La sentencia de la Audiencia Nacional intensifica el debate del futuro de Ence
PONTEVEDRA
El Supremo tendrá la última palabra sobre el largo litigio judicial
19 jul 2021 . Actualizado a las 10:57 h.La anulación de la prórroga de la concesión de Costas que Ence disfrutaba desde el 2016 y que le permitió seguir en Lourizán más allá del 2018, fecha cuando se acabó el título original, cayó como un terremoto político y laboral en Pontevedra. El debate sobre el futuro de la pastera, se ha actualizado con la última sentencia e intensificado, tanto en los ámbitos políticos como en la calle. El alcance total de sus consecuencias son imprevisibles y será el Supremo quien tenga la última palabra.
¿Por qué necesita Ence de la prórroga de la concesión de Costas?
Todos los terrenos donde se asienta la factoría están en dominio público marítimo terrestre, es decir, su titularidad es estatal. La fábrica se instaló en Lourizán con una concesión otorgada en 1958. La entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988 limitó el tiempo de esa concesión al 2018. La prórroga era la única fórmula jurídica para poder continuar en su actual ubicación y le fue concedida por el Gobierno de Rajoy en el 2016 y por 60 años, que empezaron a computar a partir del 2013, que es cuando se pidió.
¿Por qué la anula la Audiencia Nacional?
En sus consideraciones, los magistrados inciden en que Ence está en una localización «singular» y enfatizaron la «exigencia de justificar la necesidad de ubicación de la factoría en el dominio público marítimo terrestre», porque solo se puede permitir la ocupación de esta franja litoral «para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación». Al entender la sala de lo Contencioso Administrativo que no se justificó esa condición, se anuló la prórroga.
¿En qué situación queda Ence entonces?
Técnicamente se ha quedado sin prórroga de la concesión, y como el título original acabó en el 2018, La Audiencia Nacional no ofrece un período alternativo a los 60 años de la prórroga, sino que sencillamente la anula en su totalidad. Dice: «Consideraciones, las expuestas, que conllevan la estimación de la pretensión de la actora [Concello de Pontevedra y Greenpeace], al resultar procedente denegar la prórroga de la concesión otorgada, lo que nos eximen de entrar en el examen de la duración de la prórroga de la citada concesión». Fuentes jurídicas consultadas interpretan este párrafo en el sentido de que difícilmente podría Ence disfrutar de otra prórroga más pequeña. La solución jurídica más viable es recurrir en casación.
¿Qué va a hacer la empresa a partir de ahora?
«Ence esgotará todas as vías xurídicas para defender a legalidade da prórroga da concesión da biofábrica de Pontevedra». La compañía sostiene que la autorización del 2016 fue «acorde a dereito» y defenderá su posición en un recurso en casación ante el Tribunal Supremo. En caso de que se presente ese recurso, los denunciantes volverán a pedir que se mantenga la anulación. Ence ha insistido reiteradas veces que si no puede seguir en su localización actual en Pontevedra, tendrá que echar el cierre en Galicia, en base a los estudios técnicos encargados sobre la inexistencia de otra ubicación adecuada, desde el punto de vista técnico y ambiental, para la factoría..
¿Cómo será el procedimiento en el Supremo?
Ence tiene treinta días contados desde la notificación de la sentencia de la Audiencia Nacional para interponer su recurso en casación ante el Supremo. Si el alto tribunal estatal acepta el recurso, se abrirá un procedimiento que fuentes jurídicas consultadas cree que podría tardar como dos años en resolverse.
¿Qué pasa mientras no falla el Supremo?
Mientras esté el procedimiento abierto en el Supremo, Ence podrá seguir operando en Pontevedra. Si la sentencia es favorable a la empresa, podrá seguir y si no lo es la hoja de ruta es incierta. Puede quedar la apelación a Europa, cerrar o intentar el traslado.