En una sesión celebrada hace unos días en el Consejo General de Economistas de España profundizamos en un tema tan candente y actual como es el de la necesidad de conseguir un entorno seguro como bien común para la sociedad; objetivo que, no podía ser de otra manera, lleva implícito un incremento de un gasto tan controvertido como es el de defensa.
A diferencia de décadas anteriores, donde esta cuestión era secundaria, tanto expertos en seguridad nacional como de los países aliados coinciden en que el aumento del presupuesto en defensa no es una opción estratégica, sino que es una obligación para garantizar la seguridad en un entorno internacional cada vez más inestable.
El actual contexto geopolítico, marcado por la guerra en Ucrania, los conflictos en Oriente Próximo, las crecientes tensiones con Rusia y la política exterior de Estados Unidos, junto con la presión internacional, ha puesto el foco sobre la necesidad de incrementar el gasto en defensa o en seguridad en nuestro país. Definir una estrategia clara y conseguir consenso para destinar el 2 % del PIB que se acordó en la Cumbre de Madrid del 2022 ya es una necesidad: España, con unas cifras de gasto militar del 1,28 % en el 2024 es el miembro más rezagado de la OTAN y es uno de los 8 países de los 32 que no alcanzan la cifra comprometida.
Desde el punto de vista estrictamente económico, elevar el gasto en defensa tendría un impacto positivo sobre otros sectores. La logística y la industria vinculada, que va mucho más allá que la armamentística, supone casi el 8 % del PIB español y sus productos son en gran parte de «doble uso» ( defensa y sector privado). Además, no hay que olvidar el alto grado de innovación tecnológica que acompaña al aumento de la seguridad nacional. La credibilidad y la imagen de un país se ve reforzada con una modernización militar y generando un efecto disuasorio ante amenazas externas .
Pero un incremento del gasto en defensa debe ir acompañado de una planificación estratégica que garantice la eficiencia económica, evitando duplicidad de partidas presupuestarias, optimizando recursos y reforzando la capacidad operativa. En este sentido, la transparencia y un control riguroso del gasto son elementos clave para asegurar que los fondos dotados contribuyen efectivamente a la seguridad nacional y al cumplimiento de los compromisos internacionales sin desvíos innecesarios ni sobrecostes.
En este sentido, hay que equilibrar compromisos internacionales con sostenibilidad fiscal impidiendo que se desvíen recursos de otros sectores claves como sanidad, educación e infraestructuras, por lo que la financiación para el incremento del gasto tiene que estar clara y que no suponga un aumento de la presión sobre las finanzas públicas.
Pero la necesidad de incremento del gasto en defensa tiene que ir de la mano con una labor pedagógica y de concienciación en el conjunto de la población, en el sentido de que hay que hacer entender que vivimos un momento en que nuestra prosperidad no está asegurada y que invertir en seguridad y en defensa es un medio para alcanzar la paz.