignación de turnos está creando un cuello de botella que amenaza con no dejar de crecer y formar atascos estructurales. La Voz de Galicia ha comprobado los días de demora que acumula la concesión de cita en distintos órganos, esperas que llegan incluso a los 230 días para conseguir ser atendido en el registro civil de Vigo para la tramitación de la nacionalidad, juras de la Constitución para los llegados del extranjero que ya completaron todos los trámites hasta la concesión del pasaporte, o la emisión de certificados de vecindad civil. «Una sociedad se representa en la manera en cómo trata a los más vulnerables», mantiene el abogado vigués Diego Gómez, azote en las redes sociales y desde su blog jurídico del sistema de cita previa obligatoria. «Es intolerable que haya que esperar hasta junio del año que viene para poder jurar la Constitución o llevar a cabo trámites de extranjería. Es un secuestro y sin posibilidad de amparo», lamenta.
El caso de Vigo no es una rareza. No hay turno para los mismos trámites en Santiago hasta enero, en A Coruña se llega a abril, y está completa la asignación de citas hasta mayo en Pontevedra. Sin embargo, Ferrol cuenta ahora con plazas libres cada semana, en Lugo se llevan los turnos al día, y en Ourense la espera es de menos de un mes.
Cinco meses y medio para solicitar una boda civil
Paciencia y mucha previsión hacen falta también para conseguir presentar la petición para realizar una boda civil. En A Coruña no se tomará nota de los deseos nupciales de una pareja hasta dentro de 169 días. Solo un poco antes, el 4 de marzo del año que viene, recogerán la petición en el registro de Pontevedra, al 15 de enero se retrasa para los compostelanos y al 13 de diciembre en Vigo.
Más de un mes hay que aguardar en estas dos últimas ciudades para conseguir cita para cambiar el nombre o los apellidos, lo que no se puede pensar en lograr en A Coruña antes del final de enero. Y para un simple duplicado del libro de familia o la impresión de una fe de vida, que en la mayoría de los registros civiles de Galicia se consigue en el día, en Lugo no hay agenda abierta ni en octubre ni en noviembre.
«Es un problema exclusivo de falta de personal. Es preciso un plan de actuación para reforzar», manifiesta Roberto Andrade, delegado de USO Justicia en A Coruña. Tras recordar que los registros civiles dependen de la dirección general del Notariado del Ministerio de Justicia, pero su gestión es de las comunidades autónomas, el representante sindical reitera que «resolver ese atasco es cuestión de dinero y de voluntad política, pero la Justicia no da votos», dice a la vez que advierte que la presión que soporta el funcionariado en dichos servicios está disparando las bajas por estrés.
Casi 20 días para empezar a tramitar una pensión o pedir el ingreso mínimo vital
Pero el atasco no solo se produce en los registros civiles. La dificultad para conseguir cita en la Seguridad Social ha motivado duras quejas del Defensor del Pueblo. En las 34 oficinas del INSS existentes en Galicia el panorama es diverso. En las coruñesas de Cuatro Caminos y Orzán no se da cita para tramitar pensiones hasta dentro de 19 días. A 11 llega en Vilagarcía, y a 10 en la oficina viguesa de García Barbón, mientras que en la de la calle Pintor Laxeiro se resuelve al momento, pero en cambio allí, pedir el Ingreso Mínimo Vital es imposible antes de 17 días, 18 supone en Ferrol, 15 en Corcubión o 11 en Vilagarcía. Y hasta cuatro días de espera se necesitan para la atención telefónica en los INSS de Ribadeo, Vilalba, Sarria y Mondoñedo.
Y para renovar el DNI no hay turnos en 42 días en Marín, 41 Viveiro, o 36 en Vigo y Vilagarcía.
Atención presencial a los mayores, un derecho a medias
El Consejo de Ministros acordó en mayo del año pasado dar prioridad y facilidades en la atención burocrática a los mayores de 65 años, admitiendo así que la deriva de la Administración hacia una relación telemática está excluyendo a buena parte de la población en su interactuación con las instancias públicas. «El Ministerio de Hacienda y Función Pública reforzará la atención presencial en las oficinas de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal en las que será preferente la atención a las personas mayores de 65 años, sin necesidad de cita previa, mediante la elaboración de planes de refuerzo de la atención presencial». Esta es la orden del Ejecutivo, que extiende además a «las personas afectadas por la brecha digital», independientemente de su edad.
