El Gobierno traspone la directiva de la UE que permite cobrar por usar las autovías, pero asegura que no la aplicará
GALICIA
El Ministerio de Transportes garantiza que el real decreto que recoge esta posibilidad «en ningún caso implica la implantación de nuevos peajes en la red de carreteras del Estado»
18 mar 2025 . Actualizado a las 20:10 h.El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto que traspone la directiva europea por la que se establecen los criterios para calcular las tasas, gravámenes y bonificaciones por el uso de las infraestructuras viarias en los países de la Unión. Aunque esta normativa podría servir como armazón legal para establecer el pago por uso en las autovía, o en las autopistas cuya concesión no fue renovada y ahora son gratuitas, el Ministerio de Transportes se adelantó el viernes a una eventual polémica sobre sus verdaderas intenciones con la aprobación de esta normativa, que en cualquier caso deberá ser refrendada por el Congreso. En un comunicado remitido a los medios se aseguraba que este texto legal «en ningún caso implica la implantación de nuevos peajes en la red de carreteras del Estado». «El Gobierno descarta cualquier posibilidad —añaden— de tomar medidas para ampliar o modificar el pago por uso en las autopistas, autovías o carreteras convencionales. La aprobación de este texto no implica la creación de nuevos peajes, la introducción de un sistema de tarificación distinto al vigente o tarificar algún tipo de vehículo o el uso de nuevas infraestructuras».
Lo cierto es que la directiva 2022/362, aprobada hace tres años, venía a modificar la de 1999, que establecía la euroviñeta exclusivamente para los vehículos pesados de mercancías. En el preámbulo se especifica que, «en aras de la igualdad de trato y la competencia leal», se incluye el resto de los vehículos que circulan por las carreteras europeas «en lo que se refiere a las tarifas de peaje y las tasas por utilización». Se amplía por tanto a los turismos y a los vehículos pesados que no transportan mercancías.
El Gobierno logró en el 2023 un aplazamiento de la instauración de un modelo de pago por uso en la red de alta capacidad, una de las condiciones impuestas por la Comisión Europea para acceder a las entregas de los fondos Next Generation. A cambio de no implantar tasas en un período próximo a las pasadas elecciones generales, España se comprometió a impulsar el transporte ferroviario de mercancías para retirar vehículos pesados de las carreteras. Pero se trata de un aplazamiento coyuntural y el Gobierno está obligado a integrar esta normativa comunitaria en el corpus legal estatal. De cara al futuro, si algún Gobierno decide enfrentarse a esta patata caliente con alto coste electoral, la arquitectura legal para el cobro generalizado de peajes ya estaría disponible.
Solo se implantarán en las autopistas radiales rescatadas
El Gobierno garantiza que la directiva traspuesta al marco legal español en forma de real decreto se aplicaría a hipotéticas nuevas concesiones de autopistas, algo que no está a día de hoy en la hoja de ruta del Gobierno. Donde sí se van a aplicar estos criterios de cobro por uso es en las autopistas radiales rescatadas por el Gobierno y que ahora gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT). Esta empresa pública ya ha empezado a trabajar para ajustarse a la normativa en las únicas infraestructuras que, de momento, deben acomodar su situación a esta directiva europea.