La Fiscalía reprocha al Estado que apoye a Audasa en el caso de los peajes de Rande
PONTEVEDRA
El juez admite que se persone, pero estima que «se alinea» con la demandada
11 feb 2020 . Actualizado a las 21:29 h.El juicio contra Audasa por el cobro abusivo de peajes en la AP-9 durante el período de ampliación del puente de Rande, cuando se produjeron grandes retenciones, comenzó ayer en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra con la admisión de la personación del Ministerio de Transportes, representado en la causa por la Abogacía del Estado. La Fiscalía reprendió duramente al letrado del Estado aclarando que es obligación de este defender los intereses de los usuarios, representados ya por el ministerio público. Criticó también que solicitara personarse a escasos días de la fecha marcada para el juicio y que no defina si lo hace en calidad de demandante o de demandado. Argumentos similares esgrimieron los abogados de las asociaciones En-Colectivo y Adicae, así como los letrados de ocho afectados a título personal, que insinuaron que lo hace «en defensa de Audasa».
El magistrado, Manuel Marquina Álvarez, entiende que la Abogacía del Estado puede defender «intereses propios» en este procedimiento, distintos a los de los ciudadanos que están representados por la Fiscalía, y añadió que es «indudable» que el Estado «se alinea» en defensa de la parte demandada.
Sin embargo, el representante legal del Estado indicó que la demanda solicita la modificación de las bases de explotación de la AP-9, incluyendo un aspecto que hasta el momento no aparece recogido: que las alteraciones del tráfico afecten a la cuantía del peaje a abonar.
Este extremo fue negado al término de la sesión por los fiscales que llevan el procedimiento, Alejandro Tuero y Santiago de Miguel. La demanda de la Fiscalía no hace referencia a las condiciones de la explotación, ni al derecho de Audasa a cobrar o al importe del peaje. Lo que pretende es que se declare nula la práctica de cobrar íntegramente el peaje cuando hay una merma en la calidad del mismo o no se presta en condiciones satisfactorias, como ocurrió durante el período de obras.
El ministerio público, que en diciembre del 2018 presentó la demanda colectiva que ha dado lugar al inicio del procedimiento ordinario, insistió en que «la ejecución de unas obras entre los puntos kilométricos 145,180 y 151,080 afectó de forma relevante y constante al tráfico en la autopista, especialmente en el entorno del puente de Rande».
Adicionalmente, la Fiscalía recordó que durante el período en el que se llevó a cabo la ampliación de Rande, comprendido entre febrero del 2015 y junio de 2018, Audasa calculó que se produjeron unos 77 millones de desplazamientos y una recaudación cercana a los 90 millones de euros. La asociación En-Colectivo exigirá además de la devolución, los intereses generados.
Antecedentes
El procedimiento se inició después de que, en diciembre del 2018, la Fiscalía presentase una demanda colectiva que fue admitida a trámite días después.
Posteriormente, en septiembre del 2019, Autopistas del Atlántico se opuso a la demanda mediante un escrito en el que argumentó que la afección al tráfico durante la ejecución de los trabajos era «ineludible», y que hubiera sido «más fácil y menos costoso si las obras se hubieran ejecutado cerrando la autopista al tráfico».
No obstante, la concesionaria aseguró que cumplió todas las «obligaciones» que había asumido en esa actuación y defendió que la ejecución de una «obra de interés público» no se debe calificar como «práctica abusiva», y que tampoco se le puede responsabilizar de incumplir su contrato con los usuarios. Audasa también subrayó la existencia de una vía alternativa libre de peaje (mediante la utilización de la N-550 y la N-554), aunque los usuarios «optaron libremente y con conocimiento de la existencia de las obras» por circular por el puente de Rande.
Técnicos de la concesionaria y de la DGT niegan los atascos
La primera de las tres sesiones previstas en el juicio contra Audasa contó con la declaración de varios testigos propuestos por la concesionaria, técnicos de la DGT, de Audasa, de Carreteras del Estado y de la empresa que proyectó la obra. Todos ellos coincidieron en que «no hubo atascos» y que el tráfico fue «fluido». Se limitaron a reconocer como «normales» las retenciones en períodos de vacaciones o las «puntuales» producidas por accidentes.
El director del Centro de Gestión de Tráfico de la DGT en el Noroeste explicó que, a través de las cámaras instaladas en la autopista, cinco de ellas en las inmediaciones de Rande, se comprobó que el tráfico fue «mayoritariamente fluido» durante los tres años de obras.
Añadió que a lo largo de ese período, entre el 27 de febrero del 2015 y el mes de junio del 2018, no se registraron retenciones «destacables», y redujo a 80 los 202 incidentes relatados por la Fiscalía. Tan solo en uno de ellos activaron los paneles de información de la AP-9 al producirse una afección «importante» en el tráfico, algo que relacionó con el incendio en la conservera Fandicosta, ocurrido en Moaña en mayo del 2016.
El responsable de la Demarcación de Carreteras del Estado en Pontevedra desveló que las mediciones realizadas en Rande por la «repercusión mediática» de estos atascos concluyeron que había episodios de «tráfico lento», pero negó que se produjeran retenciones «generalizadas».
Ante el tribunal también ha declarado el director técnico de la empresa que proyectó las obras de Rande, que también negó que hubiera atascos de manera habitual y garantizó que la capacidad de la autopista «no se vio reducida» por los inconvenientes que crearon los trabajos.
Un responsable técnico de Audasa, por último, subrayó que las obras «no repercutieron significativamente en el tráfico», ya que siempre hubo dos carriles abiertos por sentido entre las seis de la mañana y las diez de la noche, aunque reconoció que la compañía «nunca informó a los usuarios» sobre las retenciones en las pantallas de información de la autopista por considerarlo innecesario.
