La fiscala retira los cargos contra un acusado de narcotráfico: «No venga a darme lecciones de moralidad»

Alfredo López Penide
L. Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

MARTA REGUERA

Un segundo encausado asumió ante la Audiencia de Pontevedra que la droga intervenida era de su propiedad

16 jul 2024 . Actualizado a las 19:33 h.

El 19 de junio del 2020, la Guardia Civil interceptó el Citroën Xsara en el circulaban por la PO-552 incautándose de distintas cantidades de cannabis, heroína, cocaína y metadona. Este martes, los dos ocupantes del turismo se sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Pontevedra, una vista oral en la que el conductor del vehículo, Miguel Ángel P. R., se declaró culpable asumiendo que toda la droga intervenida en el coche era de su propiedad.

Al mismo tiempo, exoneró al segundo encausado, del que dijo que «no vende». Sostuvo que, en el momento de la actuación de la Guardia Civil, únicamente le estaba acompañando. En su comparecencia, asimismo, reconoció que en el momento de ocurrir los hechos era consumidor de sustancias estupefacientes, si bien en la actualidad está a tratamiento de deshabituación.

En cuanto al segundo acusado, este compareció por videoconferencia confirmando todo lo reseñado por Miguel Ángel. En su intervención, visiblemente airado, aseguró que estaría cometiendo un delito si reconocía los hechos que le imputaba la fiscala, a lo que esta, además de recordarle que podía acogerse a su derecho a no contestar sus preguntas, no dudó en responderle hasta en dos ocasiones: «No venga a darme lecciones de moralidad».

MARTA REGUERA

Instantes después era el presidente de la sección segunda de la Audiencia el que tenía que dirigirse a este acusado con un «acougue un pouco e escoite» cuando le informaba de que la fiscala había decido retirar los cargos contra su persona. Y es que, a la vista de la confesión de primero, la representante del ministerio público, además de tomar esta decisión, optó por rebajar su petición de penas con relación a Miguel Ángel P. R., para quien solicitó seis meses como autor de un delito contra la seguridad vial —en el momento de ser interceptado al volante del turismo, había perdido administrativamente la totalidad de los puntos del carné de conducir— y dos años y multa de dos mil euros por un delito contra la salud pública.

La defensa y el propio encausado se conformaron con estas penas, si bien instaron a que fueran suspendidas en base al tratamiento que está siguiendo.