Considera que las empresas «se beneficiaron de una ventaja considerable en el momento de la privatización» y que, desde entonces, han tenido un «exceso de beneficios»
04 ene 2015 . Actualizado a las 20:19 h.La ministra francesa de Ecología, Ségolène Royal, explicó hoy que su Gobierno está negociando con las concesionarias de autopistas para que reviertan a los usuarios una parte de sus «exorbitantes» beneficios y dijo que, si no se llega a un acuerdo, la alternativa es denunciar los contratos.
«Espero que van a entender (...) que se beneficiaron de una ventaja considerable en el momento de la privatización» en 2006, señaló la ministra socialista en una entrevista radio-televisada por RTL y LCI.
Precisó que el pasado año esas empresas distribuyeron 5.000 millones de euros en dividendos y que su intención es conseguir 1.000 millones.
Recordó que el Consejo de la Competencia ha concluido que «las sociedades de autopistas han tenido un exceso de beneficios», con 17.000 millones de euros de dividendos desde su privatización, e hizo notar que «el papel del Estado es proteger a los usuarios» y que les reviertan «los beneficios suplementarios».
Reconoció que «las cosas progresan» en las negociaciones durante las últimas semanas, una vez que el Ejecutivo de François Hollande advirtió con la posibilidad de una denuncia de las actuales concesiones.
La ministra socialista descartó que los peajes aumenten a partir de febrero, como querían las empresas (que habían propuesto un alza del 0,75 %): «Es inconcebible», dijo, ya que «sería chocante» teniendo en cuenta los dividendos.
Royal se mostró convencida de que el abandono de la «eco-tasa» que se iba a imponer a los camiones que utilizan carreteras libres de peaje va a compensarse con el incremento de los carburantes que se aplica desde el 1 de enero, de 4 céntimos de euro por litro de gasóleo, que aportará 1.100 millones de euros a las arcas públicas.
Por otro lado, consideró un mal menor el acuerdo sobre los 839 millones de euros que el Estado tendrá que pagar a la sociedad Ecomouv (filial de la italiana Autostrade) por la denuncia del contrato para el cobro de la «eco-tasa».
Subrayó que, en caso de no haber acuerdo antes del 31 de diciembre, habría que haber abonado 2.500 millones de euros a Ecomouv.
Y aprovechó para criticar el contrato suscrito en 2011 por el Gobierno del conservador de Nicolas Sarkozy con esa empresa: «La izquierda nunca lo habría firmado» porque suponía privatizar el cobro de un impuesto y que una compañía privada se embolsara «el 40 %».
La titular de Ecología anunció que la compañía ferroviaria SNCF tendrá que dar marcha atrás en el incremento del precio de sus billetes, en un 2,6 %, que aplica desde comienzos de año, y que calificó de «una muy mala señal» pues los únicos ascensos de las tarifas del tren serán las de negocios.