La rotura del dique autonómico esta semana hace que la ola de la transparencia viaje ya sin barreras de contención hacia los muelles provinciales y municipales. Con el anuncio por parte del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, de que su propia declaración de bienes y la de los conselleiros se hará pública en el Diario Oficial de Galicia, municipios y Diputaciones tendrán difícil disimular en los recovecos de procesos administrativos más o menos secretos cuánto ganan, cuánto tienen antes de empezar a desarrollar su tarea política y cuánto después.
Tras el primer paso dado en el Congreso y el Senado, las cosas se precipitan en el Parlamento gallego. Los socialistas ya han autorizado a la presidenta del parlamento, Pilar Rojo, a que abra y haga públicas las declaraciones de bienes que todos los diputados deben entregar al tomar posesión. De momento era una declaración secreta que simplemente se depositaba en la Cámara.
¿Y en los concellos? El mecanismo es similar, como ocurre a su vez en la Diputación, cuyos integrantes han de ser forzosamente antes elegidos concejales. Se sabe poco de cuánto tienen, porque resulta incluso farragoso conocer cuánto cobran. Votaciones sin debate y con la única lectura pública del punto a tratar. Esa fue la tónica general tras el 22-M en ayuntamientos y en la Diputación. En esta última, cada pleno provincial supone el desembolso de diez mil euros en concepto de asistencia al mismo de los diputados. Hay uno al mes.
La Diputación de Pontevedra está inmersa en un plan para la disminución de gastos motivado por la obligación a devolver a lo largo del año que viene 25 millones de euros que el Estado le transfirió de más en el 2009. Los diputados provinciales votaron el viernes a favor de asistir a los patronatos de diversos organismos autónomos sin cobrar por ello.
La situación financiera es delicada. Pero, ¿cuál es la situación de quienes la gestionan? Algunos ejercicios de transparencia individual han permitido conocer algunos detalles.
Telmo Martín, el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Pontevedra, es propietario de un grupo industrial, posee acciones en quince sociedades y acredita un patrimonio de 7,1 millones de euros, entre propiedades inmobiliarias, acciones y fondos de inversión.
Antón Louro tiene una casa familiar en Carnota y algunos terrenos, también legados en herencia. Tiene además su residencia habitual en en Pontevedra. Dispone, según ha declarado, de ahorros por valor de cien mil euros en diversas cuentas bancarias.
Al igual que sus compañeros de corporación, el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, ha declarado públicamente ser propietario de una vivivenda en Marcón, una propiedad compartida, todavía hipotecada por un valor de 180.000 euros. Como heredero es dueño además de una vivienda familiar en Sanxenxo, donde dispone además de un terreno de dos mil metros cuadrados. Son declaraciones individuales que se plasman aquí por atípicas, pero que permitirán a quienes las han hecho públicas jugar con ventaja.
El diputado socialista en Santiago José Manuel Lage Tuñas ha sido especialmente beligerante en este aspecto. Fue de los primeros en hacer público su patrimonio y ahora abandera parte del proceso hacia la transparencia en el Parlamento Gallego. ¿Tomarán el relevo a nivel local Louro, Lores o Martín?
La cercanía de las elecciones contamina cualquier debate político. Pero la ola de transparencia tendrá difícil contención. La pregunta es quién surfeará sobre ella ante la opinión pública mientras las aguas engullen a quienes se apresuran a levantar, en el ámbito local, el último dique.
No será una campaña de grandes actos. La austeridad lleva a los partidos políticos a replantearse modelos que pueden dar imagen de despilfarro. Pero los populares no quieren que Rajoy pase de largo por su ciudad natal. Sobre todo, después del talismán que supuso el macroencuentro de la plaza de toros en las últimas elecciones autonómicas. Se buscan fechas para que el líder del PP pueda desembarcar en la ciudad. El margen de maniobra local y provincial es cero, reconocen algunos dirigentes, que advierten que en Génova lo quieren tener todo atado.