El acuerdo sobre transferencia de Justicia y Policía es el fin de un largo proceso que se remonta a 1993.
05 feb 2010 . Actualizado a las 23:03 h.El Gobierno británico traspasará el 12 de abril al Ejecutivo de Belfast la administración de los tribunales y de la Policía junto a la capacidad legislativa sobre Justicia penal, tras la firma hoy de un acuerdo que el ministro Principal, Peter Robinson, calificó como «una buen día para Irlanda del Norte» y el viceministro principal, Martin McGuiness, como «quizás el acuerdo más importante de todos».
En un acto al que asistieron los primeros ministros de Irlanda y Reino Unido, Brian Cowen y Gordon Brown, se presentó el documento como el fin de una transición cuyo comienzo puede datarse en la Declaración de Downing Street, el 15 de diciembre de 1993, y que puede dividirse en un proceso de paz y en la articulación posterior de una autonomía compartida.
La transferencia sobre Policía y Justicia formaba parte del nuevo mapa constitucional diseñado en el Acuerdo del Viernes Santo de 1998. Pero fue impedida en los primeros años porque el Sinn Fein, partido históricamente asociado al IRA, no apoyaba a la Policía, cuya reforma fue emprendida siguiendo la guía de una comisión presidida por el ex político conservador, Chris Patten.
El nuevo Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) nació con un programa de equidad en la proporción de protestantes y católicos y tras el desmantelamiento de algunas unidades especializadas en la persecución del terrorismo. El siguiente hito fue el anuncio del IRA sobre el fin definitivo de sus actividades, en mayo del 2005.
Para entonces, el Ejecutivo autonómico formado por los unionistas moderados del UUP y el Sinn Fein había colapsado y las elecciones de 2003 dieron mayoría en el campo unionista al DUP, creado por Ian Paisley. Sostener una autonomía apoyada en los dos partidos más radicales de Irlanda del Norte creó nuevas dificultades.
Hasta que, en octubre de 2006, en la ciudad escocesa de Saint Andrews, los partidos y los gobiernos acordaron un mapa de las trasferencias pendientes y de los pasos para recrear el Ejecutivo, que se puso en pie, en mayo del 2007, tres meses después de que el Sinn Fein acordase su apoyo al PSNI.
Calendarios
El Ejecutivo ha tenido una vida azarosa, marcada por la disputa por la transferencia más delicada y pendiente. El Sinn Fein anunció en las últimas semanas que provocaría la caída del Gobierno, mediante la dimisión de McGuinness, si la transferencia no se cumplía. Tras diez días de intensas negociaciones, los partidos presentaron ayer su acuerdo.
El documento estipula los pasos para la creación de un Departamento de Justicia, que asumirá la responsabilidad de las competencias transferidas. Robinson y McGuinness se reunirán el lunes para considerar candidatos que pueden dirigirlo. Existe ya un consenso sobre la persona de David Ford, del partido Alianza. El martes se someterá el acuerdo a la ratificación de la Asamblea. En él se marcan las líneas maestras de la nueva estructura, que tendrá que coordinarse con la unidad de fomento de buenas relaciones comunitarias, en el poderoso departamento que comparten el Ministro y el Viceministro Principales. El documento señala que las decisiones cuasi-judiciales que son competencia del nuevo Consejero serán tomadas sin consultar al Ejecutivo, como prueba de independencia.
Se incluye en el acuerdo una carta de Gordon Brown en la que se compromete a asignar un paquete financiero de Londres para los gastos extraordinarios en los próximos ejercicios, que contemplan la creación de una academia de policía y una nueva prisión; y el regalo de cuatro bases militares, cuya venta engrosará las arcas de la autonomía.
El acuerdo recibió el respaldo de los unionistas después de que Robinson obtuviera del Sinn Fein el respaldo a la asunción por la autonomía de la responsabilidad sobre las marchas de la Orden de Orange, que son rechazadas en barrios católicos. El Ejecutivo creará inmediatamente un grupo de trabajo para estudiar alternativas a la actual Comisión de Marchas, nombrada por Londres.
El calendario desemboca en una nueva institución, cuya ley fundacional ha de ser aprobada en diciembre de este año.