Marcada por el crimen de María José Mateo, los fuegos de octubre y la explosión de Tui

Los ecos de la moción de censura llegan hasta Pontevedra, donde numerosos cargos están pendientes de las decisiones de Madrid relativos a su futuro. Es el caso de la subdelegada Ana Ortiz, quien espera conocer su cese a lo largo de los próximos días una vez el Consejo de Ministros designe al delegado de Gobierno.

Ortiz asumió la Subdelegación en febrero del pasado año tras la jubilación de Antonio Coello convirtiéndose, de este modo, en la primera mujer en ostentar esta plaza. En este tiempo, según reconoció ayer, que, «siendo conocedora de que teníamos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado buenos y que era una de las instituciones más valoradas por parte de la sociedad, me sorprendieron muy gratamente».

De igual modo, en estos dieciséis meses, le han marcado la oleada de incendios forestales del pasado octubre -«fueron demoledores, veinticuatro horas espantosas que viví en primera persona. Fueron momentos de los más complicados»-; el crimen de María José Mateo en Redondela a manos de su marido en Redondela «a los veinte días de llegar. Se vive de un forma diferente estando aquí a estando fuera»; y la reciente explosión de Tui que se cobró la vida de dos personas. «Ha sido una desgracia», apuntó al respecto.

Sobre las líneas de investigación en torno a este último suceso, Ana Ortiz reconoció que hay varias abiertas. En todo caso, insistió en que se trataba de «un almacén ilegal. No era un almacén de pirotecnia, no cumplía absolutamente con ninguno de los requisitos que son muy estrictos para evitar, precisamente, una catástrofe de estas características».

De hecho, se mostró convencida de que, si esta misma explosión se hubiera producido en una pirotecnia legalmente establecido, «no hubiera tenido esta magnitud». En todo caso, confirmó que se están intensificando las inspecciones en Pontevedra. Si en condiciones normales los técnicos de Industria de la Subdelegación realiza una inspección anual y la Guardia Civil una cada semestre, ahora «se han intensificado. Estamos haciendo un esfuerzo para verlas todas una vez más».

El pasado año, los técnicos de la Subdelegación realizaron diecisiete actuaciones en establecimientos de venta de artículos pirotécnicos, mientras que se inspeccionaron 128 espectáculos en los que se iban a lanzar fuegos de artificio. En cuanto a los talleres y pirotecnias, estos sumaron veintitrés actuaciones.

En su despedida, y al igual que su antecesor en el cargo, Ana Ortiz confesó que dejaba la Subdelegación de Pontevedra con la espina clava de no haberse esclarecido la desaparición de Sonia Iglesias. «Me hubiera gustado que lo hubiéramos resuelto por la familia, porque lo están pasando muy mal», señaló, al tiempo que recordó que «se ha reactivado». No obstante, lamentó que, tanto en el caso de la pontevedresa como en el resto de desaparecidos, no hubiera avances reseñables.

Balance

Aprovechando su despedida, Ortiz realizó un balance de los datos más destacados de los últimos meses. Uno de los aspectos que más llaman la atención es el hecho de que en una año se hubieran tramitado 2.457 autorizaciones de manifestación, una cifra que sitúa a Pontevedra por encima de la suma conjunta de las provincias de A Coruña, Lugo y Ourense.

Asimismo, se han interpuesto 10.669 sanciones, buena parte de las mismas vinculadas con la Ley de Seguridad Ciudadana, la popularmente conocida como ley mordaza, mientras que en el ámbito de la violencia machista en la provincia hay 957 casos activos en la actualidad. Aunque no existe ninguno catalogado como de riesgo extremo y un 0,5 % están tipificados como alto, el 10 % son medio y en el restante 51,7 % no se aprecia riesgo alguno.

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