La «marea» se marea. El Ourense en Común se convierte en Ourense sin Común. La unidad de partidos se muda en desbandada. La monolítica unión frente a la casta se trueca en reino de taifas. La ilusión inicial da paso a una profunda decepción. Así están las cosas tras las primarias celebradas por Ourense en Común (partido que engloba, entre otros, a Podemos de Pablo Iglesias, Anova de Beiras, Izquierda Unida de Garzón y un amplio abanico de movimientos vecinales y sociales) y ganadas por Xosé Mosquera, de Compromiso por Galicia, un grupo de exmilitantes del BNG. Como las palabras (por muy bellas que sean) no pueden tapar los hechos, las elecciones de la nueva democracia ensayada al lado de As Burgas cristalizaron en una versión propia de la mente de Kafka o en un remedo del clásico pucherazo del siglo XIX. Aquí no se manipuló el resultado con anterioridad para cosechar un resultado concreto. Aquí el sistema elegido (participación de todos los ciudadanos del orbe mundial mayores de 16 años) abrió una zanja, superior a la de Moisés en el Mar Rojo, para que fuese utilizada por quienes más duchos estaban en las componendas de las contiendas electorales y por la que se colaron centenares de militantes de otros partidos, ¡incluido el Partido Popular! Ahora, en el segundo ejemplo de candidez, imprudencia o desconocimiento, Ourense en Común? ¡anula las elecciones! Como si una consulta democrática se pudiese confirmar o anular, según el resultado guste o disguste. La decisión deja entrever un totalitarismo preocupante pues si 83 personas finiquitan en una asamblea un procedimiento en el que participaron 1.586 votantes, ¡qué no harán si un día, ya en el poder, disienten de la decisión de 15.000, 150.000 o 15 millones de votantes! Una cosa es discrepar con el ganador por su historial o por su «habilidad» electoral, y otra muy distinta es anular un resultado decidido en urnas libres. Tras la desfeita, en Ourense en Común, que nacía para interpretar la política como algo próximo a la ciudadanía, empiezan las deserciones. Podemos anunciaba ayer su marcha del colectivo. No diré que las ratas son las primeras en abandonar el barco pero sí digo que quien avaló y bendijo el sistema que llevó a este fiasco no puede ahora irse de rositas para preservar sus siglas de cara a futuros comicios. Con la huida dan un ejemplo más de que a ellos les importa un pito los avatares de los de abajo, los ourensanos, pero sí un potosí el futuro político de uno de los de arriba, su jefe Pablo Iglesias. Las elecciones destaparon los métodos de Compromiso por Galicia pero no dejan en mejor lugar las prioridades de Podemos.
La frase. «El juez nos devolverá la militancia», dijo la edila díscola del PSOE, Mónica Vázquez, erigida en portavoz de la facción que le acarreó una crisis cainita al socialismo capitalino. Espera que un problema político interno del PSOE (admitir o no a una persona como militante), se lo resuelva la Justicia como si la función de esta fuese despachar carnés de partido. Dada la ósmosis que hay entre órganos judiciales y partidos, tampoco extrañaría que a los díscolos les tocase un juez pro PSOE y les devolviese la militancia aunque solo fuese para tocarle las narices a Besteiro y Sánchez.
Carta abierta a María Cristina Francisco
¡Cómo se las gastan en Melón, estimada alcaldesa! ¡Y cómo se las gasta la justicia! Resulta que la fiscalía (que me gusta repetir que somos todos) te pide cuatro años de cárcel, cuatro de inhabilitación y 23.700 euros de multa porque has firmado como realizados unos trabajos comunitarios fijados a un vecino en prisión tras un delito de tráfico. Según denuncia un edil de la oposición (al que, por cierto, se ve que le preocupa más el cumplimiento penitenciario de un convecino que el bienestar de los restantes 1.497), y confirman el fiscal y el juez que abre vista oral, los trabajos que certificaste no se hicieron. Es justo que tu vecino cumpla sus peonadas y tú la legalidad pero que ese incumplimiento genere tales peticiones de pena, me parece un exceso. Te pongo un ejemplo. Por contratar a dedo, pasándose por el forro todas las legalidades, a 104 personas para que hiciesen que trabajaban (esto no puede acreditarse en sentencias pero es vox populi) durante dos meses en la Diputación (lo que le significó al erario público 696.667 euros), a tu exjefe del PP le cayeron ocho años de inhabilitación. A ti, por justificar (en el supuesto de que así sea) once peonadas no realizadas por un presidiario, te piden cuatro años de cárcel y 23.700 euros. Un despropósito que me lleva a suscribir con el hasta ayer presidente uruguayo, Pepe Mujica: «Quiero saber la verdad, pero en la justicia no creo un carajo».