El año 1993 comenzó con una polémica decisión del gobierno provincial: llegado el caso, podría enajenar su patrimonio, incluida su sede principal, sin necesidad de contar con la oposición
01 ene 2025 . Actualizado a las 17:20 h.Las Administraciones públicas atesoran un ingente patrimonio inmobiliario ¿Quién evita que se pueda vender? A caballo de 1992 y 1993 en la Diputación de Pontevedra se abrió ese debate a raíz de la decisión del gobierno provincial, entonces presidido por César Mera (PP), de implantar una normativa que facilitaba la posibilidad de vender el patrimonio del organismo provincial, en el que se incluían, entonces como ahora, importantes fincas y valiosos edificios, sin tener que pasar por el pleno. Bastaba con un acuerdo del gobierno.
«El Palacio Provincial se podrá vender sin que hable la oposición» se titulaba la crónica que publicó La Voz de Galicia el 3 de enero de 1993, en la que se detallaba que con dicha normativa el inmueble «podrá ser enajenado por decisión de la comisión de gobierno y sin contar para nada con los votos de la oposición». Para ello, se explicaba, bastaría con que la valoración del edificio, construido por los hermanos Sesmero a finales del siglo XIX, «no sobrepasase los 1.200 millones [de pesetas, serían 7,2 millones de euros], cantidad equivalente al diez por ciento de los recursos ordinarios de la Diputación que fija la indicada normativa como valor límite que podrá enajenar la comisión de gobierno».
En realidad, esa hipotética enajenación del patrimonio provincial era solo una parte de una normativa que lo que hacía era vaciar de contenidos los plenos provinciales para dejar en manos de la comisión de gobierno la totalidad de las decisiones de calado.
Así, se facultaba a la comisión de gobierno a enajenar patrimonio por valor de un 10 % de los recursos ordinarios de la institución, o a aprobar adquisiciones por la mitad de esa cifra, pero también aprobar, anular y fijar precios públicos, así como la aprobación de proyectos de obra, salvo en los casos en que implicasen declaración de urgente ocupación de bienes. También serían competencia del gobierno provincial los informes sobre reformas urbanísticas o constitución de mancomunidades municipales; y se quitaba al pleno el ejercicio de acciones administrativas y judiciales.
El presidente, César Mera, achacaba la decisión a una voluntad de «agilizar trámites», y sobre las dudas de la oposición al respecto de la posible enajenación de patrimonio, desde el gobierno provincial se respondía que la tendencia de la Diputación era comprar y no vender patrimonio.
Estas explicaciones para nada satisfacían a la oposición: Especialmente beligerante se mostraba el histórico diputado vigués del PSOE Antonio Nieto Figueroa, Leri, que en el pleno en el que se trataba el asunto recordó las operaciones de venta del otrora preciado patrimonio municipal de Vigo, como las Escuelas Chao y las Escuelas García Barbón, para señalar que, de no haberse restringido la normativa que lo permitió, «ni siquiera O Castro sería municipal». El diputado concluyó con una de sus hipérboles al prevenir de forma contundente sobre los peligros de poner la enajenación en las manos del equipo de gobierno afirmando que «estos señores lo van a vender todo menos el cabaré de Soutomaior».
Otro no menos histórico diputado, que a día de hoy sigue teniendo sitio en los plenos provinciales, el nacionalista César Mosquera, fue el que en el debate plenario dejó la frase que acabó en el titular de La Voz: «Non hai xustificación para unha medida deste tipo (...) e no futuro poderase vender o Pazo Provincial sen contar coa oposición».
Más que la preocupación sobre la posible venta de patrimonio, a la oposición lo que le preocupaba era el recorte de competencial del peno. «Declaración de guerra» o «tejerazo» fueron algunos de los calificativos, que según recoge la crónica de La Voz de Galicia, emplearon los grupos de la oposición para definir la propuesta del gobierno provincial. Y advirtieron su intención de emprender acciones legales en defensa del patrimonio de la Diputación, que creían amenazado.
Afortunadamente, no llegó a concretarse ninguna operación de venta, y sobre el resto de competencias que pasaron a la comisión de gobierno... hoy a nadie le extraña que buena parte de ellas no tengan que pasar por el pleno.