La familia del gallego detenido en Venezuela exige información sobre su paradero

La Voz REDACCIÓN

INTERNACIONAL

Mabel Calderín, mujer de Carlos Correa, ayer en Caracas.
Mabel Calderín, mujer de Carlos Correa, ayer en Caracas. Leonardo Fernandez Viloria | REUTERS

«No está en ninguna de las cárceles a las que hemos acudido», dice su mujer

14 ene 2025 . Actualizado a las 13:55 h.

Este martes se cumple una semana de la detención del periodista y activista hispanovenezolano Carlos Correa —de padres gallegos—, director de la oenegé Espacio Público. Su esposa, Mabel Calderín, acudió al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, y le pidió que exija al Estado una respuesta sobre su paradero, aún desconocido.

«Hemos recorrido todos los centros de reclusión y en todos niegan que esté allí. Hemos hecho todo lo que hay que hacer, humanamente y legalmente, hemos introducido un habeas corpus», dijo Calderín, acompañada de activistas de derechos humanos y de algunos trabajadores de Espacio Público, dedicado a defender la libertad de expresión.

El domingo, Nicmer Evans, editor del medio web venezolano Punto de Corte, afirmó que Correa, cuyos padres eran de Caldas de Reis, Pontevedra, está detenido en el infame Helicoide, una temida cárcel administrada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Sin embargo, poco después, desde la propia Espacio Público, la información fue desmentida.

«Hoy venimos a presentar la petición a la Defensoría del Pueblo. Le vamos a exigir [a Ruiz] que haga su trabajo, que trabaje para que Carlos sea liberado plenamente. Él ha estado muchas veces al lado de Carlos, trabajando en conjunto, así que debería saber cuál es su trabajo y qué tiene que hacer», señaló la esposa del activista, recordando un tiempo en el que Ruiz, también como defensor de derechos humanos, trabajó junto a Correa.

Este fin de semana se unieron a la lista de arrestados los periodistas Leandro Palmar y Belices Cubillán, de Radio Luz, la radio de la Universidad del Zulia que cubrían una manifestación contra Nicolás Maduro en esa ciudad el viernes. Se les imputaron los delitos de terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y alteración del orden público.

De hecho, desde el 1 de enero, el Gobierno de Nicolás Maduro ha detenido a 83 personas, según la oenegé Foro Penal Venezolano. Entre ellas, los casos más importantes son el de Correa, el de Rafael Tudares —yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia— y el de Enrique Márquez, candidato en las elecciones del 28 de julio.

Intentan inculpar a Machado

Mientras, el Ministerio del Interior chavista publicó el vídeo de un supuesto registro en un hotel de Caracas, donde fue encontrado Roalmi Cabezas, el motorista y escolta de María Corina Machado que, según la líder de la oposición, fue tiroteado y detenido el jueves pasado, cuando Machado fue secuestrada y liberada por supuestos agentes de la Policía Nacional Bolivariana.

El vídeo muestra supuestamente a Cabezas sin heridas en la pierna, algo que contradice la versión de Machado. En una habitación con la bandera de Estados Unidos, afirma —muy convenientemente y a la primera pregunta de los policías— que se encontraba escondido «por órdenes de María Corina Machado» y que no había recibido ningún disparo.

Cabezas, cuyos familiares denunciaron su desaparición el mismo día en que recibió el disparo, fue imputado por la Fiscalía chavista por los supuestos delitos de simulación de hecho punible y asociación para delinquir, según señaló el fiscal general, Tarek William Saab.

«No cederé a los chantajes»

Por su parte, el sempiterno ministro de Defensa —lleva diez años en el cargo— de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino, respondió a la recompensa de diez millones de dólares que Estados Unidos ofrece por su detención afirmando, en un vídeo colgado en sus redes sociales, que «no cederá a chantajes». «Nosotros no nos quebramos con sanciones ni con chantajes de recompensa. Aquí estamos, con armas para, de acuerdo a nuestra Constitución, defender nuestra soberanía nacional», sostuvo.