Los derrumbes en el viaducto de la autovía A-6 replantean el control sobre las grandes obras públicas y las auditorías exigibles
20 jun 2022 . Actualizado a las 16:26 h.El segundo derrumbe en el viaducto de O Castro, en la A-6, ocurrido nueve días después del primer colapso de parte del tablero, y un probable tercero y hasta otro cuarto potencial en otros vanos de la estructura, según admitió in situ la ministra Raquel Sánchez, es un hecho muy preocupante por sus consecuencias. Afortunadamente no han sido tremendas pues se saldaron sin un solo herido. Pero asusta imaginar qué habría podido ocurrir si los desprendimientos hubieran acontecido con el puente a pleno funcionamiento y en horario de mayor tráfico de camiones y vehículos.
Otra cuestión son los efectos económicos directos e indirectos que resultan tan evidentes como perniciosos. La gravedad de los defectos estructurales que se presuponen, nos aventuran que faltan meses, quizás años, hasta que se restaure o reconstruya ese viaducto. En próximos días, seguro que iremos conociendo cifras del impacto negativo que tiene en el tráfico de mercancías, especialmente para grandes empresas y para los llamados transportes especiales. Por otro lado, no imagino peor escenario para que los accesos a Galicia por el norte de la comunidad estén truncados cuando cada vez recibimos a más miles y miles de turistas.
No obstante, la ausencia de víctimas no solapa la duda más severa que inevitablemente se suscita: ¿cuál es la calidad y el adecuado mantenimiento de las obras públicas que mejoraron la conectividad en Galicia y los accesos con la Meseta? ¿Se han construido con las garantías técnicas, calidades de materiales y solvencia exigibles? Y una vez puestos en servicio, como este viaducto que llevaba 20 años en uso, ¿quién audita y cuánto dinero se invierte, en el mantenimiento de kilómetros y kilómetros de puentes, túneles y autovías? En suma, ¿son seguras?
El precedente de Génova
El 14 de agosto del 2018 es una fecha clave en cuanto a la necesaria mejora de los controles de seguridad de las grandes obras públicas. Aquel día se produjo el colapso del puente Morandi, llamado así por el ingeniero que lo diseñó y que vadeaba el arroyo de Polcevera, en Génova. Su caída, en medio de una tromba de agua por una tormenta que aceleró una erosión latente, causó 43 muertos y desató una ola de prevención en los países de la Unión Europea (UE).
En España y particularmente aquí en Galicia, Gobierno central y Xunta acordaron reforzar las inspecciones. A lo largo de estos cuatro años transcurridos desde la tragedia en Génova, se ha producido un desarrollo de lo que los técnicos llaman «ingeniería forense», que se especializa en la detección de posibles corrosiones de materiales, problemas estructurales, desplazamientos y deformaciones. Es lo que se estaba haciendo con el viaducto de O Castro, que ya estaba en reparación, lo que evidencia que las inspecciones periódicas habían detectado deficiencias. Aunque probablemente no imaginaron que serían tan graves.
Puente de A Barca
Fue precisamente a raíz del precedente italiano cuando la Xunta reforzó la contratación de auditorías de seguridad de pasos elevados existentes en Galicia (algo más de un millar). En algunos casos, se encargaron inspecciones específicas como la que se practicó, en Pontevedra, al puente de A Barca. Fue efectuada por la empresa Aplygenia, que utilizó drones para una observación más pormenorizada del estado de los arcos, pilastras y tablero del viaducto, sin alterar la circulación en el entorno, ni a través del propio puente ni en los viales que transcurren bajo el mismo.
Los resultados obtenidos fueron tranquilizadores con respecto al estado del puente y orientaron los trabajos de mantenimiento, que requirieron la inversión de 1,2 millones de euros. Fue la cantidad que la Consellería de Infraestruturas pagó a Civis Global por la última reforma que se ejecutó hace algo menos de cuatro años, que incluyó el cambio de la marquesina y la mejora del alumbrado, como dos de los elementos más novedosos.
La M4
Recientemente se ha planteado resucitar en nuestra ciudad la mesa de trabajo sobre infraestructuras que integraban Gobierno central, Xunta de Galicia, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Pontevedra, que se bautizó hace veinte años con las siglas M4. La pretensión es que sirva de foro para reactivar diversos proyectos ya en ejecución, aunque muy lentamente, como la eterna circunvalación de Pontevedra, o bien para coordinar actuaciones presentes y futuras como todo el nudo de viario que requiere el nuevo Gran Montecelo, o la variante de Alba pendiente. No se me ocurre mejor foro para normalizar el seguimiento de seguridad de las obras públicas que tenemos en esta capital.
Por cierto: el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, recientemente reclamó el rescate de la M4. Pero aprovechó para vincularla al desarrollo del PMUS, el plan de movilidad que utiliza como nuevo banderín de enganche de las reformas urbanas. Aunque parezca más un cajón de sastre al que se agarra el gobierno municipal para justificar cualquier decisión de tráfico. Ya sea volver a cambiar el sentido de circulación de las calles en el entorno del Gafos, como hizo el viernes, para maquillar las burradas devenidas del cierre de Reina Victoria. O bien para plantearse nuevas peatonalizaciones en la rúa Santiña, en Lérez, o en las calles perimetrales de la plaza de Barcelos.