¿Son inverosímiles o no las cantidades que Hacienda imputa al rey de las orquestas?

Desde que comenzó el proceso judicial contra Ángel Martínez Pérez, Lito, la Fiscalía de Pontevedra, sustentándose en los datos aportados por Hacienda, ha mantenido que en la firma asentada en Caldas existió una suerte de doble contabilidad, de tal modo que «la contabilidad oficial no recoge la imagen fiel de la empresa». De este modo, su tesis es que si en el 2011 se declararon por el impuesto del IVA un total de 2.160.422 euros, los ingresos reales ascendieron a 26.096.785, mientras que en el 2012, si se declararon 1.997.967 euros, lo comprobado ascendió a 23.973.409. De este modo, el ministerio público viene sosteniendo que la cuota defraudada en el primero de estos ejercicios habría sido de 4.3 millones, mientras que en el segundo habría superado los cuatro millones de euros.

El abogado de la defensa, el coruñés Carlos Seoane, señaló este lunes, en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press, que el argumento de Hacienda «es absolutamente irreal». Así, si los peritos de la Agencia Tributaria sostuvieron en la Audiencia de Pontevedra que el otrora rey de las orquestas vendía un espectáculo en mano, por lo que le imputaban todos los ingresos de las 76 orquestas de su cartera, la defensa insistió, al igual que ha respondido durante estos años, que la sociedad era una intermediaria entre las orquestas y las comisiones de fiestas.

En todo caso, dejó claro que las cantidades contabilizadas por Hacienda «son unas cifras absolutamente inverosímiles».

En una línea similar se expresaron este lunes los peritos de la defensa. Explicaron que «las orquestas eran grupos de músicos que se juntaban para tocar, pero que no estaban organizados como empresas», por lo que no tenían CIF, ni estaban dados de alta fiscalmente, carecían de personalidad jurídica y, por lo tanto, no podían emitir ni recibir facturas.

Por su parte, eran las propias comisiones de fiestas, los concellos o, incluso, la Xunta de Galicia las que contrataban a estas agrupaciones, según añadieron, en un régimen laboral especial. Matizaron que era algo conforme a lo que exigía en aquel momento la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, así como incidieron en que no estaban sujetas a la imposición indirecta, al IVA.

Lo expuesto por los expertos de la defensa es que esta situación dio un giro de 180 grados en el 2015 a raíz de una campaña para que estaba dirigida a dar de alta de oficio a las orquestas para considerarlas como empresas pero este proceso, según mantuvieron, no tuvo efectos hasta el año siguiente, por lo que entienden que no puede aplicarse retroactivamente.

Carlos Seoane, según recoge Europa Press, sostuvo que «esta es una de las claves de este proceso». De este modo, recordó que su cliente «no tenía capacidad ni para influir en las decisiones que tomaba la Seguridad Social, ni los Ayuntamientos, ni la Agencia Tributaria, ni con las aseguradoras, ni con la SGAE, ni con los jueces de lo social, ni del ámbito civil que aplicaban esta normativa».

Registro de la nave de Caldas

Otro de los caballos de batalla de Lito es el relacionado con el registro que se llevó a cabo en la nave industrial de Caldas que servía de sede de la sociedad. Con el apoyo de una sentencia de un juzgado de lo Penal ratificada por la propia Audiencia de Pontevedra que lo declaró nulo, entiende que esta inspección fue desproporcionada y que se realizó sin controles, ni garantías.

Con la declaración este lunes de los peritos concluyo la fase probatoria de este juicio, por lo que el lunes las defensas y las acusaciones harán públicos sus conclusiones e informes definitivos. A este respecto, el fiscal del área de delitos económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, ya adelantó su intención de mantener su petición inicial: catorce años de cárcel, 21,6 millones en multas y el pago de una indemnización al Estado, conjuntamente con Representaciones Lito, de 9,5 millones de euros.

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