La policía asegura que Rafael Amargo y su productor vendían droga para financiar el estreno de su obra «Yerma»
GENTE
El bailaor plantea la nulidad de las escuchas y de los registros
08 abr 2024 . Actualizado a las 17:09 h.Los policías que investigaron al bailaor Rafael Amargo, acusado de traficar con droga desde su piso de Madrid, determinaron que él y el productor Eduardo de Santos vendieron droga conjuntamente para financiar la obra Yerma, que se estrenó en diciembre del 2020, y han relatado cómo era el «modus operandi» de los acusados, como recoge Efe.
En la Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado este lunes el juicio a Rafael Amargo, el productor Eduardo de Santos y el socio del artista Miguel Ángel Batista, acusados de integrar un grupo que traficaba con droga, fundamentalmente metanfetamina, que presuntamente vendían desde el piso de Amargo.
La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el artista por vender droga de forma «persistente» junto con el productor, para el que pide la misma pena. Para el otro acusado solicita seis años de cárcel por ser un «hombre de confianza» que entregaba la droga a los compradores.
Al inicio de la vista oral el tribunal ha aceptado, a petición de las defensas, que los acusados declaren al final del juicio, de manera que se prevé que lo hagan el jueves a última hora o el viernes.
Amargo ha llegado a la sede judicial a primera hora de la mañana en un furgón de la Guardia Civil, ya que está en prisión provisional desde el pasado 3 de noviembre porque la Audiencia Provincial determinó que no había cumplido con la obligación de firmar cada 15 días en el juzgado.
Ha aprovechado la entrada a la sala para saludar brevemente a su padre y a su hermano, que estaban en el pasillo y que han seguido la vista.
El instructor del atestado policial por el que se detuvo en diciembre del 2020 a los procesados, tras seguimientos e intervenciones telefónicas, ha desgranado cómo fueron las pesquisas por la que concluyeron que los tres estaban implicados en venta de droga a través de «mulas» que iban al piso de Amargo, en el barrio de Malasaña, y se movían en VTC.
Y que Amargo y De Santos vendieron droga conjuntamente para poder financiar la obra Yerma, que se estrenó en Madrid el 5 de diciembre del 2020 tras unos días de retraso debido precisamente al arresto del artista el 1 de diciembre, tras el que quedó en libertad pero investigado.
«Vimos dos cosas, la primera que Eduardo (de Santos) era el productor de la obra de Yerma, que Eduardo y Rafael estaban haciendo compras conjuntas (de droga) con el fin de obtener un beneficios para financiar esa obra», para la que necesitaban unos 3.000 euros, ha dicho el policía.
Ha añadido que además cada uno vendía «por su cuenta», según las pesquisas practicadas, que revelaron que Amargo no tenía dinero para financiar Yerma porque tenía embargos, y por eso la obra la financiaba el productor.
El responsable policial de la investigación ha precisado que la misma comenzó cuando se detectó un mayor movimiento de droga por la zona de Malasaña y de Chueca, y al buscar la procedencia llegaron hasta un inmueble de la calle Palma número 4 en el que había «trasiego de personas».
Así vieron cómo supuestas «mulas» usaban vehículos VTC para llevar droga desde el piso a los compradores, y que «tomaban medidas de seguridad». Y constataron que había personas implicadas que ya conocían porque habían sido detenidas antes por compraventa de sustancias estupefacientes.
Una vez que el juzgado autorizó intervenciones telefónicas, una de ellas en el terminal que los implicados llamaban «el teléfono del traqueteo», comprobaron cómo era el «modus operandi» del grupo, que normalmente vendía cantidades de entre 25 y 100 gramos de metaanfetamina, aunque también movían otros estupefacientes.
También vieron que los acusados «buscaban proveedores que sea buenos y sea baratos» y llegaron a buscar un trastero supuestamente para guardar la droga.
El abogado de Rafael Amargo, el letrado Marcos García Montes, solicitará en el juicio la nulidad de las intervenciones telefónicas y los registros en los que se habrían incautado las sustancias estupefacientes que sostienen la acusación de la Fiscalía de Madrid por la presunta comisión de un delito contra la salud pública.
A su llegada, Marcos García Montes ha destacado que hay que respetar la presunción de inocencia de su cliente y ha recalcado que solo la Policía «habla» de la existencia de un supuesto grupo organizado mientras la fiscal no acusa de este delito. «Vamos a pedir la nulidad de las intervenciones y de los registros», ha recalcado el letrado en relación a las peticiones que alegarán durante la fase de cuestiones previas de la vista oral.