SÓLO una explosiva mezcla de vanidad, soberbia e impericia puede explicar que Carod Rovira haya decidido, por su cuenta y riesgo, mantener una entrevista con la dirección de ETA. En el momento en que la banda terrorista se encuentra, como consecuencia de la acción policial y la colaboración internacional, en una situación de extrema debilidad, y cuando el mismísimo Josu Jon Imaz, nuevo presidente del PNV, rechaza de plano cualquier negociación con ETA, la iniciativa de Carod constituye un error de tal calibre que resulta imposible entender qué perseguía. Hacerlo al margen del resto de las fuerzas democráticas y a espaldas del presidente de la Generalitat es, además, una deslealtad intolerable. La crisis abierta en el Gobierno de Cataluña -y en el PSOE- es de tal dimensión y produce efectos tan devastadores que Zapatero ha tenido que exigir públicamente al presidente de la Generalitat el cese inmediato de Carod Rovira, bajo la amenaza de romper las relaciones históricas con el PSC. La alambicada pero inteligente solución aportada por Maragall, intentando compaginar la continuidad del tripartito con la asunción de responsabilidades políticas, salva de momento los muebles y le permite ganar tiempo, pero en modo alguno conjura la crisis que planea tanto sobre el Gobierno de Cataluña como sobre el conjunto del Partido Socialista. Lo sucedido los últimos días ha despejado toda duda, si alguna quedaba, acerca de quién ganará las próximas elecciones generales. Pero si en esos comicios el PSOE cosecha una derrota menos que honrosa, el actual proyecto socialista y, por tanto, la dirección del partido no sobrevivirán al resultado del 14 de marzo. En tal caso, ni siquiera Manuel Chaves podrá evitar que dirigentes como Bono, Ibarra, Paco Vázquez... asuman la dirección del PSOE. Desde su privilegiada posición, los nuevos dirigentes abrirán un profundo proceso de revisión que no sólo afectará al PSOE sino que, tal como anunció el presidente extremeño, implicará al conjunto del sistema político español. Si tal cosa sucede, el resultado no será otro que la quiebra interna, que se extenderá al conjunto de la organización, y la plena subordinación del PSOE al proyecto hegemónico de la derecha española. Pero el caso Carod salpica también, ¡y de qué manera!, al Gobierno y al partido que lo sustenta. Si se confirma que el Gobierno utilizó la información secreta del CNI -un servicio del Estado- para fines partidistas y, lo que es peor, puso en peligro las fuentes de la lucha antiterrorista, subordinando la eficacia de ésta a sus intereses electorales, la situación es de extrema gravedad. Con las cautelas que se quiera, el presidente del Gobierno ha de dar cumplida y convincente explicación de todo lo sucedido en este desdichado asunto. Se trata de saber si tenemos un Gobierno democrático o, si, por el contrario, estamos ante un ejecutivo cuya deriva autoritaria lo conduce a patrimonializar las instituciones del Estado y a utilizarlas contra las fuerzas democráticas. El PSOE y ERC han cometido graves errores por los que seguramente pagarán un alto precio. Pero el Gobierno se ha metido en un jardín del que no podrá salir ni con frases ingeniosas ni con estupideces que ofenden la inteligencia de los ciudadanos. Créanme si les digo que la crisis no ha hecho más que empezar.