Transcurrido casi año y medio de dicho dictamen, su cumplimiento dista de ser completo. La representación de UGT en el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha advertido de que los mayores siguen encontrándose la puerta cerrada en muchas dependencias del INSS si no acuden con cita previa o concertada, o que el puesto o pocos puestos habilitados para atención presencial tienen tanta gente aguardando en la calle que resulta difícil lograr resolver la gestión requerida.
La Xunta puso en marcha el año pasado el Canle+65, un teléfono de atención personal a mayores de 65 años (900 333 666); la DGT tiene puestos de atención exclusivos para mayores y sin cita previa; lo mismo garantiza la Agencia Tributaria y cada vez más ayuntamientos. Pero sin embargo, el Defensor del Pueblo, el Valedor y la práctica totalidad de instituciones de defensa de derechos ciudadanos autonómicos siguen subrayando las dificultades que observan está creando el sistema de cita previa obligatoria, en especial a los de mayor edad.
La oficina del Valedor acaba de hacer público en su memoria anual que el año pasado tuvo que advertir de oficio sobre esa situación a la Xunta, a las cuatro diputaciones y a los ayuntamientos de las siete grandes ciudades gallegas. «Os procedementos dixitais son difíciles, piden datos que xa obran en poder da Administración, ou se poden recadar por ela, e os documentos están redactados cunha linguaxe difícil de entender, especialmente para as persoas vulnerables», señala la institución dirigida por María Dolores Fernández Galiño, que además avisa de la dificultad de lograr citas por teléfono.
Cinco años de retraso para lograr la nacionalidad en el consulado de España en el centro de Argentina
Descendientes de españoles piden al ministro Albares que ponga orden en la legación y la equipare a las del resto del país
Grupos de descendientes de emigrantes gallegos y del resto de España libraron en la última década una lucha pertinaz para lograr heredar la nacionalidad de sus abuelos. La Ley de Memoria Democrática, aprobada el año pasado, se convirtió para ellos en la «ley de nietos», pues a esas terceras generaciones de la emigración se les abrió una ventana para hacerse españoles. Pero se les cerrará como muy tarde en el otoño del 2025, fecha límite para obtener la nacionalidad. Un plazo corto para resolver una tramitación que requiere de pruebas documentales de registros civiles de antepasados al otro lado del océano o pruebas de exilio, además de una laboriosa burocracia.
La mayoría de los consulados están agilizando esos despachos, pero no todos. Un grupo de argentinos aspirantes a conseguir la nacionalidad de sus ancestros acumula protestas ante el consulado de Córdoba —en el centro del país— para exigir el mismo trato y celeridad que se ofrece en las oficinas de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca y Mendoza. En una carta remitida al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, cinco representantes de dicho colectivo denuncian «con profundo pesar y tristeza, las prácticas abusivas» de un consulado que aseguran les ha convertido en «rehenes». Para la tramitación de los expedientes que las otras legaciones en Argentina resuelven con entre 6 y 10 meses, los encargados de la oficina de Córdoba les advierten de demoras que pueden llegar a cinco años, según indica a La Voz Marisa Giménez Spaggiari.
«Le solicitamos que ponga fin a esta situación de arbitrariedad y asimetría en la que estamos inmersos», reclaman a Albares en su misiva.
La legación ante la que deben solicitar la nacionalidad los residentes en ciudades y provincias como Tucumán, Salta, La Rioja, Santiago del Estero, Jujuy o Catamarca, además de la propia Córdoba, ya arrancó tarde el proceso de nacionalidad en relación con el resto de consulados en Argentina, y acumuló crecientes demoras en la inicial concesión de las claves para seguir y llevar a cabo el proceso, tardanza que llega a los ocho meses, según denuncian los afectados.
«Conseguir turnos es otra odisea, ya que suele abrirse el turnero de madrugada, entre las 2 y las 6, durando segundos», señala Marisa Giménez. Pérdida de correos electrónicos con documentación conseguida en España probatoria de las raíces familiares se añade a los problemas: «Y cuando llega el gran día de presentación de la documentación, al recibirla, los empleados anuncian una demora de uno a dos años para la resolución del expediente, pero ahora, aleatoriamente esos plazos aumentaron de dos a cinco años. Realmente una locura. De allí salimos con lágrimas en los ojos y un profundo pesar».
Los denunciantes incluso advierten al ministro que el consulado «se encuentra blindado con una valla inexpugnable», sin posibilidad de contactar telefónicamente, por correo electrónico o postal. Los afectados han creado un grupo de autoapoyo y, además de manifestarse ante la sede de la legación cordobesa, piden al ministro de Exteriores que actué y garantice la gestión de todas las peticiones amparadas por la ley de nietos.